El juez reprocha a la Diputación de Barcelona que no quiera investigar una malversación

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre reprocha en un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la actitud de la Diputación de Barcelona en la investigación abierta por el presunto desvío de fondos de esta institución provincial a través de subvenciones a diversas entidades, entre ellas alguna de la órbita soberanista. El togado recrimina que un funcionario de la Diputación detallara en unos "contundentes" informes importantes irregularidades y ahora propicie el archivo de la causa, bien directamente, o adhiriéndose a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. La petición de sobreseimiento de la mayoría de las piezas se realizó cuando el juez estaba de baja laboral. Esta investigación fue el origen del 'caso Voloh' sobre presunta financiación del 'procés'.

El magistrado sostiene que, “en un principio”, la actuación de la Diputación de Barcelona en estas diligencias judiciales correspondía a la actuación “normal” de una acusación popular, “colaboradora con el juzgado y coadyuvando el ejercicio de la acción penal” con la acción del mismo juez, “aunque no del ministerio fiscal”. Sin embargo, precisa, esa “acción coadyuvante” se troncó en “una cascada de peticiones de sobreseimiento” por las dos únicas partes personadas en el proceso judicial, el fiscal y dicha institución, de tal manera, que el juzgado se vio obligado a acordar el archivo ante la falta de acusación.

Indicios "clamorosos"

Sin embargo, el togado apunta otra posibilidad, que es que él continúe con la instrucción de la causa y llegue hasta el dictado de procedimiento abreviado (finalización de las mimas), aunque “ello suponga un trabajo que pueda devenir inútil por la posterior falta de acusación” para ir a juicio. A su entender, los “incidíos de criminalidad” son “tan clamorosos” que, “en conciencia” no puede hacer otra cosa que continuar con la única pieza que continúa abierta, la de Catmón.

También anuncia que valorará si reabre las piezas archivada una vez que la Guardia Civil presente sus pesquisas sobre el patrimonio del actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat y exdirector de relaciones internacionales de la Diputación, Jordi Castells. En su opinión los “indicios de cohecho” parecen consistentes, de tal manera que la presunta malversación de fondos no habría sido solo a favor de terceros, sino también habría “generado un lucro propia” para algunas personas o cargos de la institución.

Ante esta situación, este miércoles ha comparecido en el juzgado, por orden de Aguirre, la secretaria general del la Diputación de Barcelona, a la que se ha requerido que detalle el procedimiento de aprobación de las subvenciones y contratos menores concedidos por el departamento de Castells y quien participó en ello, así como que certifique los viajes del que era responsable de la oficina de cooperación al desarrollo, Josep Maria Alay, actualmente jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont.

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