Moncloa no publicará el cese de Torra en el BOE

Salvo sorpresa, el cese de Quim Torra como 'president' de la Generalitat no aparecerá en el 'Boletín Oficial del Estado'. El Gobierno de Pedro Sánchez subraya que no es necesario porque así además se lo indica la Abogacía del Estado —sería una "mera formalidad"—, porque la sentencia del Tribunal Supremo, que le fue notificada al dirigente independentista a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), es ejecutiva y, por tanto, no requiere de ninguna ratificación posterior. 

La necesidad (o no) de publicación en el BOE de la destitución de Torra se ha convertido en una (rara) fuente de discrepancia entre la Generalitat y el Ejecutivo central. Porque se mezclan la duda legal y la cuestión simbólica. El Govern se dirigió este martes al Gobierno para que le comunique "la previsión de publicación del real decreto de cese" del ya 'expresident'.

El Consell Executiu sostenía que ese paso, y su publicación en el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC), es preceptivo para que la maquinaria que desemboque en una nuevas elecciones autonómicas se ponga en marcha. Más aún, juzgaba preciso que la inhabilitación conste en el BOE para que el Govern se reúna y apruebe el decreto de sustitución que formalice la condición del actual 'vicepresident', Pere Aragonès (ERC), como presidente interino. La rúbrica busca que se dote de la "máxima seguridad jurídica" a las "próximas actuaciones del Govern", informó la Generalitat en un comunicado. 

No se considera necesaria la publicación en el BOE dado que "la inhabilitación es ya efectiva desde el momento mismo de la firmeza de la sentencia"

Consuelo Castro

— Abogada general del Estado

El escrito del Ejecutivo catalán rebotó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. La portavoz, María Jesús Montero, informó de que la Abogacía del Estado estaba estudiando si es "imprescindible o legalmente necesario" publicar el cese de Torra en el BOE. Pero los servicios jurídicos ya han resuelto y determinado que no hace falta. El 'expresident', apuntaron enseguida en en la Moncloa, "ya está inhabilitado" por el Supremo "y por ende cesado". No hace falta hacer más, remacharon. 

"No condiciona la respuesta"

Eso lo avala el informe de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, de seis páginas y al que ha tenido acceso este diario [aquí en PDF]. Es muy claro al respecto y no deja sombra de duda. Argumenta que la propia ley catalana de la Generalitat y del Gobierno distingue entre las causas de cese del 'president' por cambio de legislatura, por moción de censura o cuestión de confianza o por dimisión de aquellos supuestos en los que sobreviene la incapacidad permanente del jefe del Govern, su defunción o una condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

"Por lo señalado, no se considera preciso que haya de publicarse en el BOE un real decreto de cese del presidente inhabilitado dado que la inhabilitación es ya efectiva desde el momento mismo de la firmeza de la sentencia". El documento reconoce que el BOE sí recoge nombramientos y ceses de presidentes autonómicos, como se hace con los ministros y los altos cargos de la Administración General del Estado. Sin embargo, "el hecho es que ninguno de los ceses hasta ahora producidos han sido consecuencia de una inhabilitación declarada por sentencia penal firme", sino por las causas automáticas de cese. Esos precedentes, dice el texto, no tienen por qué "condicionar la respuesta" que ahora haya de ofrecerse respecto a Torra. 

En este caso, sigue el informe, la publicación del cese en el BOE "no resulta necesaria para que despliegue sus efectos" y, al no ser precisa, "constituye una mera formalidad que no condiciona en forma alguna" las actuaciones que deban hacer a partir de ahora los poderes públicos catalanes. 

La Abogacía del Estado recuerda además que el auto del TSJC que se entregó a Torra hizo que en ese mismo momento se ejecutase la sentencia del TS y perdiera su condición de 'president' al instante. Además, esa resolución del TSJC comunica la inhabilitación de Torra a Aragonès para que pueda poner en marcha el mecanismo de sustitución interina. También se le notificó al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y a la delegada del Gobierno en Catalunya, la socialista Teresa Cunillera. Esa actuación del TSJC confirma, concluyen los servicios jurídicos del Estado, que la sentencia se hizo efectiva al instante sin necesidad de que fuera publicada en el BOE. 

"La imposibilidad de que el presidente inhabilitado siga actuando como presidente de la Generalitat existe desde el momento mismo de la firmeza de la sentencia y, por ello, el propio órgano judicial que la ha dictado se asegura de que ello sea conocido por quienes pueden activar su suplencia", remacha el documento. 

"Sánchez y el Rey presumen del imperio de la ley pero no cumplen con lo que es preceptivo y lo que necesitan las instituciones"

Laura Borràs

— Portavoz de JxCat en el Congreso

Desde el Supremo, se apuntala la versión del Ejecutivo: sus sentencias son firmes y ejecutivas desde su notificación, por lo que no se requiere su publicación ni en el BOE ni en el DOGC, informa Ángeles Vázquez. 

JxCat discrepa. Su portavoz en el Congreso, Laura Borràs, aseguró que ese trámite es necesario. Pedro Sánchez y Felipe VI, que a su juicio sí que han de firmar la inhabilitación, "presumen del imperio de la ley pero no cumplen con lo que es preceptivo y lo que necesitan las instituciones para tener seguridad jurídica". 

Elecciones ya

Tras conocerse el informe de la Abogacía, Aragonès presidirá este miércoles, a las nueve de la mañana, la reunión del Consell Executiu extraordinario, que aprobará el decreto de sustitución al frente del Ejecutivo. Y después, a las 11.30, el Govern mantendrá su reunión semanal. Así lo adelantaron fuentes de la Generalitat, informa EFE. 

El Gobierno mantiene la mesa de diálogo y está a la espera de que el Govern ponga día

Montero no fue más allá de la línea esgrimida por el Gobierno tras conocerse el fallo del Supremo: el Ejecutivo "respeta" las decisiones judiciales, pero el nuevo escenario "obliga" a unas elecciones autonómicas lo antes posible. Para el Gobierno, se abre un nuevo capítulo en la política catalana con la salida de Torra y es necesario que los ciudadanos resuelvan la nueva composición del Parlament. 

La interinidad en Catalunya no supondrá la suspensión de la mesa de diálogo. La portavoz sostuvo que el Gobierno está a la espera de que el Govern ponga fecha a una nueva cita, ahora ya sin Torra al frente —al que la Moncloa y ERC habían señalado como responsable—, encuentro que deje atrás "los tiempos de la confrontación y la desobediencia". Así que la pelota está en el tejado de Aragonès, como representante interino de la Generalitat. 

Montero lanzó otro guiño a los republicanos al hablar de los Presupuestos Generales del Estado, que no llegarán al Congreso hasta avanzado octubre, como pronto. La ministra apuntó que el Gobierno hablará con todos los grupos, "muy especialmente con los que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez". No obstante, repreguntada si Hacienda ya excluye de la ecuación a Ciudadanos, la portavoz remarcó que no, que se dirigirá a todas las formaciones para ofrecerles negociar unas cuentas "progresistas". Será un proyecto "inédito" para un momento "crítico, único" que exigirá manejar otros "esquemas mentales".