El catalán en las escuelas

Govern y 'comuns' enfilan el decreto que rechaza porcentajes lingüísticos en las aulas

  • ERC y En Comu Podem coinciden en la arquitectura del texto y se conjuran para rematarlo el lunes y que el Consell Executiu lo apruebe el martes, cuando vence el plazo del TSJC

El ’president’ Pere Aragonès y la líder de los ’comuns’, Jéssica Albiach, en el hemiciclo del Parlament, en una foto de archivo.

El ’president’ Pere Aragonès y la líder de los ’comuns’, Jéssica Albiach, en el hemiciclo del Parlament, en una foto de archivo. / ACN

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

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Xabi Barrena
Xabi Barrena

Periodista

Especialista en información sobre el Govern de Catalunya, de ERC y en el seguimiento de la actualidad del Parlament.

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El Govern y los 'comuns' ya están inmersos en la negociación para la futura convalidación del decreto que el Consell Executiu aprobará la próxima semana, previsiblemente el martes, al límite de la fecha impuesta por el TSJC para dar cumplimiento a su sentencia que fija el 25% de castellano en las aulas. Junto con la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria, consensuada por PSC, ERC, Junts y 'comuns' esta semana y que está pendiente de la resolución del Consell de Garanties Estatutàries, después de que Vox, Cs y PPC maniobraran para dilatar su aprobación, prevista inicialmente para este viernes. El 31 de mayo, el martes, finaliza el plazo dado por el tribunal para ejecutar su fallo, pero todo apunta a que si bien el decreto puede quedar aprobado ese mismo día para entrar en vigor, la nueva legislación deberá esperar, ya que el órgano que analiza la constitucionalidad y el ajuste al Estatut tiene un máximo de siete días hábiles para pronunciarse desde su registro, el pasado jueves.

La prioridad pasa ahora por cerrar el texto de un decreto que irá más allá de la textualidad de la ley porque explicitará el rechazo a los porcentajes en las aulas. Este decreto se planteó como una forma de amarrar a Junts a la negociación de la ley, porque según varias fuentes consultadas, los 'comuns' avisaron a ERC de que no facilitarían su aprobación sin atar previamente la respuesta parlamentaria. Más allá de los porcentajes, el decreto también erige a la Conselleria de Educació como la autoridad que dará el visto bueno a los proyectos lingüísticos de las escuelas, una forma de eximir a los directores de los centros y, por tanto, protegerlos de cualquier acción que pueda emprender la justicia.

Cuando la posconvergencia rompió públicamente la negociación el 12 de mayo, propuso un decreto ley como salida. Pero con la CUP fuera de cualquier negociación lingüística -su propuesta es la vehicularidad "única" del catalán- sólo En Comú Podem podía salvar la operación, teniendo en cuenta que el PSC nunca consideró votarlo sabedor de que Junts perseguía dejar por escrito el rechazo a las métricas de catalán y castellano en las aulas.

Los 'comuns' esquivaron negociar el decreto hasta que hubiera acuerdo en la ley, para evitar que Junts volviera a bajarse del bus

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El miércoles y el jueves -18 y 19 de mayo-, después de un ultimátum sin consecuencias, Junts vuelve a sentarse a la mesa con Esquerra para cerrar un pacto a cuatro bandas. Es entonces cuando los morados comunican a los republicanos que no negociarán su apoyo al decreto hasta que la ley esté pactada porque, de lo contrario, dejaría a la posconvergencia sin incentivos para pactar con ellos y podría comprometer, a la vez, el apoyo del PSC. Y cumplieron con lo dicho: el Consell Executiu que estaba contemplado para el viernes no se celebró, y el plan b, el domingo, tampoco.

Una vez amarrados los cuatro partidos, con el registro de una nueva ley, las fuerzas han iniciado las conversaciones con voluntad de entendimiento. Los porcentajes no serán un obstáculo, pero los 'comuns' quieren analizar el texto a fondo antes de dar su 'sí'.