EL FRENTE JUDICIAL

El TSJC admite la querella de la fiscalía contra Torrent por desobediencia

  • El expresidente del Parlament denuncia ante las instituciones europeas la "represión" del Estado

Roger Torrent, ’conseller’ de Empresa i Treball.

Roger Torrent, ’conseller’ de Empresa i Treball. / ACN / ERC

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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La Sala Civil Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Superior de Catalunya por presunta desobediencia contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa de la Cámara durante la pasada legislatura, Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdeparós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC), a los que se le atribuye haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. El alto tribunal catalán ha designado instructora del proceso a la magistrada Maria Eugènia Alegret.

El TSJC admite a trámite la querella de la fiscalía y, en consecuencia, abre una investigación, al estimar que los hechos que detalla la fiscalía en su escrito presentan "a priori una apariencia delictiva", si bien advierte de que con su resolución no asumen ni dan por supuestas "en absoluto" sus valoraciones. Será la magistrada instructora quien decidirá ahora cuando cita a declarar a los dirigentes soberanistas. Torrent ha respondido con una carta a representantes de las instituciones europeas en la que denuncia la "represión" del Estado. Su sucesora al frente del Parlament, Laura Borràs, ha expresado un "apoyo sin fisuras" a todos los querellados.

En enero de 2020, el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara presentación de una querella por delito de desobediencia contra Torrent por admitir la tramitación de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Catalunya y se reprobaba al rey Felipe VI. Ambos textos fueron recurridos por el Gobierno del PSOE.

Atentado contra las resoluciones del Constitucional

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El Constitucional consideró entonces que estas resoluciones de la Cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del proceso de independencia. El Constitucional advirtió expresamente a la Mesa de que debía abstenerse de realizar cualquier actuación referente a estas mociones en los apartados anulados.

La querella relata que el 22 de octubre de 2019, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y CUP registraron en el Parlament una propuesta de resolución por la sentencia del Tribunal Supremo por el 'procés' en la que se volvía a reivindicar la "defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político". La fiscalía precisa que "pese a las expresas advertencias de la ilegalidad" realizadas por el secretario general del Parlament y la oposición de los restantes miembros de la mesa del Parlament, Torrent, Costa y Campdepadrós, acordaron admitir a trámite la propuesta de resolución, "a sabiendas de lo ordenado y apercibido" por el Constitucional. Lo mismo ocurrió cuando se aceptó tramitar a otra resolución en la que se reiteraba la "reprobación de la monarquía".