Un año después de las elecciones
La CUP aprieta a Aragonès para que cumpla un pacto quebrado
Los anticapitalistas dan por amortizado el plazo dado a la mesa de diálogo y exigen poner fecha a un nuevo referéndum antes de 2025
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV3, Catalunya Ràdio y RAC1.
La CUP vuelve al córner un año después de las elecciones, exhibiendo un alejamiento del Govern y autoexcluyéndose como socio. Y lo hace recuperando el eslogan de campaña: un referéndum antes de 2025. Doce meses atrás, los anticapitalistas partieron de las urnas como socio preferente de Pere Aragonès y lo auparon hasta la Presidencia con un acuerdo que se quebró tras el veto cupero a los presupuestos.
El punto de inflexión fue el escaso nivel de cumplimiento del trato, a ojos de la CUP, siete meses después, aunque para Esquerra la aprobación de las cifras era imprescindible para cumplir su parte. De fondo, el motivo del descuelgue 'cupaire' no era otro que la constatación de que, de avalarlos, se convertían en la muleta de un Govern inclinado hacia la ampliación del aeropuerto de Barcelona – El Prat, la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno y el proyecto del Hard Rock Café, tres “macroproyectos” clave que su militancia no estaba dispuesta a digerir.
Un capítulo aparte merece la mesa de diálogo. Y es que la CUP es muy consciente de que la desmovilización independentista y la falta de un plan b, les agrade o no, da más protagonismo al deshielo entre gobiernos como la única opción a corto plazo. De ahí que después de que el cupero Pau Juvillà quedara suspendido por el acatamiento de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a la Junta Electoral Central (JEC) hayan recuperado el referéndum como objetivo con el que volver a agitar las calles. "Sin la movilización en las calles, nada funciona. No hay opciones", subraya un dirigente. Siendo precisamente la movilización, lo único que conjuró a las tres almas del independentismo institucional y a las dos entidades soberanistas el convulso otoño del 2017. "Ni soluciones mágicas, ni mesas de monólogo", repetían esta semana las primeras espadas de la CUP para reivindicar la consulta como horizonte compartido.
El movimiento antidesahucios
La falta de pulso en las calles por el 'procés' contrasta con una mayor movilización antidesahucios en la que participa buena parte de la militancia cupera. La CUP presiona para que se desbloquee el protocolo de actuación policial, encallado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Este bloqueo se añade a la presión para que emerja una nueva ley de vivienda que permita ofrecer alternativas a los lanzamientos judiciales y a la revisión de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Hay sintonía con Interior, pero la CUP afea que haya pocos avances en la materia, encarrilada desde la comisión parlamentaria.
“Nosotros cumplimos nuestra parte, investimos a Aragonès, pero él no está haciendo lo que prometió”, resumen voces de la CUP, con pocas esperanzas de que la relación se enderece, pero con el afán de presionar para que se cumpla el pacto que, en buena parte, acabó dentro de los presupuestos firmados con los 'comuns'. Los cuperos rehúsan que se les tache de socios del Govern, algo que no sienta bien en Palau, pero, ahora que En Comú Podem también libra un pulso con el 'president' por el rechazo de ERC a la reforma laboral, ven una brecha en la que volver a ser decisivos.
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