El Gobierno no impulsará una reforma de la inviolabilidad del Rey: no hay "mayorías"

El Gobierno no empujará para un cambio en la Constitución que revise la inviolabilidad de la que disfruta el Rey. Considera que no hay posibilidades de armar la mayoría cualificada necesaria y no abrirá ese melón.

La titular de Justicia, Pilar Llop, fue taxativa este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La figura de la inviolabilidad del jefe del Estado está contemplada en la Constitución y hoy por hoy "no se dan las mayorías suficientes" para abordar una posible reforma, alegó. "El Gobierno está formado por personas que cumplimos con la Constitución y pedimos que, quien no cumpla con la Constitución, que la cumpla, y respetamos la independencia del sistema judicial", alegó.

El debate se ha reabierto en los últimos días, desde que la Fiscalía archivara las diligencias que tenía abiertas contra el rey Juan Carlos I desde 2020. Las cerró bien porque los hechos investigados estaban prescritos o porque habían sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad que la Carta Magna, en su artículo 56, confiere al jefe del Estado. En anteriores momentos se suscitó este debate, el acotar el blindaje total de que goza el Rey a sus actos oficiales, no a su vida privada, pero nunca ha cuajado. La Constitución, en su artículo 168, salvaguarda especialmente todo lo concerniente a la Corona.

El Gobierno no ha podido tramitar la reforma del artículo 49 de la Carta Magna porque el PP se ha opuesto hasta ahora a todo cambio

Tocar el Título II, de hecho, requiere la aprobación de la propuesta de reforma por dos tercios de Congreso y de Senado y la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras deben ratificar esa decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que ha de ser aprobado por mayoría de dos tercios de Congreso y de Senado, y después se impone un referéndum para su ratificación. Se trataría de una reforma agravada de la Carta Magna, que obligaría al consenso de PSOE y PP y de más fuerzas, necesariamente. El Gabinete de Pedro Sánchez se ha visto obligado a renunciar, al menos hasta ahora, a revisar el texto de 1978 en su artículo 49, para sustituir la palabra "disminuidos" por la expresión "personas con discapacidad", precisamente por la oposición de los populares. Y eso que cambiar ese precepto sería más simple, ya que no se precisa más que una mayoría de tres quintos en las dos Cámaras y no es necesario un plebiscito.

"Sentido de Estado"

Y aunque Unidas Podemos haya apuntado que el archivo de las pesquisas sobre el monarca emérito demuestra que la Justicia "no es igual para todos", la posición oficial del Gobierno es otra. El Ejecutivo, dijo Llop, "respeta absolutamente las investigaciones y opiniones de la Fiscalía General del Estado que han sido vertidas en su informe y en cualquier investigación que realice dentro de su propia autonomía e independencia".

El Ejecutivo "respeta absolutamente las investigaciones y opiniones de la Fiscalía en su informe" que cierra las pesquisas sobre el rey emérito

A Llop también se le preguntó por la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, más de tres años parada. La ministra admitió que el cambio de liderazgo en el PP abre "un nuevo escenario". El próximo líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, dijo, ha hablado de "sentido de Estado". Él mismo reconocía el jueves que estaba dispuesto a llegar a acuerdos con el Ejecutivo que fueran "europeístas".

"Espero que lo demuestre en una primera acción, que es renovar el CGPJ, una cuestión de Estado que afecta a la imagen y prestigio institucional e internacional y que afecta al Estado de derecho y a la democracia", le indicó Llop. La titular de Justicia le puso un segundo deber, "un segundo gesto importante, que es poner el cordón democrático a la extrema derecha", a Vox. El jefe de la Xunta aseguró no compartir el "discurso" de la formación de Santiago Abascal, pero no descartó tener que llegar a algún pacto con ella.