La jueza de L'Alguer considera "todavía intacta" la inmunidad de Puigdemont

La jueza Plinia Azzena ha confirmado este viernes la legitimidad de la detención de Carles Puigdemont pero ha ordenado a su vez su “inmediata puesta en libertad”, en virtud de que ha considerado que “la suspensión del procedimiento nacional comporta la suspensión de ejecución de dicho mandato" de detención, según la providencia de dos páginas a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Una de las motivaciones dadas por la jueza es que la detención del 'expresident' dañaría “en forma grave el derecho del detenido a viajar libremente para participar en las reuniones en el Parlamento Europeo”, garantizado por “una inmunidad, todavía intacta”.

De hecho, según Azzena, la detención de Puigdemont perjudicaría “sus derechos fundamentales”. Derechos que han sido garantizados en el caso de Lluís Puig , cuya orden de detención europea fue rechazada por las autoridades belgas el 7 de enero de 2021, pese a que éste también tiene un procedimiento penal abierto, ha escrito la magistrada.

No solicitadas por la fiscalía

En esta línea, la jueza resuelve que no adopta medidas cautelares contra Puigdemont y que estas no han sido solicitadas por la fiscalía porque su ingreso en prisión sería “incompatible con la activad de parlamentario europeo” del político catalán. Más aún que la inmunidad de Puigdemont “no ha sido revocada por parte de España”, que el político se negó “a la entrega”, y que “el procedimiento penal sobre el caso ha sido suspendido”.

Por ello, lo que se pide es que Puigdemont comparezca ante el Tribunal de Apelaciones de Sassar, el próximo 4 de octubre. Aún así, en la sentencia la magistrada reconoció el arresto, que la policía fronteriza italiana ejecutó el jueves y de la que el tribunal fue informado a las nueve de la noche, como legítimo y ocurrido “en los términos y condiciones de la ley”.

La decisión de las autoridades italianas, se basó, de hecho, en la euroorden n° 20907/2017 del 14 de octubre de 2019, a causa de los delitos (previstos por la legislación española) de malversación de fondos públicos, y sedición que pesan sobre Puigdemont, ha considerado Azzena.

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