Plan de recuperación

Los fondos europeos se atascan: empresas y CCAA, en alerta por la lentitud en la ejecución

  • Las excesivas expectativas que se habían creado sobre una rápida llegada del dinero europeo a la economía española chocan con la burocracia y la falta de comunicación entre administraciones y compañías

Pedro Sánchez y Nadia Calviño conversan en el Congreso.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño conversan en el Congreso. / EFE / CHEMA MOYA

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David Page / Rafa Bernardo / Araceli Muñoz

"España absorberá, desplegará y ejecutará plenamente los fondos europeos", proclamó hace unas semanas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dando por seguro el aprovechamiento íntegro de los casi 70.000 millones de euros que el país recibirá de Europa hasta 2023. "Se dice que España es lenta, pero segura", añadió Calviño para reafirmar sus certezas. Pero es precisamente esa temida lentitud en el despliegue efectivo de las inversiones lo que más preocupa ahora mismo tanto a las compañías que esperan esos fondos como a las administraciones públicas encargadas de gestionarlos.

Desde el mundo empresarial se reconocen los esfuerzos del Gobierno para desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la hoja de ruta para reactivar y modernizar la economía española mediante la inyección milmillonaria de la UE y que pretende movilizar inversiones privadas aún más mastodónticas, unos 500.000 millones en tres años. Pero también se alerta de que esos avances regulatorios y administrativos no se están concretando aún en la activación de proyectos concretos y de que se llegará a final de año habiendo ejecutado una parte muy menor de las inversiones previstas.

España recibió el pasado agosto los primeros 9.000 millones de la Unión Europea y se esperan otros 10.000 millones más a final de año. Las cantidades son inferiores a las inicialmente previstas por el Gobierno, que incluyó ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 partidas por 24.200 millones a modo de anticipo y para poder impulsar programas previstos en cuanto la Comisión Europea aprobara el Plan de Recuperación español. "Estamos ya en octubre, lo normal sería que la mitad de los 24.000 millones previstos para este año estuviese ya ejecutada", sostiene un directivo de una de las grandes empresas del Ibex. "Al ritmo que van las convocatorias de proyectos, si llegamos a final de año con 10.000 millones ejecutados, ya sería todo un éxito", sentencia.

Lenta ejecución

El Ministerio de Hacienda sostiene que ya se ha autorizado el 60,9% de los fondos previstos para este año -a través del Consejo de Ministros y de las diferentes conferencias sectoriales- y que se ha asignado un 25,5% del montante total. Sin embargo, la CEOE advierte de que una cosa es el dinero asignado a proyectos y distribuido a las comunidades autónomas (ese 25%) y otra muy distinta la ejecución real de los fondos. Según denuncia la patronal, actualmente apenas un 8% de los fondos previstos para 2021 se ha ejecutado de manera efectiva cuando quedan dos meses y medio para cerrar el año.

"La información disponible más recientemente sugiere que la absorción de los fondos del PRTR habría sido relativamente modesta hasta la fecha", advertía el Banco de España en su último Boletín Económico. "Ello ha aconsejado, a la luz también de los retardos habituales entre la aprobación de los concursos para la realización de inversiones públicas y la materialización del gasto, proceder a revisar el calendario de absorción, de modo que se asume ahora que una parte de este tiene lugar de forma algo más tardía".

El Banco de España rebajaba casi a la mitad el impacto previsto para este año del gasto de los fondos europeos en el PIB (augurando que impulsará la economía en 0,6 puntos porcentuales frente al 1% calculado en junio) y trasladando ese impulso a 2022 y 2023 precisamente por el retraso en la ejecución de los fondos este año. Las estimaciones del Banco de España apuntan a que este año se absorberán 11.602 millones de euros de fondos europeos (sumando las inversiones del Plan de Recuperación y las del programa paralelo del React EU), muy lejos del máximo previsto por el Gobierno. La ejecución de los fondos, según el supervisor, se elevará hasta 31.185 millones el próximo ejercicio y a 24.458 millones en 2023.

Las empresas y las trabas

El Gobierno ha lanzado 25 manifestaciones de interés para que las empresas o las administraciones aporten ideas sobre cómo utilizar los fondos en diferentes campos de inversión, a través de las que ha recibido un aluvión de unos 18.000 propuestas de proyectos. Una de las quejas en la que coinciden muchas de las grandes compañías que optan a recibir fondos europeos es que, tras haber dedicado muchos recursos y horas de trabajo a diseñar proyectos acordes con los objetivos del Plan de Recuperación, ahora se encuentran sin convocatorias concretas a las que presentarlos y sin información sobre si obtendrán la financiación para ponerlos en marcha.

