27 sep 2020

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JUICIOS FRANQUISTAS, NULOS DE PLENO DERECHO

Así será la ley de memoria democrática: los 11 puntos clave

Prevé multas de 200 hasta 150.000 euros e ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco

El Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil sin José Antonio en un lugar preeminente

Juanma Romero

El Valle de los Caídos, presidido por la gran cruz, el 24 de octubre de 2019, el día de exhumación de Francisco Franco. 

El Valle de los Caídos, presidido por la gran cruz, el 24 de octubre de 2019, el día de exhumación de Francisco Franco.  / SERGIO PÉREZ (REUTERS)

La nueva ley de memoria democrática da su primer paso. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto, una primera lectura que ha de pasar por los órganos consultivos aún antes de llegar al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero que ya dice mucho de cómo será una de las normas más simbólicas de la legislatura, y que será la prolongación de la exhumación de Francisco Franco, culminada el pasado 24 de octubre. El nuevo texto, como adelantó EL PERIÓDICO, declarará "nulos de pleno derecho" los juicios franquistas, prevé hacer del Valle de los Caídos un cementerio civil —lo que comportará el desalojo de la comunidad benedictina que allí habita y que custodia la abadía—, ilegalizará las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo y encargará al Estado la recuperación de restos humanos de las fosas comunes.

Además, el texto, de cinco títulos y 66 artículos, incorpora un régimen sancionador, que contiene multas de entre 200 y 150.000 euros. Las sanciones más altas castigarán, por ejemplo, el traslado de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura sin autorización o la destrucción de fosas o de los lugares de memoria o incluso la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación del régimen que supongan "humillación" de los represaliados o sus familiares. Asimismo, se creará una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos entre la contienda y la aprobación de la Constitución. También habrá un censo oficial de víctimas de la guerra y de la dictadura y un banco nacional de ADN. 

"Es una ley para encontrarnos todos, una ley, para producir sobre la verdad y la justicia, la paz de la que disponemos hace mucho tiempo y la que necesitan las víctimas", "no seríamos una gran democracia si no nos enfrentamos con valor, prudencia y justicia a nuestro propio pasado, como han hecho otros países", sostuvo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de cuyo departamento nace esta nueva ley, que reemplazará a la de 2007, la que impulsó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es, en fin, "una ley importante para el Gobierno, pero también para la democracia española", remachó. 

El Gobierno entiende que si ya esa norma de hace 13 años llegaba "tarde", aunque ha aportado "extraordinarios frutos", esta también va tarde para reconfortar a todos los que padecieron la dictadura. La democracia no podía perder "ni un día más" sin tener sobre la mesa "una ley como esta", argumentó la vicepresidenta, al término de la reunión del Consejo de Ministros, en una rueda de prensa en la que compareció junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. La número dos enfatizó que la iniciativa, de nuevo cuño, incorpora los mandatos de la ONU y del Parlamento Europeo, y también del Congreso, y las recomendaciones que el relator especial de Naciones Unidas Pablo de Greiff hizo sobre España en 2014

La norma tiene también un valor pedagógico: "Los jóvenes han de saber de dónde venimos"

Pero la norma, además de "urgente", es "necesaria", ya que tiene otro propósito, no solo la reparación de las víctimas, sino la pedagogía, una cuestión en la que de hecho hizo hincapié De Grieff, al indicar que algunos manuales mantenían la idea de una "responsabilidad simétrica" al hablar de la represión franquista. Los jóvenes "han de saber de dónde venimos", dijo Calvo, han de conocer "cómo hay que trabajar cada día por las libertades y los derechos y por expandir la democracia, y eso requiere información y certeza, de lo ocurrido y de lo que no puede volver a ocurrir nunca más". De ahí que la ley contemple la incorporación de la memoria al currículum educativo y de formación del profesorado, o que se transforme el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid en un Panteón de España, a semejanza del que existe en París, que reconozca a los hombres y mujeres que contribuyeron a la democracia del país. Calvo puso el ejemplo de Clara Campoamor, cuya lucha como diputada permitió que se reconociera el sufragio femenino en 1931. 

