La Fiscalía pedirá informes a la Agencia Tributaria y a la Intervención del Estado sobre el contrato del hermano de Ayuso

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitará información a las unidades de apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la documentación aportada por la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como informes a la adscrita Unidad de Policía Judicial sobre las relaciones de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, con Priviet Sportive SL, la empresa adjudicataria del contrato de compra a la empresa de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros, en marzo de 2020. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, su hermano Tomás cobró 58.850 euros por obtener el material en China que vendió la empresa citada.

En el decreto firmado ayer, Luzón señala que las denuncias de los tres grupos parlamentarios (PSOE, Mas Madrid y Unidas Podemos) sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios “no terminan de formular imputaciones”. Pero “no obstante esa falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”.

Consultado Alejandro Luzón sobre la tramitación del decreto y la posición de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a quien las asociaciones fiscales han solicitado la abstención en el caso por su condición de exministra de Justicia, el fiscal jefe Anticorrupción explicó a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: “Abstenida ya está. Es el funcionamiento normal de la fiscalía. Llegan las denuncias y decido lo que se hace. Y lógicamente lo comunico a la fiscal general del Estado”.

Con todo, según fuentes consultadas, habida cuenta de su calidad de exministra de Justicia y del hecho de que uno los tres denunciantes son partidos políticos, entre ellos la formación, el PSOE, de la que la actual fiscal general del Estado fue diputada y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, la dación de cuenta debería dirigirse a su sustituta, número dos de la FGE, la actual teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde.

En los decretos en los que se abren diligencias de investigación, según fuentes fiscales, se nombra al fiscal encargado de las mismas. Pero en el que ha emitido ayer Luzón, es él personalmente quien asume la dirección. “La incoación de las correspondientes diligencias… serán asumidas por esta jefatura”.

Según esas fuentes, esas diligencias consistirán en la solicitud de informes, a las unidades de apoyo de la AEAT, IGAE y Unidad de Policía Judicial adscritas a la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes judiciales señalan que hay nuevas denuncias, en este caso de familiares de personas fallecidas por covid-19 en residencias de Madrid, que también se están enviando a la Fiscalía Anticorrupción.

¿Tienen expectativas Pablo Casado y Teodoro García Egea dentro de su estrategia de ganar tiempo -con la convocatoria de la Junta Directiva Nacional y aplazar un congreso extraordinario- en lograr por la vía de la Fiscalía Anticorrupción lo que no consiguieron hasta ahora en su objetivo de acabar con Díaz Ayuso? Si las tienen, revelarían, según las fuentes consultadas en medios fiscales y judiciales, su completa orfandad en esta operación.

“¿Qué magistrado, jurista o abogado asesora a Casado en este asunto? Es que todo es una chapuza. Ahora piensan en una imputación de Díaz Ayuso como último recurso. Vamos, no saben de lo que hablan”, añade.

Además, quién ha firmado el contrato en cuestión es la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León Municio.

Las posibles imputaciones, en todo caso, serían el resultado de una profundización en los hechos investigado. Por el momento se trata de diligencias abiertas que “no se dirigen contra personas físicas o jurídicas que buscan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos”.

En su decreto, Luzón señala que “las hipótesis (de los denunciantes) se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Supremo”.

Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, “la responsabilidad penal del Presidente de Gobierno, Vicepresidentes y de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Pero aclara que la responsabilidad penal de “los vicepresidentes y consejeros para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

¿Qué recorrido pueden tener estas diligencias de investigación?

Díaz Ayuso hizo volar el barril de pólvora que Casado y García Egea venían manipulando desde septiembre. Ese barril contenía datos sobre “alguna” participación de Tomás Díaz Ayuso en el contrato de las mascarillas. Y, también, la intención de investigar mediante detectives para ver qué más se podía obtener.

La idea de que el que da primero da dos veces le resultó rentable a Díaz Ayuso. El tema del contrato pasó a segundo término. Espiarla y chantajearla copó toda la atención. Aunque fue ella quien se vio obligada a confirmar el cobro de 58.850 euros por parte de su hermano, a lo que se han unido informaciones sobre otros contratos.

“Salvo que salgan cosas nuevas, las denuncias tienen poco recorrido con la información ya disponible”, señala otra fuente fiscal consultada. “Por esa razón, como ya hizo al reventar la operación, Díaz Ayuso se ha adelantado al anunciar que enviará a la Fiscalía Anticorrupción la documentación”, añade.

Porque no hay nada en esa documentación.

“En un tráfico de influencias tienes que acreditar la participación de la presidenta o su influencia para la adjudicación del contrato porque uno no es responsable de los parientes que tienes. Si no puedes demostrar que ella estaba al corriente o que ha influido de alguna manera, será muy difícil porque no hay rastro de nada. Huele fatal, pero desde el punto de vista penal el tufo no cuenta. Esto no es el caso Juan Guerra, aquí no le han puesto un despacho a Tomás Díaz Ayuso”, añade.

En realidad, toda la estrategia de Casado ha consistido en lo que los anglosajones llaman una 'fishing expedition'. Una expedición de pesca a partir de algunos datos obtenidos después que los medios de comunicación y en la Asamblea de Madrid saliera, en noviembre de 2021, el asunto del hermano de la presidenta.

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