Desde Bruselas

Sánchez avala que sea Calviño, y no Yolanda Díaz, quien coordine la reforma laboral

  • "Todos los ministerios tienen que aportar, coordinarse. Y es la orden que he dado a todos mis ministros", subraya, avisando de que no hay "intromisión" de Calviño

  • Recalca que la "cooperación" entre departamentos (en este caso, serían "al menos cinco") es más "laboriosa", pero también más "efectiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, charla con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, este 22 de octubre de 2021 durante la cumbre de líderes, en Bruselas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, charla con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, este 22 de octubre de 2021 durante la cumbre de líderes, en Bruselas. / DPA / DARIO PIGNATELLI

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Pedro Sánchez respalda a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en su pulso con Yolanda Díaz. El presidente del Gobierno deja bien claro que la reforma laboral, una de las normas "estructurales" de la legislatura, es una competencia de todo el Ejecutivo, y no solo del Ministerio de Trabajo, ya que toca al menos a cinco departamentos. De modo que no hay "intromisión" de la vicepresidenta primera, sino "coordinación, colaboración".

El jefe del Ejecutivo intervino este viernes desde Bruselas, al término del Consejo Europeo, en la guerra entre las números dos y tres del Gabinete después de que Unidas Podemos solicitara una reunión "urgente" de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición para abordar una cuestión "muy grave". El intento de Calviño, aducían los morados, de abanderar la reforma estrella de Díaz. Y Sánchez lo hizo a favor de la vicepresidenta primera, bien es cierto que sin rotularla formalmente como la "coordinadora" de los trabajos para desmontar la legislación del PP de 2012. La tensión crece entre los socios porque el plazo se agota, ya que España se ha comprometido con la Comisión Europea a tener aprobada una nueva normativa antes del 31 de diciembre de este año.

Una reforma, dijo, "integral" que elimine "muchos de los males" del marco del PP y que aborde cuestiones mollares como la precariedad, la creación de empleo y la competitividad entre empresas. De ahí que, "al menos" haya cinco ministerios implicados y que deben dar su opinión: Trabajo (Yolanda Díaz), Economía (Nadia Calviño), Inclusión (José Luis Escrivá), Educación y Formación Profesional (Pilar Alegría) y Hacienda (María Jesús Montero). Cuatro controlados por el PSOE y uno por los morados. "Por tanto, no hay intromisión [de Calviño], lo que hay es colaboración, coordinación, aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesitan los trabajadores y empresarios de nuestro país".

"Negocia el Gobierno, negocia el Gobierno", insiste el presidente, para dejar claro que no es una materia de competencia exclusiva de Díaz

Sánchez defendió que ese procedimiento de trabajo, aunque más "laborioso", es más "efectivo" para abordar una reforma "tan importante como esta". Y se ha utilizado, añadió, en la negociación, en el seno del Gobierno, de otras leyes, como la de vivienda —que saldrá el próximo martes del Consejo de Ministros, previsiblemente— o la de los Presupuestos Generales del Estado.

En todo momento, el presidente defendió, sin citarla, la labor de la vicepresidenta primera. Y es que el detonante de la disputa entre socialistas y morados es el envío de una comunicación a todos los ministerios por parte del departamento que dirige Calviño para arrogarse la dirección de la negociación de la legislación laboral. "Esta es una reforma de todo el Gobierno, y todo el Gobierno aporta, y hablamos no de inmiscuirse ni de intervenir, sino de aportar, coordinar y colaborar". ¿Y quién negocia entonces en nombre del Ejecutivo?, se le preguntó. "Negocia el Gobierno, negocia el Gobierno", insistió una y otra vez, para dejar claro que esta no es materia exclusiva de Díaz. Al final de su comparecencia, hizo ver que la vicepresidenta primera no había actuado por su cuenta, sino que contaba con su aval: los distintos departamentos "tienen que aportar, coordinarse", dar su "visión". "Y es la orden que he dado a todos los ministros de mi Gobierno", sostuvo.

Documento

Acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos para una coalición progresista (30 de diciembre de 2019).