El anteproyecto se someterá ahora a consultas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, con la idea de que el texto pase de nuevo por el Consejo de Ministros "a finales de año o principios de enero" y comience su andadura en el Congreso en el siguiente periodo de sesiones, en febrero. De este modo, si se cumplen los plazos que se ha dado el propio Ejecutivo, habría nueva ley aprobada para el verano del 2021

¿Cuáles son las claves del texto que este martes vio la luz? La primera de ellas es quizá el mismo rótulo de la norma. Se llamará ley de memoria democrática, y no rescata el término de memoria histórica con que se resumió la ley 52/2007 de Zapatero. El propósito es "elevar el foco", que la vista se proyecte no solo sobre la Guerra Civil y la dictadura, sino que ponga en valor la historia democrática del país. Pero, a su vez, pretende la reparación total de las víctimas de la contienda y del régimen. 

1. Régimen sancionador

Entre 200 y 150.000 euros

Es una de las novedades que incorpora la norma del 2020 respecto a la del 2007. Ahora se prevé un régimen sancionador por los incumplimientos de la norma, gradual, que comprende desde los 200 euros, para las infracciones más leves, hasta los 150.000 euros, para las más graves. 

Entre estas últimas (de 10.000 a 150.000 €), según indicaron fuentes del Ejecutivo, se encuentra el traslado de víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura sin autorización administrativa, la destrucción de fosas comunes, la destrucción o menoscabo de lugares declarados de memoria democrática, la remoción de vestigios erigidos en recuerdo de las víctimas, o la falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios públicos abiertos, de actos de exaltación de la contienda o del régimen que entrañen "descrédito, menosprecio o humillación" de los represaliados o de sus familiares, o la convocatoria de actos, campañas de divulgación o publicidad que sean contrarios a la normativa de memoria o inciten a la exaltación del franquismo. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 2.000 y 10.000 euros y las leves, con castigos de entre 200 y 2.000 euros

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este 15 de septiembre tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa. / david castro (el periódico)

2. Ilegalización de la Fundación Franco 

No al enaltecimiento de la dictadura

El texto, cuando esté aprobado, introducirá una modificación de la ley de asociaciones para actuar contra aquellas entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura. Es decir, que las entidades que o bien reciban fondos públicos o que aun no recibiéndolos "promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales" serán ilegalizadas, algo que ya ocurre en otros países europeos, resaltó Calvo. 

Las multas, entre 200 y 150.000 euros. El régimen sancionador no estaba en 2007

Quien planteará la "extinción" de fundaciones como la Francisco Franco (FNFF), que ya ha anunciado que irá a los tribunales para impedir su desaparición, será el Ministerio de Cultura. La FNFF no recibe aportaciones públicas, pero sus socios sí se benefician de descuentos fiscales. Además, la fundación posee un archivo documental privado de cerca de 30.000 documentos

3. Nulidad de los juicios franquistas

La reparación a Lluís Companys

La norma declarará la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas, que asimismo se declaran ilegítimos. 

Por esta vía, se anulará el juicio al 'expresident' de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940. El jefe del Govern, Quim Torra, había pedido al Estado que pidiera perdón, pero Calvo repitió este martes que la mejor forma de reparación al exlíder catalán es declarando nulo su proceso

4. Exhumación de las fosas comunes

La responsabilidad es del Estado

Se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado (y no a las entidades memorialistas), "sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas". Calvo recordó que hay 12 leyes autonómicas vigentes sobre memoria democrática, de tal manera que el Gobierno quiere coordinarse con todas las administraciones, pero con esta norma el salto que se da es que ahora todos los responsables públicos están concernidos.

El Gobierno estima que podría rescatar entre 20.000 y 25.000 víctimas de las fosas

Se incluyen asimismo medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, "para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares". También se dispondrá de un censo oficial de víctimas, porque es un "deber democrático" saber cuántos murieron en combate y en los 40 años posteriores. 

