La fiscalía recurre al Supremo la absolución de la CDR Tamara Carrasco

La fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución de Tamara Carrasco, la CDR que fue detenida en 2018 acusada de terrorismo, al entender que los wasaps que envió animando a ocupar el puerto o el aeropuerto ayudan a "crear un entorno social violento e intimidatorio que socaba el orden y la paz pública que deben imperar en una sociedad como la catalana" y son "un punto de partida en el proceso hacia la violencia real".

En su escrito, la insta a que se revoque la absolución de Carrasco, dictada por un juzgado de lo penal de Barcelona y después confirmada por la Audiencia Provincial, y la condene a una pena de siete meses de cárcel por un delito de incitación a los desórdenes públicos.

La activista fue detenida por la Guardia Civil acusada de terrorismo y permaneció más de un año confinada en Viladecans (Barcelona) por orden de la Audiencia Nacional, pero finalmente fue juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos por enviar wasaps sobre movilizaciones independentistas planeadas para la Semana Santa de 2018, entre ellas la ocupación del puerto y el aeropuerto, que no llegaron a consumarse.

La juez absolvió a la CDR -defendida por el abogado Benet Salellas-, al concluir que enviar mensajes o consignas a un grupo de amigos en un chat de WhatsApp no constituye una difusión o distribución pública de su contenido. Sin embargo, la acusación pública sostiene que con independencia del número de miembros del chat al que la acusada envió sus mensajes, Whatsapp es "un potencial canal de distribución a gran escala", como lo demuestra el hecho de que sus audios llegaron incluso a teléfonos de la Guardia Civil.

Colaboración masiva

Para el ministerio público, el contenido de los mensajes y la "colaboración masiva" que solicitaba Carrasco para acciones que "necesariamente precisaban de un alto número de participantes pone de relieve que la acusada precisamente pretendía que llegara a un gran numero de personas" o al menos así debió preverlo. Y recuerda que lo habitual para convocar actos masivos es recurrir a la mensajería instantánea por WhatsApp: "Así se puso de manifiesto en los diversos actos que se cometieron en Barcelona en los años 2017, 2018, 2019 y así se pone de manifiesto constantemente en todo tipo de manifestaciones (...)".

"Convocar a un número indeterminado de personas a ocupar el puerto o el aeropuerto necesariamente significa asumir que el grupo será muy grande y que es seguro que habrá violencia, porque son instalaciones protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesariamente van a reaccionar", añade el fiscal. Por ese motivo, el ministerio público concluye que el mensaje remitido por la acusada generó un "gran peligro, debido a que era el punto de partida en el proceso hacia la violencia real", como así lo demuestran, a su parecer, "los hechos acaecidos con posterioridad" en Catalunya.