Programa de la coalición de Gobierno de PSOE y UP

Sánchez también se alejó de las tesis moradas al evitar hablar de "derogación" de la reforma de 2012. Término que no había empleado ni en la clausura del 40º Congreso del PSOE ni el pasado lunes en una entrevista en la SER. "El Gobierno de España tiene un acuerdo de investidura, de coalición, y ahí tiene el compromiso del Gobierno de España de actualizar las normas laborales. Queremos hacerlo además de la mano de los empresarios y de los sindicatos. Hemos acordado que antes de finalizar el año esa reforma se haya llevado a efecto", mantuvo. Sin embargo, el programa de la coalición [aquí en PDF], suscrito en diciembre de 2019, señala explícitamente, en su punto 1.3, que el Ejecutivo derogará la reforma laboral.

Que el respaldo de Sánchez a Calviño no gustó nada lo evidenció un tuit del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. La "sustitución" de Díaz por la vicepresidenta primera en la negociación de la reforma es, a su juicio, una "declaración de intenciones". Y se pregunta si es que el PSOE no quiere derogarla o bien teme el crecimiento de la líder de Unidas Podemos.

"La sinrazón del bloqueo" del CGPJ

El jefe del Ejecutivo también fue preguntado por el acuerdo con el PP para la renovación de cuatro órganos constitucionales —Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Agencia Española de Protección de Datos— y por los perfiles altamente politizados de los nombres pactados. Sánchez evitó polemizar y dio por buenos los consensos. "Para mí lo más importante como presidente del Gobierno es salvaguardar, proteger el acuerdo", porque era necesario cumplir con el mandato constitucional, frenar el "debilitamiento" de las instituciones después de un bloqueo tan largo. A partir de ahí, cada grupo "se hace responsable de a quién está proponiendo". Es decir, que el partido de Pablo Casado habrá de responder por qué ha elegido para el TC a un candidato, Enrique Arnaldo, que apareció implicado en la operación Lezo, y a otra, Concepción Espejel, que fue apartada del juicio de la primera época del 'caso Gürtel' por su cercanía con el PP.

Sánchez subraya que para él lo importante es "proteger" el acuerdo con el PP, y luego que cada partido se haga "responsable" de sus propuestas

El líder socialista recordó que el pacto con el PP es "imprescindible", dadas las mayorías requeridas, y a partir de ahí no tiene "mucho más que decir", más allá de recordar a los conservadores que aún falta por desatascar el Consejo General del Poder Judicial, y entretanto, se sitúan "fuera de la Constitución". "Con las mismas razones que se ha propiciado la renovación de cuatro instituciones, se tiene que renovar también la quinta".

Para Sánchez, la rápida renovación de cuatro órganos "pone de relieve la sinrazón de mantener bloqueado" el CGPJ. Y también prueba que "cuando los dos [partidos] queremos bailar, podemos bailar", de tal manera que se resolvió la parálisis "en menos de 24 días" tras mil días a la espera (en el caso del Poder Judicial).

El jefe del Gobierno, por último, evitó terciar en el conflicto institucional entre el Tribunal Supremo y el Congreso sobre la continuidad como diputado del dirigente de Podemos Alberto Rodríguez. Es una cuestión que habrán de "dirimir" el Legislativo y el Judicial. Fue entonces cuando recordó "asuntos básicos", como la "independencia" de los tres poderes del Estado. "Se ha pronunciado ya el Supremo y ahora se tendrá que pronunciar el Poder Legislativo en breve".

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Y lo hizo. Poco después de la comparecencia en Bruselas, la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet, decidió despojar de su escaño a Rodríguez, después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le remitiera este mismo viernes un escrito en el que remarca que la sentencia condenatoria contra Rodríguez conlleva la pena de "inhabilitación especial" durante el tiempo de esta condena, como obliga el Código Penal. El parlamentario morado fue condenado a mes y medio de cárcel, que solo "a exclusivos efectos de ejecución" de sentencia fue sustituida esa pena por una multa de 540 euros. Batet dio traslado de su decisión a la Junta Electoral Central y, a efectos de su reemplazo, a la Secretaría General de la Cámara baja. Y también dio cuenta de ella al Supremo, según informaron fuentes de la jefatura del Legislativo.