El Ejecutivo central hasta el momento ha diseñado 95 convocatorias de programas ligados al Plan de Recuperación mediante licitación de contratos o con subvenciones, según la web gubernamental diseñada al efecto. Del total, 59 ya se han cerrado, 31 aún están en plazo para presentar candidaturas y está previsto activar próximamente otras cinco. Un rasgo en común que tienen muchas de estas convocatorias, según apuntan desde la consultora LLyC, es que son proyectos fáciles de poner en marcha por la propia Administración, al tratarse de iniciativas que dependen de inversión pública e instituciones estatales (por ejemplo, los proyectos de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias) o por suponer solo una ampliación del presupuesto de convocatorias ya existentes (como las inyecciones de fondos para los programas MOVES para la renovación de vehículos y el fomento de la movilidad sostenible). El reto ahora es lograr es activar iniciativas totalmente nuevas en que pueda participar el sector privado.

Esperando los PERTE

El tejido empresarial también echa de menos, según fuentes de la patronal CEOE, la puesta en marcha de los grandes proyectos que implican a todo un sector y que pueden arrastrar inversiones en cadena e involucrar a muchas empresas: los ansiados PERTE. En estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica queda todavía mucho por hacer. El Gobierno ha anunciado varios, pero de momento solo se ha puesto en marcha uno, el del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Ese proyecto contará con 4.295 millones de inversión pública que, según el Ejecutivo, acabarán arrastrando 19.714 millones de inversión privada con los que se podrán crear unos 140.000 empleos. Pero para que esos efectos empiecen a producirse, avisan desde el sector, es necesario que arranque la medida clave del plan, la "Línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado", que concentra el 70% de la inversión pública inicial. Es la convocatoria que actuará como desencadenante del resto y, de momento, no se ha puesto en marcha. Los empresarios cuentan con que esos recursos empezarán a estar disponibles en noviembre.

En cuanto a los otros tres PERTE que están en fase de estudio (aeroespacial, medicina personalizada y cadena agroalimentaria) todavía se está esperando a su puesta en marcha oficial, aunque el Gobierno pretende aprobar el PERTE agroalimentario de forma inminente, según se insiste desde fuentes oficiales. Parte de las dificultades para poner en marcha proyectos ambiciosos se encuentra paradójicamente en las propias reglas europeas, porque el Marco de Ayudas de Estado limita la cantidad de recursos públicos que se pueden dedicar a apoyar inversiones empresariales sin contar con el visto bueno previo de Bruselas.

"Al topar el volumen de inversión, el Marco está generando incentivos para los proyectos de beneficiarios individuales, en detrimento de iniciativas más potentes por parte de agrupaciones de empresas", explica Paloma Baena, directora de la Unidad Next Generation EU en LLyC. "Las pymes dependen muchas veces del impulso de las compañías más grandes, así que es importante favorecer las actuaciones conjuntas", asevera. El Gobierno español negocia con Bruselas precisamente elevar el techo de ese Marco para facilitar las convocatorias grandes, según fuentes conocedoras de estas conversaciones.

Expectativas y realidades

"Nos estamos encontrando con un problema con las expectativas que teníamos. Había una concepción sobre la llegada de estos fondos europeos que hizo que las empresas se pusieran a trabajar en su estrategia a futuro de una manera muy rápida, por eso ahora hay esa sensación de frustración", explica uno de los directivos de una de las grandes consultoras (conocidas como 'big four') especializado en los fondos NextGen. "Las empresas pensaban que con un documento 'powerpoint' iba a estar todo hecho y ahora se está desinflando el suflé. La absorción va a tener un ritmo similar al del resto de fondos europeos tradicionales, por eso esperamos que se quede una parte sin ejecutar", indican las mismas fuentes.

Para agilizar la tramitación, desde la CEOE y desde corporaciones ansiosas de acceder a los fondos, se echa en falta una ventanilla única en la que obtener realmente toda la información y una oficina que centralice la gestión de todos los proyectos. "Los fondos se están repartiendo por ministerios y entre las comunidades autónomas y cada uno va a lo suyo", se queja un directivo de un grupo con grandes proyectos en cartera. "No todas las administraciones ni todos los organismos están igual de acostumbrados a gestionar este tipo de licitaciones, ni todos tienen recursos y medios suficientes para hacerlo con eficiencia".

El Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, Luis Socías, enumera algunas claves que considera cruciales para favorecer la llegada de los recursos europeos a las empresas: "Una mayor coordinación Estado-autonomías-entidades locales; la eliminación de trabas burocráticas para aumentar la agilidad administrativa en las convocatorias y favorecer las posibilidades de pymes y autónomos de acceder a los fondos, y que los grandes proyectos tractores empiecen a hacerse realidad”.

En este sentido, Socías reclama que termine ya la tramitación parlamentaria como proyecto de ley de una de las claves de la arquitectura legal de los fondos europeos: el Real Decreto-Ley 36/2020, que buscaba eliminar los cuellos de botella y trabas burocráticas, y que se encuentra atascado en el Congreso en el proceso de enmiendas. "Cuanto antes termine su tramitación, antes llegarán las mejoras en la agilización de los fondos y más posibilidades para fórmulas de colaboración público-privada", resume.

