La cuarta fase del 'procés'

Según reza el diccionario, un proceso es un "conjunto de fases sucesivas de un fenómeno u operación". Las elecciones del pasado domingo supusieron un corte limpio con respecto a una etapa anterior del 'procès' presidida por el 1-O y sus efectos, desde la investidura de Quim Torra a su inhabilitación. Las reverberaciones del referéndum no autorizado y de la DUI se dejaron sentir a lo largo de toda la legislatura, pero, ahora, los tres principales partidos independentistas, cada uno a su ritmo, han ido acomodando un nuevo discurso que ya no pende del 1-O ni, en la práctica, de ese supuesto mandato democrático que se derivó. Un 1-O que ha ingresado, eso sí, con honores en el panteón independentista de los días a recordar, venerar y celebrar. Pero que ya genera un mandato.

Con respecto a las tres fases anteriores la principal novedad de la etapa que ahora se abre es la posibilidad de que el 'procés' esté liderado por ERC. En los periodos entre la manifestación del 11-S del 2012 y el 9-N (2014); entre esta consulta popular y el 1-0 y, desde los hechos de octubre hasta el 14-F, la manija ha estado siempre en manos del espacio convergente. Si finalmente se cierra un pacto de Govern, será el partido que primero cayó del caballo del 1-O, cuando prefirió no inmolar a más miembros del partido por una investidura de Carles Puigdemont el que mande. Tras las elecciones del 2012 se formó un Govern monocolor de CiU (50 diputados) con apoyo externo de ERC (21 escaños).

También habrá cambios en cuanto a los liderazgos. Si entre 2017 y el 14-F se ha vivido bajo el protagonismo de Carles Puigdemont y el ostracismo carcelario de Oriol Junqueras, es más que probable que, ahora, el presidente de ERC esté mucho más tiempo en la calle que recluido. Mientras que los focos sobre Waterloo, sin un 'president' "vicario", como se autodefinió Quim Torra en su toma de posesión, pueden bajar de intensidad.

Toda etapa se caracteriza por tener un mojón. El de la cuarta fase lo apuntó Pere Aragonès el viernes: "Esta será la legislatura de preparación de un nuevo referéndum. Los catalanes no pueden esperar eternamente". Y es que, por primera vez desde 2012, el independentismo superó el 14-F el 50% de los votos.

El mandato que no manda

A diferencia de ERC, que se ampara en los hechos para recordar que el 1-O no fue suficiente para la independencia, ni tan solo para un mínimo reconocimiento internacional, para Junts per Catalunya, el referéndum del 1 de octubre sigue siendo un “mandato vinculante” sobre el papel. Así lo recoge su programa electoral. Y así plantean que, dado que se ha superado el 50% de votos independentistas, se proceda a activar la declaración de independencia. Eso pese a que destacados dirigentes independentistas han admitido –por ejemplo, en el juicio del ‘procés- que la implementación de ese referéndum nunca se hizo seriamente. Y que la única intención era forzar una negociación.

Además, Junts también acepta negociar con el Gobierno el ejercicio del derecho de autodeterminación. Si este ejercicio ya se ha producido, ¿por qué repetirlo? Esta pregunta ha ido obteniendo distintas respuestas por parte de los ‘presidents’ Carles Puigdemont y Quim Torra. En la mayor parte de los casos la explicación es que si bien el 1-O es vinculante, el independentismo estaría dispuesto a volver a jugar la partida del referéndum si se logra pactarlo con el Estado. Piruetas dialécticas al margen, la búsqueda de un nuevo referéndum implica, de facto, que el 1-O carece de empaque suficiente.

Junts sostiene que en ningún momento ha renunciado a la vía dialogada y cree que cara a un acuerdo con ERC este es el mínimo común denominador, pero querrá probablemente añadir un plazo a esta vía negociada, tras el cual debería emprenderse la vía de la unilateralidad.

Apego aminorado

La CUP ha aminorado su apego al 1-O. Lo mantienen como emblema de “desobediencia civil e institucional” y acusan a JxCat y ERC de haber “malbaratado” el legado al no haber sostenido la DUI. Su nueva hoja de ruta apuesta, precisamente, por otro referéndum y descarta inventivas mágicas de las filas posconvergentes, a quiénes preguntan cómo aguantarán otra desconexión sin haber preparado estructuras de Estado. Ergo cómo evitarán recular al 2017.

Los anticapitalistas se fijan como objetivo que haya una nueva consulta antes de que se agote la legislatura -es decir, antes del 2025-, sea pactada o no con el Estado, con la mirada puesta en la comunidad internacional. Para acaparar atención, este referéndum, opinan los ‘cuperos’ debe ir acompañado de una situación de “conflicto” con movilizaciones que deriven “en un escenario de negociación obligatoria” para que su mandato sea “indiscutible”. 

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