Nuevo escrito

Llarena insiste ante la justicia de Cerdeña para que proceda a entregar a Puigdemont

  • Envía un nuevo escrito a las autoridades italianas para ratificar que las euroórdenes están en activo

  • Afirma que la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia, sabía que nunca fueron suspendidas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, saludando a los organizadores del Encuentro Internacional de Adifolk.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, saludando a los organizadores del Encuentro Internacional de Adifolk. / ACN (ACN)

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido mover ficha para tratar de lograr la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En un escrito intenta despejar las dudas que pueda albergar la justicia italiana ante "determinadas informaciones que niegan que pueda estar en vigor la euroorden" cursada contra el 'expresident'. Asegura que "está en vigor", que la Abogacía del Estado debería saberlo, porque está personada en el procedimiento, y que el reclamado no goza de inmunidad en la actualidad, porque la prerrogativa le fue levantada por el Parlamento Europeo.

Llarena, que también ha remitido un oficio al representante de España en Eurojust para que traslade al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) el auto en el que acordó la prisión provisional del expresidente catalán por sedición y malversación tras la sentencia del 'procés', ya envió un oficio a Cerdeña el viernes en el que comunicaba que "el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía" y que la cuestión prejudicial planteada en su día en relación a Bélgica no lo paraliza.

Documento

Oficio de Llarena a la justicia italiana

Si tiene inmunidad

Ante la posibilidad de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) conceda cautelarmente la inmunidad a Puigdemont, Llarena insta a la autoridad italiana a dejar en suspenso el proceso de entrega, pero con las medidas necesarias para garantizar que luego se le pueda entregar. Y si, aunque se le mantenga retirada la inmunidad, el tribunal italiano entiende que la cuestión prejudicial cursada en relación a Bélgica puede condicionar su decisión, paralizarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie.

El magistrado recuerda la recomendación del TJUE de suspender el procedimiento nacional en el que se plantea una cuestión prejudicial, pero también la que fija que "la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria" y que dependerá del "órgano jurisdiccional nacional". En ella enmarca la euroorden cursada, porque "sirve para que el evadido quede a disposición de la justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que -hasta ahora- ha estado impedido por la fuga".

La consulta a Europa "no afecta a la validez de la medida cautelar de prisión o a su busca y captura", afirma el juez

Recuerda que Puigdemont se acreditó como miembro del Parlamento europeo el 6 de enero de 2020 y cuatro días después el juez instó que se le retirara la inmunidad. Cuando lo hizo el Parlamento europeo, Llarena pidió la reanudación del procedimiento de entrega. Mientras, Bélgica denegó la de Lluís Puig, al no considerar competente al Supremo para juzgarle, motivo por el que el juez planteó la cuestión prejudicial, que asegura que "no afecta a la validez de la medida cautelar de prisión o de su busca y captura".

Cautelar

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En paralelo, Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí recurrieron la retirada de su inmunidad. El pasado 30 de julio el TGUE rechazó devolvérsela cautelarmente, porque las euroórdenes estaban suspendidas por esa cuestión prejudicial. El juez precisa que el Reino de España, representado por la Abogacía del Estado actúa como coadyuvante de la Cámara.

"Según parece recogerse en la resolución, informó al tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor", pero "eso no es así" y "esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Supremo", se queja.