Primero conocer los fondos

A los problemas que las compañías detectan para el despliegue de los fondos se añade un preocupante desconocimiento sobre el propio Plan de Recuperación. Y es que casi un 60% de las empresas españolas asegura no conocer los fondos del programa Next Generation EU, según alerta una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de España y Sigma Dos. El grado de conocimiento del programa varía en función del tamaño de la empresa: solo un 37% de las pymes con menos de 10 empleados están al tanto de los fondos, mientras que escala hasta el 53% en las sociedades de más de 250 trabajadores. Un escenario alarmante en un país en que el 98% del tejido empresarial está compuesto por pymes o micropymes.

"Todas las grandes multinacionales están muy activas. Las empresas medianas han tenido una respuesta entusiasta y están repensando sus planes estratégicos para saber qué quieren ser de mayor. Pero el gran problema es con las pequeñas empresas: para ellas falta comunicación para enterarse de las diferentes convocatorias", alerta otra de las grandes consultoras. Estos problemas de difusión se traducen en que apenas una de cada cuatro empresas (un 27%) asegura que sabe cómo poder solicitar las ayudas y solo un 29% de las compañías tiene intención de solicitar subvenciones o participar en licitaciones, según la encuesta de la Cámara de España. De hecho, la impresión generalizada (casi el 62% de los más de 2.000 encuestados) es que serán las grandes empresas las principales beneficiadas de los fondos europeos

El papel de las CCAA

Uno de los aspectos que complica más la gestión de los fondos europeos es la compleja estructura de gobernanza que requieren: el plan es nacional, por lo que el Gobierno español es el interlocutor de Bruselas, pero buena parte de los recursos han de ser ejecutados por administraciones territoriales, fundamentalmente las comunidades autónomas (que concentrarán el 55% de los fondos transferidos por Europa este año, con más de 10.000 millones de euros).

En lo que va de año se han sucedido las conferencias sectoriales entre Ministerios y comunidades autónomas para acordar el reparto de recursos. Un proceso no sin tensiones por las dificultades para cuadrar una estructura unitaria pero adaptada a la diversidad económica y social de los distintos territorios. En los próximos meses se acentuará el ritmo de convocatorias en las comunidades autónomas, una vez que ya se han hecho varias grandes transferencias por importe de unos 7.500 millones para materias como rehabilitación energética, energías limpias o movilidad.

Los gobiernos regionales de todo color político han venido reclamando, con mayor o menor intensidad, tener una participación mayor en la selección y diseño de los programas de inversión. El Gobierno vasco ha propuesto incluso tener interlocución directa con Bruselas para una gestión más autónoma de los fondos que reviertan en la región. Desde el Gobierno se insiste en que con la creación de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación se garantiza la cogobernanza con las comunidades. Una mayoría de ejecutivos autonómicos sigue echando en falta una verdadera gestión compartida.

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"Los fondos se segmentan primero por ministerios y luego una parte se reparte entre las comunidades autónomas. Pero se nos encomienda 'equis' millones de euros para hacer lo que el Gobierno ha determinado que tenemos que hacer", explica Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. "Se trata de una planificación centralizada de los fondos. El Gobierno nos está utilizando a las comunidades autónomas como si fuéramos una subcontrata". El Ejecutivo madrileño asegura que de los 848 millones de euros asignados a la comunidad en las conferencias sectoriales solo ha recibido de momento de manera efectiva unos 300 millones. "España se va a encontrar con un problema de inejecución de los fondos", augura el consejero

¿Cuánto dinero ha llegado ya a las empresas?: “Probablemente cero”

Pedro Robles es un especialista en orientarse en el complicado mundo de las ayudas públicas. Fundador de Fandit, una startup tecnológica que localiza y clasifica estas subvenciones para sus clientes (empresas y organizaciones interesadas en aspirar a esos recursos), su algoritmo es capaz de detectar cuántas convocatorias se han puesto en marcha en España bajo el paraguas del programa Next Generation EU: son 42 líneas, por un importe de 3.393 millones de euros.

¿Y qué cantidad, de todos esos recursos, ha llegado ya a empresas e instituciones? "Probablemente, cero", afirma. Para empezar, muchas de las convocatorias siguen abiertas, admitiendo solicitantes. Y para que el dinero llegue al destinatario final, primero han de cerrarse (es decir, ha de terminar el plazo de admisión de aspirantes), luego han de evaluarse (se tiene que determinar cuáles de las peticiones cumplen los requisitos para recibir los recursos), a continuación ha de publicarse la resolución (primero la provisional y luego la definitiva) y por último ha de hacerse la transferencia de dinero.

Desde el cierre de la convocatoria, "pueden pasar meses, incluso más de un año, hasta que se completa todo el proceso", explica. "Para cuando llegue el grueso del dinero, puede que ya no nos acordemos del coronavirus", enfatiza