La fiscalía acredita irregularidades del rey Juan Carlos pese a exonerarle

Cinco meses después de anunciarse que las diligencias fiscales abiertas al rey emérito iban a ser archivadas, el ministerio público, ya con el PP calmado y con la guerra de Ucrania dando muestras de que se prolongará en el tiempo, hizo públicos este jueves los dos decretos con los que ha puesto fin a las investigaciones realizadas a Juan Carlos I por el cobro de 65 millones de euros por la construcción del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas y el fondo en el paraíso fiscal de Jersey.

El archivo de las pesquisas que capitanearon Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo hasta su fallecimiento el pasado diciembre, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha resultado obligado por "la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del jefe del Estado y las regularizaciones", destaca la Fiscalía General del Estado en una nota, en la que explica los dos decretos de archivo dictados: uno por las diligencias de investigación iniciadas por las presuntas comisiones del AVE a La Meca, en las que se acumularon los pagos con tarjetas opacas y los fondos de las fundaciones Lucum y Zagatka, y otro por las relativas al fondo descubierto en el paraíso fiscal de Jersey.

Cohecho u blanqueo

La fiscalía explica en el primer decreto que "no ha podido establecer" que los 64,8 millones de euros que el rey de Arabia entregó al emérito a través de la fundación Lucum en Suiza tenga "vinculación alguna" con "la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alto velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación alguna con una comisión". Añade que se "trataría de un regalo" que recibió como jefe del Estado, lo que añade que podría ser constitutivo de un delito de cohecho, pero que "estaría claramente prescrito".

Explica que se ha analizado también si pudo ser constitutivo de un delito de blanqueo, al haberse recibido ese dinero a través de Lucum, como se oyó contar a la que fue amante del monarca, Corinna Larsen, al excomisario José Manuel Villarejo durante una entrevista en 2015. La fiscalía señala que cualquier conducta en ese sentido acabó en 2012, por lo que estaría protegida por la inviolabilidad que le confería ser jefe del Estado hasta su abdicación en 2014.

Pagar de más

En cuanto a los gastos realizados por sus familiares próximos con una tarjeta a nombre de quien fue su ayudante de campo Nicolás Murga que el empresario anglomexicano Allen Sanginés-Krause alimentó con 270.000 euros en seis transferencias y otras dos de 149.910 euros de la mexicana Pretorian Prevention, la fiscalía señala que serían "donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones", lo que explica que la primera regularización fiscal del emérito. Ascendió a 678.393 euros (559.361 euros más recargos e intereses de demora), y la fiscalía, como garante de la legalidad, destaca que, como administrativamente habría prescrito la responsabilidad fiscal relativa a 19.696 euros, el emérito aún ingresó 16.748 euros de más a Hacienda.

La segunda regularización, por casi 4,4 millones (3.544.906 más 871.851 correspondientes a intereses de demora y recargos), ha servido para neutralizar cualquier delito que se pudiera haber producido con los vuelos y servicios que le sufragó la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. La fiscalía afirma que "no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la fundación ni los gastos y pagos efectuados en su totalidad", aunque sí que entre 2014 y 2018 abonó cuantiosos gastos "por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados".

Tales servicios "han sido incluidos como renta sometida a gravamen en las declaraciones complementarias", salvo una compra de tres armas de fuego que aparece en la cuenta de Zagatka en 2018 por un total de 101.636 euros. Para la fiscalía lo único no regularizado es, por tanto, una donación sujeta al correspondiente impuesto por parte de Álvaro de Orleans a su primo, pero supone una cuota tributaria de 30.411 euros, inferior a los 120.000 euros necesarios para que haya delito.

Una vez comprobado que con las regularizaciones, por las que se han recuperado para las arcas públicas 5.095.148 euros, son veraces y suficientes, la fiscalía pasó a determinar si cumplían el requisito de espontaneidad. Su conclusión es que sí, porque "los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias los días 2 y 3 de febrero del año pasado" se desconocían por la fiscalía entonces, ya que desconocía que se habían incumplido obligaciones tributarias.

Casi 15 millones de euros

El segundo decreto de archivo es el relativo al fondo descubierto en el paraíso fiscal de Jersey. La fiscalía concluye el Trust JRM 2004 se creó por Joaquín Romero Maura con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros procedentes de los trusts Tartessos y Hereu, constituidos por su amigo el empresario Manuel de Prado y Colón de Carvajal, ya fallecido, para hacer frente a un golpe de Estado o situación similar.

"Entre 2004 y 2021 -afirma la fiscalía- no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos". Añade que "en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust", porque "la previsión de designación en 2009" como "Tercer beneficiario no llegó nunca a concretarse". Tampoco consta que "haya percibido cantidad alguna de sus cuentas" y desde que abdicó, las disposiciones "han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública".

El abogado del emérito, Javier Sánchez Junco, se remite a la próxima semana para hacer "las valoraciones que correspondan" sobre los decretos, así como de "las decisiones que pueda tomar don Juan Carlos". De momento se queda con que "en ninguno de los casos (...) existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable" a su cliente o "conducta que sea susceptible de reproche penal".