El Gobierno estima que entre 20.000 y 25.000 cadáveres se podrían exhumar a lo largo de una legislatura o legislatura y media. Aquí la diferencia respecto a 2007 es claro: ya no serán las asociaciones de familiares las que luchen para la apertura de las fosas comunes, sino que será el Estado quien se pondrá en cabeza para la recuperación de aquellos represaliados por el régimen.

Para hacerlo posible, habrá una especie de periodo de transición. El Gobierno, hasta la aprobación de la ley, irá destinando recursos para la apertura de fosas en forma de subvenciones. De hecho, el pasado sábado se convocaron las ayudas para las actividades destinadas a la recuperación de la memoria, 750.000 euros, de los que el 60% se destina a la exhumación de fosas y el 40% restante a proyectos de investigación, jornadas, congresos, publicaciones o bien otro tipo de actividades de divulgación. En los siguientes años, ya se incluirá en los Presupuestos, pero con la ley se elaborarán planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas. 

Trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja, una de las mayores del franquismo, en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, el pasado 17 de junio. / EUROPA PRESS

5. UNA FISCALÍA DE SALA EN EL SUPREMO

Mayor rango de defensa de las víctimas

La norma alumbra una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos acaecidos en la Guerra Civil y en la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que "constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario". Esta Fiscalía de Sala "tendrá las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia". Será un órgano, indicaron fuentes del Gobierno, "proactivo", y ante el que se podrá interponer denuncias. 

Habrá un censo oficial de víctimas y un banco de ADN y la Fiscalía de Sala impulsará búsquedas

La vicepresidenta recordó cómo desde la llegada de Pedro Sánchez al poder ha ido ganando peso la memoria histórica, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó a cero en cuanto a consignación presupuestaria, lo que supuso, durante sus años en el poder, una muerte práctica de la ley de 2007. Sánchez otorgó a esta materia rango de Dirección General, incardinada en el Ministerio de Justicia, la pasada legislatura, y ahora ya está bajo el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que pilota Calvo, que cuenta con un secretario de Estado, el almeriense Fernando Martínez, y una dirección y subdirección generales. Es decir, que se ha ido potenciando la estructura y los recursos destinados al rescate de la memoria. 

El gran escollo puede ser la ley de amnistía, de 1977, que permitió la salida de los presos políticos del régimen pero que con el paso de los años se convirtió en un muro para la investigación de los crímenes de la dictadura. El Gobierno apunta que la nueva Fiscalía de Sala será un instrumento "potente", que para su activación exigirá de una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Calvo precisó que la norma de 1977 no se toca, pero la nueva ley de memoria "garantizará que se pueda investigar" bajo la cobertura del derecho a perseguir las violaciones de derechos humanos, reconocido en el Derecho Internacional Humanitario. 

6. REVOCACIÓN DE CONDECORACIONES O TÍTULOS

Fuera las medallas a 'Billy el Niño' o el Ducado de Franco

Las administraciones públicas "adoptarán las medidas necesarias para la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la memoria democrática", reza la norma. El anteproyecto suma medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial.

Por esta misma razón, se regula la revocación de "distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación" de la contienda civil o del franquismo. Así, medallas pensionadas como las que se condecieron al torturador 'Billy el Niño' serán retiradas, incluso tras su muerte (el expolicía falleció en mayo por coronavirus). Lo que no hará el Gobierno es retirar el título a aquellos, "pocos", intelectuales, académicos o científicos a los que el régimen condecoró. Sí se quitarán por tanto las distinciones a los personajes "imprescindibles" para el golpe de Estado o la represión posterior. El Ducado de Franco, que desde 2018 ostenta Carmen Martínez-Bordiú, tras el fallecimiento de su madre, Carmen Franco, hija del dictador, desaparecerá. 

