El juez desoye a la fiscalía y mantiene por ahora el cartel de Vox sobre los 'menas'

Un juzgado de Madrid ha rechazado retirar de forma cautelar el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros inmigrantes al estimar que no se dan las circunstancias necesarias para adoptar la medida provisional que solicitaba la Fiscalía. Ahora otro juzgado deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.

El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, cree que "no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho" para aceptar la medida cautelar que pidió la Fiscalía en el marco de la denuncia que ha presentado contra Vox por un delito de odio. El ministerio fiscal solicitaba la retirada del polémico cartel para proteger a los menores de ataques "gratuitos y prejuiciosos".

La Fiscalía de Madrid argumentaba que debía protegerse a los “menores no nacionales que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional". Esta circunstancia les convierte, razona la fiscalía, en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por la edad como por el desarraigo estructural que supone su origen extranjero, “lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad”.

La petición fiscal se extiende al cartel colgado de la estación de metro y de Cercanías de Sol y de “todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario” contratado por Vox, que puede utilizarlo para otro fin.

Varios tipos delictivos

En la denuncia se recuerda que el delito de odio integra varios tipos delictivos en los que el bien jurídico protegido “es la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos y que tienen en común la concurrencia en el actor de una concepción prejuiciosa hacia los mismos que determina su actuación de intolerancia excluyente hacia aquellos, lo que puede tener lugar de diferentes formas”.

La fiscalía entiende que con la retirada del cartel la dignidad y la seguridad de un colectivo tan vulnerable como son los menores no nacionales quedaría protegida “sin vulnerar el derecho de Vox de realizar propaganda electoral, puesto que el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña”.

En el polémico cartel se muestra a una mujer mayor, a quien se define como “abuela”, en contraposición con un joven “racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con una capucha y la cara, por un amplio pañuelo”. A esa imagen "prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial" se suma la contraposición entre una pensión de 426 euros frente a un supuesto coste de 4.700 euros por parte de la Administración para mantener a los menores inmigrantes.