NUEVO TRÁMITE

El Supremo pide informe al fiscal sobre el indulto de los presos del 'procés'

Los fiscales que acusaron en el juicio deben pronunciarse sobre la petición de gracia

Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo, durante el juicio del ’procés’, el 4 de junio del 2019.

Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo, durante el juicio del ’procés’, el 4 de junio del 2019. / ARCHIVO / EFE

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Una vez revisada la situación penitenciaria de los condenados por el 'procés', que han visto revocado su tercer grado y la flexibilización del cumplimiento previsto en el 100.2 del Reglamento Penitenciario, el Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso y ha solicitado a la Fiscalía del alto tribunal que presente su informe sobre la necesidad de concederles o no el indulto que un abogado pidió en nombre de todos ellos, informaron fuentes jurídicas.

Para que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, pueda pronunciarse sobre la medida de gracia, es imprescindible que la Fiscalía y el tribunal sentenciador, en este caso, el Supremo, presenten sus propios informes al respecto. Ambos son preceptivos, pero no vinculantes, es decir, que una vez recabados, pero solo entonces, el Gobierno puede decidir lo que considere más oportuno, aunque pueda suponer un importante desgaste concederles con ambos dictámenes en contra.

Nada parece indicar que los fiscales que acusaron durante el juicio, que son los encargados de realizar el informe, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, vayan a mostrarse favorables a la medida de gracia, ya que incluso ellos solicitaban una pena superior a la impuesta, al sostener que lo sucedido en Catalunya en el otoño del 2017 fue un delito de rebelión y no de sedición, como acabó declarando el Tribunal Supremo. Para mostrarse a favor debe atenderse a circunstancias objetiva de equidad, reinserción y reparación total del daño.

Tampoco parece que el Tribunal Supremo vaya a informar a favor del indulto. Es excepcional que los tribunales que imponen una condena vayan luego a mostrarse a favor de su revocación a través de esta figura discrecional que únicamente depende del Gobierno. Fuentes jurídicas recuerdan que los que prácticamente solo se suelen aplicar en casos de tráfico de drogas de escasa entidad en casos en que los condenados han rehecho su vida y tienen familia y trabajo estable.

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