Los macroproyectos torpedean el acuerdo entre el Govern y la CUP para los presupuestos catalanes

La negociación entre el Govern y la CUP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para el 2022 se enturbia. Los anticapitalistas elevan el tono contra el Ejecutivo en busca de cesiones que no llegan y se sacuden las prisas del calendario fijado con el 9 de noviembre como fecha para aprobar las cuentas en el Consell Executiu.

Hace semanas que ERC interviene ya en las conversaciones. Antes que el propio 'president' Pere Aragonès --y el 'vicepresident' Jordi Puigneró--, fue la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, la que hizo tándem con el titular de Economia, Jaume Giró, en la mesa. Una negociación que, ya a ‘apriori’, los republicanos entendían “muy difícil”, pero sin dejar de ser “optimistas”, por cuanto, creen, que para la CUP es más fácil entenderse con los republicanos que, directamente, con los posconvergentes. En palabras de uno de los ‘jefes’ de ERC, “la alternativa a nosotros es la ‘sociovergència’ de toda la vida”.

La CUP juega en este doble sentido. De un lado, el presupuesto en concreto, las cifras, que negocian con Giró, y, de otro, el pacto político que quieren extraer de la cesión de sus votos para marcar el rumbo de la legislatura que discuten directamente con la cúpula del Govern. En lo primero, observan con lupa que incluyan las partidas acordadas para la investidura, entre ellas, el 25% del presupuesto sanitario para la atención primaria o los 1.000 millones de euros en políticas de vivienda. Lo que hay sobre la mesa son los números precisos para hacer realidad lo que se pactó con los anticapitalistas en la investidura de Aragonès: “Queremos que el proyecto de cuentas sea un reflejo de ese acuerdo”, apuntala una voz republicana, un extremo en el que hay sintonía con matices.

La dirección de la CUP convoca a su militancia para debatir sobre las cuentas exhibiendo su escepticismo

Y es que, en lo segundo, entra el enfoque político del mandato, donde se exhiben las diferencias y se encalla la negociación. Eso es, que se siga invirtiendo en macroproyectos –como el Circuït de Catalunya, el Hard Rock o los Juegos Olímpicos de Invierno-, y que se reserven fondos para ello. En este terreno de juego no se ponen de acuerdo, pero desde Esquerra recuerdan que esto quedó fuera del acuerdo y que lo que se discute ahora es un pacto presupuestario, no un pacto de gobierno. Curiosamente, ninguna de las dos operaciones es santo de la devoción republicana, pero sí lo es el compromiso de “respetar” lo que el ‘territorio’ desea para su futuro, algo que reivindicaba la CUP, pero que ahora teme que sirva como pretexto para invertir en ello antes de una consulta.

La letra pequeña

La formación anticapitalista está muy focalizada en sellar la letra pequeña de la ley de acompañamiento, donde aspiran recoger planteamientos como la energética pública, y en un pacto político que aborde la hoja de ruta independentista y la defensa de la soberanía del Parlament. El mínimo común denominador sigue siendo generar las condiciones para “plantear” un referéndum en esta legislatura, como figura en el acuerdo de investidura, aunque la CUP quiera celebrarlo antes del 2025 y ERC rechace los plazos.

En cuanto a la fiscalidad, permanecen las desavenencias. La CUP apuesta por subir impuestos a las rentas más altas –superiores a los 60.000 euros anuales—y el Govern sólo se plantea rebajar la carga fiscal a las rentas más bajas –inferiores a 30.000 euros—y desplegar los impuestos de la ley del cambio climático. Fuentes de Economia afirman que la propuesta sigue siendo la misma, el rechazo a tocar impuestos como donaciones o patrimonio es total y no cederán.

La CUP, mientras, prepara a las bases y advierte al Govern de que, si quiere sus nueve votos, debe exhibir a su militancia “un giro político hacia la izquierda”. La dirección ya ha convocado al órgano coordinador de sus asambleas, que tendrán la última palabra sobre el aval a las cuentas, pero la sensación de la mayoría de dirigentes del partido es que la militancia siente todavía más desafección con el actual Ejecutivo que los parlamentarios. Recuerdan que, si bien en 2017 los presupuestos no les satisfacían, los aprobaron por la contrapartida del referéndum, por lo que esperan un gesto que les complazca.

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