El adelanto del toque de queda enfrenta al Gobierno y la Junta de Castilla y León

El conflicto entre el Gobierno y la Junta de Castilla y Léon está servido. Después de que el viernes la comunidad decretara el inicio de las restricciones de movilidad noctura para las 20:00 horas, las quejas por parte del Ejecutivo no se han hecho esperar. Mientras unos defienden la legalidad de los decretos (el Gobierno) los otros esgrimen la protección de la vida como principal argumento.

Esta mañana el Gobierno anució que presentará un recurso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Castilla y León el pasado viernes para combatir la tercera ola de la pandemia del coronavirus. Con ello se confirma el desacuerdo patente entre las diferentes comunidades autónomas sobre las medidas a tomar.

Pese a la reticencia del Gobierno, la Junta ha señalado en un comunicado que mantiene vigente el toque de queda a las 20:00 horas, "en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley", además de lamentar que el Gobierno trate de "obstaculizar" una norma que tiene como "único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía".

Segun anunció el Ejecutivo a través del Ministero de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, se "ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Acuerdo 2/2021,de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León (como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2)".

Adelanto no permitido

La medida adoptada por la Junta de Castilla y León, que preside Alfonso Fernández Mañueco, podría vulnerar la norma decretada por el estado de alarma. El acuerdo determina la horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, pero lo hace superando los límites horarios de la horquilla fijada por el Gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la regulación propuesta por Castilla y León vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el Estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [.…] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.

Que decida el Supremo

Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada, "sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de “modulación” que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no – como es el caso – de intensificarlas o agravarlas", comentan desde Presidencia, y añaden que se trata por ello de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma.

Desde la Junta de Castilla y León, no obstante, defienden que la norma decretada cuenta con el amparo de los servicios jurídicos de la comunidad. Además, en un comunicado emitido tras conocerse el recurso del Gobierno, considean que debería ser el Tribunal Supremo y no el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien determine si el presidente de la Junta tiene o no facultad para modificar el toque de queda.

Hasta que no se pronuncie el Supremo, la norma de las 20:00 horas está activa, y esta pasada noche la Policía Nacional y la Guardia Civil ya levantaron 24 actas por incumplimiento del nuevo toque de queda en la comunidad entre las 20:00 y las 22:00 horas. Se llevaron a cabo 132 denuncias en toda la noche.

Seguridad jurídica

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comentó ayer que no están pensado en un confinamiento total domiciliario, pero sí estarían dispuestos a están barajando modificar de manera oficial los horarios, que actualmente está fijado entre las 22:00 y las 07:00 horas. Pese a ello ha advertido (en el diario El País) a la Junta de Castilla y León de que cualquier medida requiere una cobertura legal "porque para restringir la movilidad hay que hacerlo con las máximas garantías jurídicas".

En este sentido, desde la Junta reclaman precisamente esos instrumentos jurídicos seguros. "Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías", invitan desde Castilla y León. Estos argumentos no convencen a los socialistas (recordemos que la Junta está en manos del PP), y el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, ha pedido que depongan esta actitud provocadora.

Gil ha pedido que "se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad que solo consiguen crear confusión en la población", y que el único camino para vencer al virus "es el trabajo y la lealtad institucional". Considera que la población "ya tienen demasiados problemas y no necesitan que vengan los políticos a generar todavía más incertidumbre".