La oposición duda de la legalidad del fondo creado por el Govern para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

Las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas exige a 34 exaltos cargos de la Generalitat abren una nueva batalla entre el Govern y la oposición. El PSC, Ciutadans y los 'comuns' han pedido este martes al Ejecutivo que lidera el 'president' Pere Aragonès que cumpla con la legalidad y haga "las cosas bien" para evitar que, si defiende a los afectados, no acabe incurriendo en algún delito, al ser la Generalitat la administración afectada por la presunta malversación.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que el Govern ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat con una dotación inicial de 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas y "proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo".

Unos minutos antes del anuncio, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Alícia Romero, ha reclamado al Govern que cumpla la ley porque "si no, un problema nos llevará a otro más grande", ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament.

Mucho más contundente ha sido el mensaje lanzado desde las filas de Cs. "No puede ser que haga pagar a los catalanes por los excesos del Govern separatista para su paradiplomacia exterior que consiste en hacer propaganda contra España", ha espetado el portavoz naranja, Nacho Martín Blanco, también desde la Cámara catalana. "Nos parece un absoluto atropello, y lo denunciaremos políticamente y, si es necesario, también judicialmente", ha alertado.

Los 'comuns' han subrayado que las decisiones del Tribunal de Cuentas son "absolutamente arbitrarias" y han defendido que la solución pasa por modificar el sistema de elección de este órgano fiscalizador para que "deje de ser un cortijo" del PP. "El remedio no puede ser peor que la enfermedad", ha afirmado el diputado David Cid para pedir al Govern que "haga las cosas bien" y que no ofrezca una solución "sólida y robusta". "Habrá que ver si jurídicamente esta propuesta se sostiene o no", ha zanjado.

La CUP, en cambio, ha celebrado que "la Generalitat esté al lado de todos los represaliados" y ha animado a "evitar a toda costa que se produzca una situación en la que haya represaliados de primera y de segunda".