El Gobierno defiende el indulto a Cuixart para acabar con la "falsa percepción de injusticia"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez razona, en el informe de 32 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que "el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto" como la que vive Catalunya y que, en ocasiones, "el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas del conflicto, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados".

El Gobierno repasa la trayectoria de Cuixart y su "indudable posición preeminente en la sociedad civil independentista" para concluir que su encarcelamiento como líder social "no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente". Admite que parte de la sociedad catalana comparte su activismo político y social "que son legítimos y por los que no ha sido condenado", a diferencia de lo que él reivindica, y rechaza la amnistía que predica por "inconstitucional".

El Ejecutivo defiende la medida de gracia como una forma de canalizar el diálogo, "aliviando la tensión": "Debemos valorar el impacto de la decisión sobre el desarrollo de un espacio donde pueda expresarse y desarrollarse esa riqueza de ideas, a través de un debate contradictorio, de enriquecimiento social. Pues bien, esa pluralidad de ideas presentes en la sociedad no podrá expresarse con plenitud si no hay sosiego entre sus integrantes", reseña.

¿'Ho tornarem a fer'?

El Gobierno no pasa por alto las declaraciones de Cuixart desdeñando los indultos, pero tampoco las apreciaciones "hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia". Sobre su 'ho tornarem a fer', el Ejecutivo opina que "ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión", porque prevalece la "utilidad pública", y que su "contumaz actitud podría suponer que no merezca el indulto por razones de justicia o equidad, pero no pueden anteponerse al superior interés público que inspira la concesión" del perdón.

"De hecho, esta propuesta entiende que la utilización política y mediática por parte de algunos de los condenados en la causa del 'procés' para entorpecer los intentos de diálogo refuerzan la decisión que aquí se propone", prosigue el informe, porque "el interés general del país justifica en el caso de Cuixart un indulto en contra del interés de su beneficiario". "El Gobierno de España es autónomo y sus decisiones políticas no dependen de las actitudes particulares", remacha.

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Y, aparentemente, sus alegaciones públicas suponen un riesgo "mínimo" de reincidencia porque "no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto delictivo" y "desde el punto de vista penitenciario, el condenado responde al tratamiento y cumple con las normas".

Además, el informe insiste en que la concesión de la medida de gracia no tiene por qué provocar "ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia" y que "tampoco merma o debilita el Estado de derecho". "Antes, al contrario, el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza", concluye.