7. EL VALLE DE LOS CAÍDOS, UN CEMENTERIO CIVIL

Los benedictinos saldrán de Cuelgamuros

El Valle de los Caídos dejará de ser lo que es hoy. Se caminará hacia su "resignificación" con una finalidad pedagógica —"resignificar es explicar el conjunto del monumento", insistían desde el Ejecutivo— y se reconocerá el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. El gigantesco mausoleo levantado por los represaliados del franquismo, icono de la dictadura y tumba del dictador hasta su exhumación el año pasado, alberga una enorme cripta con los restos de al menos 33.800 víctimas de ambos bandos. El osario se convertirá en un cementerio civil que solo podrá acoger cadáveres de fallecidos por la Guerra Civil. Se reubicará al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, para que abandone el lugar preeminente del recinto en el que Franco lo ubicó, a los pies del altar mayor. En ningún lugar del complejo podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra, de sus protagonistas o de la dictadura. 

La resignificación del Valle llevará su tiempo. Ahora "no está encima de la mesa" quitar la enorme cruz

La presencia de la comunidad benedictina, dijo Calvo, es "incompatible" con la conversión a cementerio civil. De esta manera, se declará extinguida automáticamente la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y se dictará por real decreto un nuevo marco jurídico. El administrador del recinto seguirá siendo su actual titular, Patrimonio Nacional. Después se avanzará hacia su resignificación. El Gobierno se toma un tiempo de "reflexión" para ver qué hace con Cuelgamuros. Derruir la enorme cruz que preside el mausoleo, de 150 metros de altura, "no es un tema que esté encima de la mesa", sentenciaron fuentes del Ejecutivo, aunque todo dependerá de ese "proceso de reflexión". El planteamiento es "explicar el monumento en su conjunto" y eso incluye la cruz de piedra, la expresión más viva del nacionalcatolicismo. 

8. ARCHIVOS Y ESCUELAS

La labor pedagógica

"Nunca más" es otra de las máximas que persigue la ley. Bajo esa premisa del deber de memoria como garantía de no repetición, las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para la retirada de símbolos franquistas. 

Tumba de José Antonio Primo de Rivera, el 29 de octubre de 2019, primer día de apertura del Valle de los Caídos tras la exhumación de Franco.  / josé luis roca (el periódico)

Pero también se recogen acciones en el plano educativo. Así, se actualizarán los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato —la ley que acabará con la Lomce del PP está en trámite en el Parlamento ahora mismo—, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el "conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades públicas". La ley contempla la constitución de una fundación del sector público, para dar a conocer, difundir y promocionar la historia de la democracia española a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales. También se asegurará el acceso a los fondos documentales de los archivos hasta el momento de entrada en vigor de la Carta Magna. 

9. DOS FECHAS DE TRIBUTO

8 de mayo y 31 de octubre

La ley señala dos fechas en el calendario. Dos días para el recuerdo cada año: el 31 de octubre, porque fue ese día de 1978 cuando las Cortes Generales aprobaron la Constitución española actual. Ahora quedará como la jornada de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y tributo a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. Se ha elegido esa fecha por la lucha de los antifascistas españoles en Europa. 

10. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tributo a mujeres, gitanos, LGTBI y exiliados

El anteproyecto reconoce "el papel activo y singular de las mujeres españolas como  protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, así como la represión específica y el sufrimiento infligido por el hecho de ser mujeres".

La memoria se incorpora a los currículos de Bachillerato y ESO

Este reconocimiento, subraya el Gobierno, es "transversal" en todo el anteproyecto. El texto también recuerda a los que sufrieron "particular represión por su etnia", los gitanos, y a los que, por razones de diversidad sexual, fueron también represaliados.

Además, para reparar a todos los que padecieron el exilio, se dispone "una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia". Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

11. LA REPRESIÓN ECONÓMICA

Inventario de los bienes expoliados

Además, la norma promoverá el inventario de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Se harán auditorías para reconocer a los afectados, incluyendo bienes incautados a organizaciones políticas durante el franquismo.