Felipe VI sopesa si renuncia a la inviolabilidad en los actos privados

El daño a la monarquía por el escándalo de Iñaki Urdangarinllevó a Juan Carlos I a abdicar en 2014 en su hijo, Felipe VI. Ese deterioro continuó con numerosas informaciones sobre la fortuna desconocida del emérito y el Rey reaccionó, en marzo de 2020, haciendo saber que renunciará a la herencia de su padre que le pueda tocar y retirándole la asignación de dinero público que recibía como exjefe de Estado. Ahora, con la decisión de la fiscalía de cerrar las investigaciones sobre Juan Carlos I, porque algunos delitos han prescrito o porque se le ha considerado inviolable en sus actos privados, el foco vuelve a ponerse sobre el Monarca y su determinación para modernizar y recuperar la imagen de la institución. Felipe VI, según fuentes conocedoras del debate en el seno de la institución, debe decidir si quiere dejar de ser inviolable en los delitos que pudiera cometer fuera del ejercicio de su función como jefe de Estado.

Esa decisión enviaría un mensaje rotundo y marcaría un antes y un después en el reinado de Felipe VI al renunciar a una prerrogativa que tiene su origen en el medievo, cuando las monarquías nacían del mandato divino y el rey (se suponía) no puede pecar (rex non potest peccare). Ahora ha quedado acreditado que Juan Carlos I ha cometido irregularidades y que algunas de ellas no se han podido perseguir por esa inmunidad integral de la que disfrutó mientras fue jefe de Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en más de una ocasión que considera ese blindaje legal total "producto de otra época" y es partidario de que se aplique solo al ejercicio de su cargo de jefe de Estado. Estos días, el Ejecutivo no quiere presionar al Monarca, pero la opinión del jefe del Ejecutivo ha sido clara en público.

La reforma de la ley orgánica del poder judicial podría "aclarar" la interpretación sobre la inmunidad total del jefe del Estado

Este privilegio del que se ha beneficiado el emérito está recogido en la Carta Magna, en su artículo 56.3: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Sin embargo, no hay unanimidad entre los juristas sobre si esa frase alcanza de manera integral a cualquier acto del Monarca y, según ha podido saber este diario, el Gobierno cuenta con informes que señalan que se podría "acotar" la interpretación de ese artículo modificando la ley orgánica del poder judicial. Esa norma, que recoge los aforamientos de los miembros del Gobierno, diputados, jueces y fiscales, entre otros, puede ser reformada, según el Ejecutivo, para aclarar el artículo 56.3 y concretar que el Rey dejará de ser inviolable y estará sujeto a responsabilidad penal en sus actos privados.

Esa norma se retocó en julio de 2014 para dar aforamiento a partir de la abdicación a los eméritos, la reina Letizia y la Princesa de Asturias y que cualquier causa a la que tengan que hacer frente se dirima en el Supremo y no en los tribunales ordinarios.

Una reforma agravada

La vía constitucional sería inviable en estos momentos de crisis económica e inestabilidad internacional, admite el Gobierno. Retocar el título II de la Carta Magna, el referente a la Corona, requiere aplicar el procedimiento agravado de reforma, que incluye disolver las Cortes, convocar elecciones y un referéndum. Por ahora, el Ejecutivo, en público, sigue refiriéndose a esa fórmula como la necesaria para eliminar esa prerrogativa (que disfrutan la mayoría de los monarcas europeos), porque está a la espera de conocer qué quiere hacer Felipe VI para superar el daño que Juan Carlos I ha infligido a la institución.

La renuncia a ese privilegio sería el mensaje más contundente del actual Monarca tras los escándalos de Juan Carlos I

La propuesta de reformar la ley orgánica permitiría una solución rápida. "Solo necesitamos saber hasta dónde quiere llegar el Rey", declaran a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras de las conversaciones entre el Gobierno y la Zarzuela. Estas dos instituciones tienen "escritas" desde la primavera pasada un conjunto de medidas para mejorar la transparencia y la fiscalización de la jefatura del Estado, con el objetivo de modernizar y recuperar la imagen de la monarquía.

Calvo y Alfonsín

Pero, un año después de acordar esa suerte de catálogo de iniciativas, ninguna de las dos instituciones las ha impulsado y este diario ha constatado que ambas partes se achacan mutuamente la responsabilidad de tener que dar el primer paso. La Moncloa asegura que cualquier decisión se hará "de la mano del Rey". Y la Zarzuela subraya que son "el Gobierno y el resto de grupos" los que deben activar la operación. El trabajo con el PP está avanzado, ya que el contenido de las conversaciones, encabezadas en su momento por la ya exvicepresidenta Carmen Calvo y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, se habló con una persona designada por Pablo Casado. Ahora es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de ese dosier.

El Ejecutivo asegura que cualquier decisión para actualizar la institución se pactará con el Monarca

Entre las medidas que están sobre la mesa, además del tema de la inviolabilidad, se incluyen las que obligarían a los Reyes a publicar su patrimonio, la transparencia de los gastos (ministerio por ministerio) y la fiscalización de la institución a través del Tribunal de Cuentas. En el Gobierno se considera que la que afecta a la inviolabilidad es la que daría más "credibilidad" a la nueva etapa que podría abrir Felipe VI.

Sánchez se ha manifestado más de una vez a favor de limitar el blindaje legal al Rey. “Creo que no es necesario que se reconozca esa condición [de inviolabilidad] al jefe del Estado. Es producto de otra época legítima de nuestra democracia, pero no de una etapa democrática consolidada con más de 40 años de historia que mira hacia adelante”, afirmó el presidente el 18 de octubre.

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