PSOE y Podemos negocian con prisa y tensión el precio del alquiler para salvar los Presupuestos

Ahora sí que sí. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 entra en su teórica curva final. El presidente del Gobierno se comprometió a llevarlos al Congreso entre finales de septiembre y principios de octubre. El plazo se consume y las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos se redoblan para intentar cerrar un acuerdo. Pero, por el momento, no lo hay. Lo que mantiene las negociaciones atascadas es la ley de vivienda, una cuestión que ya tensó la presentación de las cuentas anteriores y que lleva varada un año por la incapacidad de los socios de llegar a un consenso.

Durante el pasado fin de semana socialistas y morados mantuvieron contactos y este lunes, a primera hora, se reunieron las dos partes, encabezadas por el ministro de la Presidencia y mano derecha de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra. Ambos ya cerraron el programa de la coalición de cara a la investidura del socialista, en 2019. También acudieron al encuentro la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable de Economía de los morados y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

La reunión se cerró sin fumata blanca, pero las conversaciones siguieron. En la Moncloa no se descartaba en la noche del lunes un acuerdo de última hora a fin de que el Presupuesto pase este martes por el Consejo de Ministros, pero esa opción se vislumbraba como bastante improbable. "Estamos dentro de plazo todavía. No hay prisa ni estamos presionados", trasladaban desde el equipo más directo del presidente.

Las posiciones se hallan enconadas. El PSOE apuesta por incentivos fiscales y es contrario a regular el precio de los alquileres. Unidas Podemos exige medidas para bajarlos, como acordaron en octubre de 2020. Fuentes moradas explicaron que en la reunión de este lunes Belarra propuso iniciativas que solo afectasen a los grandes tenedores de viviendas —aquellos que tienen más de 10 inmuebles—, dejando la regulación de los pequeños propietarios para más adelante. La ministra, rebajando las exigencias iniciales, puso sobre la mesa medidas más laxas para atraer a los socialistas. Pero estos rechazaron todas las alternativas. Para UP, la actitud de sus socios "impide que se avance y haya un acuerdo en la ley y en el borrador de Presupuestos". Es decir, que no darán su visto bueno a las nuevas cuentas hasta que el PSOE se avenga a regular los alquileres.

En el equipo de Bolaños no querían hacer apenas comentarios. Confirmaron la cita con Belarra, Montero y Álvarez, pero se negaron a “radiar las conversaciones”. Los acuerdos solo se contarán cuando estén cerrados, advertían. "Se sigue trabajando de manera intensa para cerrar la negociación en breve", apuntaban fuentes del Ministerio de la Presidencia a este diario. Los socialistas llevan días transmitiendo más optimismo, insistiendo en que habrá acuerdo y que llegará pronto. La llave del desbloqueo la tendrán siempre Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en la Moncloa indicaban que no se tiene por qué llegar a ese extremo aún.

"No soy capaz de entender por qué razón no se quiere hacer lo que se está haciendo en países europeos", aseguró este lunes Díaz a los medios, informa Europa Press. "Las familias dedican el doble a pagar el arrendamiento que en las medias europeas. El 40% de sus rentas, a diferencia de Europa, que es del 24%".

Disgusto por la indiscreción

Pero su compañera en el Ejecutivo y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no piensa igual. Este lunes aseguró que el problema de vivienda "no se resuelve con una medida o una ley". La solución, explicó en la Cope, pasa por abordar cuestiones como un programa de vivienda pública o aumentar las vivienda en alquiler. Además, enfatizó que se debe lograr un equilibrio porque "hay que proteger a los inquilinos, pero también a la clase media del país".

El escollo ahora mismo son los grandes tenedores de inmuebles. Díaz se queja de que no se acepte lo que ya se hace en países europeos

El PSOE no pudo disimular su enfado con los morados por airear la cita y el desacuerdo de la mañana. Lo demostró Eva Granados, portavoz socialista en el Senado, tras la reunión del comité organizador del 40º Congreso del PSOE, del que es portavoz. "A los compañeros de UP: estamos en un Gobierno, y en un Gobierno se debate, se discute, pero no se hacen ultimátums ni se condiciona. Se sienta y se negocia", advirtió en rueda de prensa desde Ferraz, llamando a los socios de coalición a la discreción.

Granados remarcó la postura del partido en los dos asuntos en los que aprietan los morados. Fiscalidad y vivienda. Sobre lo primero, apuntó que también es "importante" para los socialistas, y recordó que quienes han aprobado "siempre" reformas tributarias progresivas han sido ellos. Y sobre la segunda cuestión, señaló el contenido de los últimos Presupuestos, los de 2021, en los que se recogió un "aumento exponencial" de las partidas destinadas a vivienda y una "apuesta decidida" del Ejecutivo por la rehabilitación y por un parque social de pisos que dé respuesta a las demandas de los jóvenes. 

"Esa es nuestra obsesión, que trasladamos en las mesas en las que hablamos con nuestros compañeros de Unidas Podemos y no en ruedas de prensa, porque lo que espera el conjunto de los ciudadanos es la cohesión del Gobierno y mensajes claros de que vamos a tener los mejores Presupuestos para la situación que estamos atravesando ahora", se despachó Granados, quien añadió que España dispone ya de los fondos europeos y ha comprometido con Bruselas las reformas pendientes, que "se están pactando y que llegarán al Consejo de Ministros y al Congreso", "más allá de declaraciones de los compañeros de coalición". 

En 2020, Sánchez e Iglesias sellaron su pacto el 27 de octubre, y se aceleró al máximo la tramitación parlamentaria. Ahora el PSOE no quiere apurar tanto. El 'deadline' es el 40º Congreso del PSOE

Una severa e inesperada amonestación de la dirigente socialista que traslucía, por tanto, la tensión entre los socios en la recta final de las negociaciones. El ‘deadline’ es el 14 de octubre. Si este martes no salen los PGE, la siguiente ventana sería el lunes 11, un día de menor venta informativa al ser víspera de festivo. No se descarta un Consejo de Ministros extraordinario. Pero Sánchez quiere llegar al 40º Congreso del PSOE, que arranca el 15 de octubre en València, con el proyecto de cuentas bajo el brazo. Además, el Gobierno tendría que remitir a Bruselas, antes del día 15, su plan presupuestario.

En Hacienda y en la Moncloa reiteran que los PGE están "listos", a falta del acuerdo político. "Nadie se imagina que no haya Presupuestos de 2022. Las negociaciones van en la buena dirección. No nos estamos poniendo nerviosos y seguimos en plazo", indicaban en la noche de este lunes en el equipo del presidente, en el que no contemplan por ahora que el proyecto de ley se retrase hasta la segunda quincena de octubre. El año pasado fue así: Sánchez y el entonces jefe de los morados, Pablo Iglesias, sellaron su pacto el 27 de octubre. Acelerando los plazos de tramitación en el Parlamento, se logró tener el texto aprobado para finales de año. Es decir, que un debate que se extiende normalmente en las dos Cámaras por tres meses quedó encogido a dos. Pero ese calendario no es el que quiere la parte socialista. Todo dependerá que se desate el nudo en vivienda, y no será fácil.

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