El PSOE rectifica y retira la enmienda que ascendía a Delgado y cambiaba sus relaciones con el Gobierno

La falta de apoyos parlamentarios ha obligado al PSOE a retirar la enmienda que introdujo el pasado mes de abril en una ley en trámite de reforma, la Concursal, y que pretendía cambiar las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, situando en la fiscal general la iniciativa para informar al Ejecutivo de turno de los temas que considere de "relevancia". 

La enmienda aseguraba además un puesto a Dolores Delgado en la máxima categoría de la carrera fiscal cuando sea cesada de su cargo, lo que levantó fuertes críticas de la oposición e incluso del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y de varios aliados parlamentarios.

Ambos cambios se propusieron en la enmienda número 603 a la reforma de la Ley Concursal, que lejos de tratar sobre las funciones Ministerio Público está dirigida a transponer la directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias. El intento del grupo parlamentario socialista fue también contestado por la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, que denunció el intento ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Este martes, aprovechando que se reunía la ponencia encargada de reformar la Ley Concursal, el PSOE ha comunicado que retiraba su controvertida enmienda, una vez constatado que no tenía apoyos para salir adelante. 

Así lo ha reconocido en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez. "Tras hablar con los grupos y vistas sus posiciones, hemos optado por retirarla. No tocaba", ha resumido, informa Europa Press, insistiendo en todo caso en que la enmienda no se presentó 'ad hoc' para beneficiar a Delgado, sino para dar reconocimiento al puesto de fiscal general.

Reacciones de los críticos

Por su parte, el diputado del PP Luis Santamaría ha señalado que considera que estas explicaciones no son suficientes y que muestran la debilidad del Gobierno". "Tienen pánico a no conseguir las mayorías suficientes para aprobar las leyes", y además "hay un consenso generalizado en todos los grupos de que Dolores delgado jamás debió ser fiscal general del Estado", añade.

Por parte de las asociaciones, la Profesional e Independiente de Fiscales, (APIF) muestra su acuerdo con la rectificación por parte del partido que sustenta al Gobierno. "Era una enmienda equivocada en el fondo y en la forma -señala a este diario su presidente, Salvador Viada-. La línea a seguir ha de ser consolidar al Ministerio Fiscal en el Poder Judicial, no en el Ejecutivo".

Máxima categoría en el Supremo

La enmienda permitía asegurar a la actual fiscal general, Dolores Delgado -y a quienes la sucedan en este puesto- una plaza en la máxima categoría de la carrera, la de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, en el momento de cesados. Actualmente, son 30 los fiscales con esta categoría y Delgado no está entre ellos, pues accedió a ser ministra de Justicia, y posteriormente fiscal general, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En el momento de presentación de esta enmienda, la ministra de Justicia, Pilar Llop, negó que pretendiera hacer "un traje a medida" para Delgado y sostuvo que la enmienda es una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

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Dejando a un lado las categorías de los exfiscales generales, la enmienda incluía otro punto de mayor calado, referido a las relaciones entre el máximo responsable del Ministerio Público y el Gobierno de turno. Así, se pretendía dotar al fiscal general de la iniciativa de informar al Gobierno sobre los asuntos que considere de importancia para el propio Ejecutivo.

Este cambio se hubiera realizado, vía enmienda, al modificar artículo 9.2 del Estatuto Fiscal para que quien ocupe el cargo de fiscal general informara por escrito -que sea de esta forma es también novedad- al Gobierno "por su propia iniciativa", no solo cuando éste lo solicite, que es como está redactada ahora la disposición.