La secretaria general del Parlament achaca al exletrado mayor el "bloqueo" del órgano de transparencia

La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, rompe el silencio sobre la gestión de la polémica sobre las licencias por edad, una suerte de prejubilación para los funcionarios de la Cámara. Después de que el exletrado mayor Antoni Bayona mandara este martes una misiva a todos los miembros de la Mesa denunciando obstáculos en la transparencia de la institución y pidiendo una investigación contra ella, Andreu ha lanzado un comunicado en el que niega "rotundamente" las acusaciones y acusa a Bayona de deslealtad.

Andreu lamenta el "daño" a la institución y que un letrado haya invertido parte de su horario laboral en los medios de comunicación "menospreciando" el reglamento que dice que hay que mantener "la debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo y no hacer uso de la información obtenida para el propio beneficio". También afea a Bayona que pise el trabajo de sus compañeros en una carta "que contiene insinuaciones que no son propias de un servidor público".

En el escrito, el letrado se pone en una posición de superioridad jurídica y moral, considerándose en posesión de la verdad", carga Andreu, que también critica que no asuma ninguna responsabilidad en el bloqueo del órgano de transparencia. "El motivo que dio pie al bloqueo es la actitud y el comportamiento del letrado respecto a otra persona miembro de este órgano", inquiere.

Supuesto acoso laboral

Bayona, en cambio, se anticipó y en su carta dice: "Considero especialmente grave que la Secretaría General hiciera una lectura parcial de este escrito para deducir del mismo un supuesto de acoso laboral imputable a mi persona". Fuentes parlamentarias apuntan que la dimisión de la encargada del archivo, una de las tres figuras que lideraban el órgano de transparencia, se debe a las presiones de Bayona, aunque el letrado lo niega.

Por otro lado, sostiene que su superior actuó de forma "totalmente improcedente", en contra de las elementales normas de la función pública "que exigen el respecto a los subordinados y de los procedimientos de tipo disciplinario, que se basen en la confidencialidad y la presunción de inocencia y son incompatibles con el hecho de preestablecer conclusiones o formular prejuicios que pueden contaminar los órganos que después pueden intervenir".