El laberinto catalán

El Govern no se plantea rehacer el decreto por el que se retrasaban las elecciones

  • El TSJC confirma las medidas cautelares contra el aplazamiento y sitúa por ahora los comicios el 14 de febrero

  • La Generalitat alega que la "crítica" situación epidemiológica compromete las «garantías» de la votación

  • El PSC asegura que Illa dimitirá la próxima semana para el comienzo de la campaña electoral

Pere Aragonès.

Pere Aragonès. / David Zorrakino / Europa Press

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Las elecciones en Catalunya se mantienen el 14 de febrero, por ahora. El Govern ha dejado claro este jueves que, de momento, no se plantea dar marcha atrás y retirar el decreto por el que se aplazaron las elecciones al 30 de mayo, pese a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmado este jueves la suspensión cautelar de esta norma y mantiene la cita electoral el 14-F. Los magistrados se han comprometido a resolver los recursos antes del 8 de febrero, por lo que, para entonces, los partidos podrían estar ya inmersos en la campaña electoral, que comenzaría el 29 de enero. Dada la urgencia del asunto, el TSJC ha acortado los plazos de tramitación del proceso judicial.

Fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO argumentan que, por el momento, el tribunal no ha hecho público ningún argumento contrario al polémico decreto. E insisten en que el texto por el que se pospusieron las elecciones es idéntico al que acordó el Gobierno vasco para retrasar de abril a julio la cita con las urnas el año pasado. El Ejecutivo catalán sostiene con contundencia que el problema para retrasar la cita con las urnas no es el decreto del pasado viernes.

50 páginas de alegaciones

Así las cosas, la conclusión de estas fuentes es que si el TSJC mantiene su posición, el escenario actual aboca a tener que celebrar los comicios el 14 de febrero. Este mismo jueves, la Generalitat ha hecho llegar al tribunal un documento de unas 50 páginas con las alegaciones a favor de suspender la cita con las urnas del 14-F. "No se puede tomar ninguna decisión sin saber qué dirá el TSJC cuando resuelva las alegaciones del Govern", ha aducido en rueda de prensa la 'consellera' de Justícia, Ester Capella.

Aunque el TSJC aún tiene que pronunciarse de forma definitiva, y hasta este viernes no se conocerá su justificación de la suspensión cautelar, la decisión fue vista desde el Gobierno central como un signo de que, salvo que los datos epidemiológicos de los próximos días sean malísimos, las elecciones se celebrarán el 14 de febrero, informa Juan Ruiz Sierra.

Y a esta sensación contribuye el hecho de que el líder del PSC, Miquel Iceta, confirmase que el candidato socialista a los comicios, Salvador Illa, dimitirá la próxima semana para poder iniciar la campaña electoral. Eso abocará a Pedro Sánchez a una crisis de Gobierno para sustituir a Illa en Sanidad. Para esa cartera se perfila Carolina Darias, actual titular de Política Territorial, un área reservada probablemente para Iceta.

30 millones de euros y 100.000 votos

Capella ha explicado que las alegaciones del Govern "básicamente subrayan que el decreto es efectivo porque el vicepresidente en funciones de 'president' tiene facultad para posponer las elecciones, según el informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat". "Las elecciones son libres si se puede votar sin miedo. En cambio, acumulamos 26.000 positivos por covid", ha advertido la 'consellera', quien ha asegurado que la campaña costará 30 millones de euros y "unos 100.000 votos podrían acabar en la papelera". Estimaba así las peticiones de voto por correo que podrían llegar a tramitarse y que serían anuladas en caso de que la justicia acabe avalando el retraso electoral.

El Govern admite en sus alegaciones que no hay previsión legal de un aplazamiento electoral, pero apela a que “cualquier derecho fundamental, también el de participación, puede ser objeto de limitación para proteger otros derechos y bienes, como es el caso de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física de las personas y el derecho a la protección de la salud”. También invoca referencias previas de la Junta Electoral Central a la posibilidad de posponer una cita con las urnas.

Posible vulneración de derechos

En sus argumentos ante el TSJC, la Generalitat subraya de forma exhaustiva que la "situación epidemiológica crítica" en la que se encuentra Catalunya hace que los protocolos de seguridad no sean suficientes para asegurar la "protección de la salud pública", por lo que se comprometerían las "garantías democráticas" de la votación. Esgrime datos como los del Síndic de Greuges, que estimó que el 14-F se podría llegar a más de 200.000 personas aisladas o en cuarentena que verían limitado su derecho de voto. "Se corre el serio riesgo de vulnerar el derecho de participación de miles de personas", advierte el Govern.

Las alegaciones admiten que no se puede saber cuál será la situación epidemiológica del 14-F, “y menos todavía el 30 de mayo”, pero apuntan que, “haciendo una ponderación entre la decisión de mantener a toda costa la fecha de las elecciones” el 14 de febrero y “la decisión de posponerla a una fecha posterior en la que, previsiblemente, la situación epidemiológica y asistencial será mucho mejor, parece incuestionable que prevalece la segunda”.

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Una "irresponsabilidad"

En una comparecencia previa a la de Capella y sin aceptar preguntas, el vicepresidente Pere Aragonès, ha tildado de "irresponsabilidad" el fallo provisional del TSJC. "Esta decisión genera perjuicios a la ciudadanía, es otro intento de dejar la política catalana en manos de la justicia y hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho al voto y el derecho a la salud y queremos preservar los dos derechos", ha aseverado.