Las sentencias del 'procés'

El 'conseller' Bernat Solé, inhabilitado un año por el TSJC por desobediencia grave en el 1-O

  • La sentencia relata que Solé participó de forma "activa" en el referéndum

  • El titular de Exteriores, arropado por el Govern, defiende que estuvo "al lado de la ciudadanía"

  • Seguirá como 'conseller', pero no podrá presentarse como candidato a las elecciones

El  ’conseller’ d’Acció Exterior, Relacions Institucionals y Transparència, Bernat Solé.

El ’conseller’ d’Acció Exterior, Relacions Institucionals y Transparència, Bernat Solé. / ACN

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El 1-O ya se ha cobrado el primer alcalde condenado y se trata del actual 'conseller' de Acció Exterior. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inhabilitado durante un año para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno y ha impuesto una multa de 16.800 euros a Bernat Solé por un delito de "desobediencia grave" por su "participación activa" en la organización del referéndum unilateral cuando era alcalde de Agramunt (Lleida), a la vez que califica su conducta "inobediente" de "contumaz y persistente".

En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC considera probado que Solé "conoció, mediante la notificación personal" y también por la publicación en el BOE, lo que el Tribunal Constitucional le ordenaba y le prohibía hacer en relación con la consulta independentista, así como las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento y, a pesar de ello, impulsó la votación. La sentencia aún no es firme, por lo que el 'conseller' podrá seguir en el cargo mientras se tramite el recurso que ya ha anunciado que presentará. Sin embargo, según la ley electoral, no podrá presentarse como candidato en las próximas elecciones y ERC deberá reemplazar su vacante en el número dos de la lista por Lleida.

Actos públicos

La sentencia detalla que cuando era alcalde de Agramunt, Solé "no solo permitió" que el día 25 septiembre del 2017 se utilizara por una entidad denominada Esquerres per la Independència, el Casal Agramuntí, gestionado por el consistorio, para la celebración de un acto público destinado a promover la participación ciudadana en el "referéndum ilegal", sino que se prestó a participar en él como orador, junto a otros dos, en su calidad de edil de dicha localidad y diputado. En esa conferencia, incide el TSJC, aprovechó la ocasión para "alentar públicamente" a los oyentes a ir a votar el 1 de octubre.

En una comparecencia sin derecho a preguntas, arropado por miembros del Govern, Solé ha defendido su actuación el 1-O porque "escuchar a la gente es nuestro deber en democracia como representantes políticos". Solé considera que se está condenando "a todo el mundo local comprometido con el país" y avanza que no renunciará a "ninguna de las vías para defendernos ante una sentencia injusta". El 'conseller' ha pedido una ley de amnistía y la autodeterminación. "La represión no nos para, nos fortalece". Tras él, la 'consellera' de Presidencia, Meritxell Budó y el vicepresidente con funciones de 'president' Pere Aragonès, han mostrado su apoyo al 'conseller' y han denunciado la "represión" contra el independentismo.

El decreto de alcaldía

El TSJC destaca que antes del 1-O, en septiembre de ese año, promulgó un decreto de alcaldía en el que expresaba, en su condición de edil, “el pleno apoyo” a la consulta, así como su disposición favorable a “cumplir las previsiones” de la ley del referéndum aprobada por el Parlament . Por tanto, mediante ese decreto, se comprometió a poner a disposición de la administración electoral del Govern de la Generalitat el local de titularidad municipal utilizado habitualmente en los diversos los procesos electorales. Los togados califican de “precavida sutileza de la fórmula empleada” en el decreto.

A pesar de que la Delegación de Gobierno en Catalunya le remitió, al igual que a otros alcaldes, los deberes impuestos por el Tribunal Constitucional de “impedir o paralizar” el referéndum, Solé, además de no anular el decreto “desarrolló una activa participación en la promoción, en la organización y en la celebración” de la consulta soberanista en Agramunt.

El fallo judicial relata que “tampoco era necesaria la formalidad de la cesión” de los locales municipales, “teniendo en cuenta que la ocupación y el uso de ellos “pensaba hacerse de facto”, con la excusa de la previa celebración de actividades extraescolares durante toda la noche anterior, por unos supuestos organizadores que “nunca se identificaron” para evitar cualquier responsabilidad.

La jornada de votación

El día del referéndum, según la resolución judicial, "tuvo una participación activa y decidida en su desarrollo y buen fin", personándose desde el primer momento en el centro de votación y "asumiendo de forma intermitente" durante toda la jornada responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores. Entre otras acciones, subrayan los magistrados, les informaba de las noticias que le llegaban a él desde otros ayuntamientos vecinos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

La sentencia recoge que Solé, además, colaboró "decisivamente" en la toma decisiones capitales, tales como la de esconder en un lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación -las actas- o la de adelantar la hora de cierre de los puntos de votación ante la posibilidad de que se personaran en la localidad las citadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir el mandato judicial de impedirla”.

Las elecciones catalanas

La Conselleria que encabeza Solé es la encargada de los procesos electorales y, como tal, lleva meses preparando la logística para las próximas elecciones en Catalunya, pendientes ahora de la resolución del TSJC sobre las medidas cautelarísimas y las impugnaciones presentadas por un particular y varios partidos y entidades extraparlamentarias.

En el caso de que Solé presentara recurso y fuese desestimado, la sentencia sería firme y Solé quedaría inhabilitado durante un año. En ese momento, con el Govern en funciones desde la disolución del Parlament y la convocatoria de los comicios para el 14 de febrero -que el Govern intentó aplazar vía decreto- la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència quedaría vacante. Entre las atribuciones que tiene el 'vicepresident' con funciones de 'president', Pere Aragonès, no está la de nombrar o cesar 'consellers', por lo que nadie podría ocupar el cargo en el Departamento y sus funciones quedarían traspasadas a otra Conselleria.

Solé seguirá ocupando su cargo, pero ERC apunta que esta decisión "altera" la lista electoral en Lleida, que aún no ha sido proclamada por la JEC. La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha asegurado que el TSJC busca "interferir" en las elecciones con esta resolución y que si es el único alcalde condenado lo es en su condición de 'conseller' y organizador de los comicios.

El soberanismo arropa a Solé

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha mostrado su apoyo al 'conseller' y ha criticado que el TSJC juzgue "uno a uno" a los catalanes que participaron en el referéndum. "El 1-O recibimos el encargo de la ciudadanía de poner las urnas y votar y Solé y tantos otros alcaldes no dudaron", ha añadido a través de Twitter.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha afirmado que la inhabilitación del 'conseller' no es un acto de justicia, sino de "barbarie", y el también expresident Carles Puigdemont ha acusado al Estado de "continuar reprimiendo sin freno".

Por parte del Gover, la 'consellera' de Presidència y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, ha escrito en las redes sociales que "permitir que la gente vote nunca debería ser delito". "En este país la represión no se para y se piensan que pueden decidir todo a golpe de sentencia judicial", ha afirmado.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha arropado a Solé y ha defendido que la decisión judicial es "un nuevo acto de venganza por el 1 de octubre". "A golpe de sentencia no acabarán con las aspiraciones democráticas de la mayoría de este pueblo", ha apostillado.

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Desde el espacio de los 'comuns', Jéssica Albiach, ha tachado la inhabilitación del 'conseller' como "una consecuencia nefasta más de la judicalización de la política que ha ahogado el país". "Es más urgente que nunca abrir una nueva etapa política en Catalunya basada en el diálogo y la negociación", ha remachado.

Ciutadans, en cambio, le ha pedido su dimisión porque "no tiene ejemplaridad" para comandar las elecciones catalanas tras el fallo del TSJC.