La jueza investiga una trama de "enriquecimiento injusto" en el Consell Esportiu de L'Hospitalet

“Enriquecimiento injusto y, a la vez, perjuicio patrimonial considerable” en el Consell Esportiu de L’Hospitalet, una entidad privada de promoción del deporte escolar. La frase fue escrita en un auto por la jueza que investiga el presunto desfalco en esta entidad, que se nutre, sobre todo, de subvenciones públicas del ayuntamiento de dicha localidad y de la Generalitat. Pagos en efectivo sin ningún control fiscal de servicios realizados o no, supuesto cobro de dietas “desproporcionadas”, gastos sin justificación (como compra de libros en Amazon, algunos de autoayuda, hoteles, compra de camisetas, multas, gasolina o colegios profesionales), el desembolso de 45.000 euros fraccionados por un supuesto falso despido de un regidor imputado y miembro de la junta, y la posible falsificación de documentos son algunos de los tejemanejes y trapicheos investigados, según las diligencias judiciales a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La togada sostiene que podría existir un "sistema de contabilidad oculto", pero la defensa lo niega y solo admite “errores” de gestión a la hora de aprobar las cuentas anuales. Por ahora hay 13 investigados.

Este enredo policial y judicial en que se ha visto envuelta la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, que fue detenida el pasado 10 de diciembre cuando acudió a declarar como investigada ante los agentes, se remonta a febrero de este año, cuando Jaume Graells, exteniente de alcalde de Educación, Juventud y Deportes y miembro de la directiva del Consell Esportiu, le explica a la regidora socialista lo que él considera irregularidades en esa entidad, que cuenta con representantes del consistorio, entre ellos Graells y los ediles Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde, y Cristobal Plaza, exconcejal de Deportes. El detonante de las acusaciones podrían ser “cuestiones personales y de relaciones sentimentales”, según aseguró la alcaldesa en rueda de prensa. Fuentes judiciales señalaron que la detención de Marín no fue ordenada por la jueza, sino que se trató de una decisión policial.

Ante la queja de Graells, Marín requirió a la secretaria municipal y a la interventora que revisase las subvenciones otorgadas y se reunió con Alcázar y Plaza, que negaron las irregularidades y dejaron entrever una venganza por parte del denunciante. La alcaldesa, a la vez, propuso que el Consell, que es autónomo, podría encargar una auditoría, no solo contable, sino de gestión, y así se hizo.

Sin embargo, Graells no esperó al resultado de la auditoría y el 4 de mayo presentó una denuncia ante la Policía Nacional que desencadenó registros y detenciones, entre ellas las de Alcázar, Plaza y Eduard Gali, director del Consell, así como la del secretario del Esport de la Generalitat, Gerard Figueras y, la última, de la propia Marín. Durante el interrogatorio a la alcaldesa, los agentes estaban especialmente interesados en saber por qué Marín no había denunciado los hechos, a lo que la dirigente del PSC explicó todos los pasos que siguió tras conocer las posibles anomalías.

Descuadre de miles de euros

Graells denunció ante la Policía que “una parte importante de los ingresos y pagos derivados de la actividad del Consell parece ser que no aparecen ni están vinculados a ningún presupuesto o cierre de ejercicio presentado a los órganos de la entidad". Según él, las “cantidades ocultas” y, por lo tanto, “fuera de control y supervisión por parte de los órganos internos o externos competentes”, pueden ascender aproximadamente a unos 400.000 euros por ejercicio. El concejal detalla que el último presupuesto entregado a la asamblea ordinaria del Consell, el 28 de noviembre del 2019, fue de 419.000 euros, cuando “el presupuesto real puede llegar a más de 800.000” (la jueza eleva esa cifra hasta unos 900.000).

Esta diferencia de unos 500.000 euros es la que, según los investigadores, podría componer la denominada ‘caja b’. Sin embargo, los regidores imputados han explicado a la jueza que los 400.000 euros que se comunican al ayuntamiento corresponden a un presupuesto parcial de las actividades subvencionadas por el consistorio, mientras que los 900.000 euros que se notifican a la Generalitat son el montante total al cierre del ejercicio anual.

Partidas parciales

El problema, según algunas de las fuentes consultadas, es que en las asambleas del Consell, desde hace años, solo se aprueba la primera partida (la parcial), y no la segunda (la global). Un "error administrativo" que han reconocido ante la magistrada los implicados, según fuentes de la defensa. De ahí que Graells denunciara que “es posible” que se haya producido falsedad documental por parte del que era presidente del Consell, Cristian Alcaráz, al certificar actas de asambleas que "nunca" se han celebrado.

El denunciante también explicó a la Policía la existencia de una “caja interna” de dinero en efectivo que ha servido para pagar monitores reales o ficticios, así como otras labores, sin que hubiera control fiscal ni sometimiento a ninguna retención de la Seguridad Social. Esta suma, según la defensa, no es dinero negro, sino que sale de las cuentas bancarias de la entidad y, por lo tanto, queda registrada.

La connivencia

La jueza expone en las resoluciones incluidas en la causa que de la denuncia de Graells se desprende que existía una “más que probable connivencia” entre diversos implicados, entre ellos Galí, Alcázar y Plaza, que “giraría en torno a una estrategia de ocultación económica” a los órganos de control del Consell, “con el fin de disponer” de partidas de dinero “para fines aparentemente de beneficio o lucro propio, así como de favorecimiento a terceros sin ningún tipo de regulación”. Y precisa que los imputados actuaron con “total impunidad” al aprovecharse de las facultades de dirección inherente al cargo que ostentaban, “ideando un sistema de contabilidad oculto”, excluido de “ningún tipo de control ajeno” y presuntamente “falsificando diferentes tipos de documentos” para evitar ser descubierto. El periodo investigado es desde 2016 hasta 2019.

Según la magistrada, la investigación “ha arrojado” la existencia de hechos que “arrojaría indicios de criminalidad” y que pondrían de manifiesto un posible “fraude de fondos de la entidad”. La togada llega a hablar de una “posible falsificación contable urdida por los investigados” y la existencia de una “doble realidad económica” que facilitaría a los implicados “la disposición de una elevada cantidad dineraria titularidad de la entidad”.

La jueza, incluso, ha recabado la documentación que tenía la empresa que debía realizar la auditoría del Consell, a la vez que ha requerido a la Diputación de Barcelona, cuya presidencia la ostenta también Marín, si ha dado subvenciones a dicha entidad. Hasta el año pasado, la diputación otorgó unos 40.000 euros al año al organismo que reúne a todos los Consells Esportius, para que los repartiera. En 2019, el interventor cambió el criterio y otorgó unos 2.000 euros a cada una de ellas. Ahora la magistrada está pendiente de un nuevo atestado policial.

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