En la causa de los contratos de Neurona

La Audiencia de Madrid ordena al juez seguir investigando la caja de Solidaridad de Podemos

  • Considera que hay indicios de delito que deben seguir siendo investigados

  • Da la razón a Vox frente a la decisión del juez de archivar esta parte de la causa

El portavoz de Podemos Rafa Mayoral  interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de Podemos Rafa Mayoral interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / EUROPA PRESS / R. Rubio

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La Audiencia de Madrid ve indicios de un delito de administración desleal en el uso que hizo Unidas Podemos de su Caja de Solidaridad, por lo que ha ordenado al instructor del 'caso Neurona' que retome esta parte de la causa que inició tras la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente.

En sus resoluciones el juez Juan José Escalonilla había reducido la investigación al delito de financiación ilegal que el partido pudo cometer con los contratos que firmó con Neurona. Ahora la Audiencia da la razón a las acusaciones populares que ejercen Vox y la Asociación de Juristas Europeos pro Lege y "constata que la asociación" #404 Comunicación Popular (de la que forman parte miembros y cargos del partido) "solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad y que ésta le transfirió 30.000 euros, mediante tres transferencias entre septiembre de 2019 y junio de 2020".

El tribunal prima que el partido no ha informado de la concesión y ve "razonable pensar que concurre una vinculación entre la asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones" de la ley de financiación de partidos políticos, "en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".

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Por determinar

De ahí que considere necesario investigar "el destino de esas cantidades, así como, en su caso, quienes autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores", lo que obliga a estimar los recursos, precisa el tribunal.