El juez cierra la investigación relativa a los sobresueldos de Podemos denunciados por Calvente

El juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, encargado del' caso Neurona', en el que este mismo lunes declaró como imputado al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha archivado otra parte del caso. Se trata de la relativa al supuesto pago de sobresueldos al gerente y a la responsable de Finanzas y Transparencia de la formación morada, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.

El exabogado del partido José Manuel Calvente denunció que ambos percibían dos complementos por coordinación, uno de 210 euros y otro de 400, que no se preveían en las tablas salariales del partido y para los que no existía un acuerdo del Consejo de Coordinación autorizándolos, lo que implicaría que se los habrían atribuido unilateralmente.

El magistrado, tras practicar las pruebas que ha entendido oportunas, no ve indicios de delito de apropiación desleal alguno en estas retribuciones. Explica que De Frutos y Val no fueron las únicas personas que recibieron estos complementos salariales, ya que el partido morado "aportó otras siete nóminas acreditativas de que otros trabajadores" las percibían, aunque no pudieran "determinar su identidad" al borrar sus datos para protegerlos.

Entre sus competencias

Y se remite a los estatutos del partido, que declaran que “la gerencia tendrá las funciones de dirigir las estructuras de apoyo fundacional, la gestión patrimonial, la gestión de recursos humanos y, de acuerdo con el equipo de Finanzas y Transparencia del Consejo Ciudadano Estatal, la formulación de las cuentas de Podemos”. Precisa que entre las "funciones de la gerente, y en base al propio contenido de las competencias que se le atribuyen, cabe incluir la facultad de creación de complementos salariales". Las retribuciones cuestionadas fueron avaladas por el Consejo Ciudadano Estatal, que es el órgano encargado de aprobar los presupuestos del partido.

En anteriores resoluciones el juez ya había reducido su investigación prácticamente al delito de financiación ilegal que el partido pudo cometer con los contratos que firmó con Neurona. No obstante, la Audiencia de Madrid le obligó en febrero a reabrir las actuaciones relativas a la caja de solidaridad al apreciar indicios de un delito de administración desleal en el uso que le dio Unidas Podemos.