El PP y Ciudadanos recurrirán al Tribunal Constitucional la nueva ley del catalán

La nueva ley que regulará el uso del catalán en las escuelas acabará en el Tribunal Constitucional. El PP y Ciudadanos han anunciado que recurrirán al TC que blinda el modelo educativo de inmersión lingüística pero flexibiliza la presencia del castellano en función de la realidad sociolingüística de cada zona. El Parlament aprobará el texto, pactado entre PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, cuando se pronuncie sobre él el Consell de Garanties Estatutàries tras la petición de dictamen por parte de Vox, Cs y PP.

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha confirmado este sábado que su partido presentará un recurso al Constitucional para que examine la nueva ley, algo que también avanzó el viernes que haría la presidenta de Cs, Inés Arrimadas. En paralelo a la tramitación de la norma, el Govern está negociando el decreto con el que busca esquivar la sentencia judicial que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en las escuelas de Catalunya. Ese decreto explicitará el veto a fijar porcentajes lingüísticos en la enseñanza y se aprobaría el próximo martes, 31 de mayo, justo el día que expira el plazo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para cumplir el 25%.

Solicitud de prórroga

Precisamente, la Generalitat ha recurrido ese ultimátum judicial alegando que prepara una normativa nueva y que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar "graves prejuicios".

En su escrito, el Govern pide al TSJC que suspenda el plazo de 15 días que le dio para cumplir la sentencia y reconozca que el Departament d'Educació está "llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales" en la enseñanza.

El Gabinet Jurídic de la Generalitat ha presentado este recurso, después de que se aplazara el pleno previsto para ayer en el Parlament para aprobar en lectura única la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

La petición del dictamen amenaza con desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem de aprobar la nueva ley -que prevé reafirmar el catalán como "lengua vehicular" en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de "uso curricular"- antes del plazo máximo fijado por el TSJC.