Torra anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno por "quedarse" con el superávit de los ayuntamientos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de "apropiarse" de remanentes municipales. El Govern reacciona así ante el decreto ley aprobado por el Ejecutivo español para utilizar el superávit de los ayuntamientos para hacer frente a la crisis causada por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha anunciado en una carta que ha dirigido a los alcaldes de Catalunya, en la que se hace eco del acuerdo firmado por Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a fondo perdido.

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Torra, en su carta a los alcaldes, subraya que en los últimos meses ha reclamado "insistentemente" a Sánchez que "permita a todos los ayuntamientos de Catalunya la utilización de la totalidad de los remanentes municipales para poderlos destinar a desarrollar políticas de emergencia social" ante la crisis del coronavirus.

"Lamentablemente, hemos sabido que el Gobierno del Estado español no solamente no ha escuchado la demanda del Govern de la Generalitat y de la gran mayoría de los ayuntamientos de Catalunya, sino que, en una decisión unilateral, retendrá para sí mismo los remanentes de vuestros municipios", denuncia en la misiva.

Según Torra, el Estado "se apropia" de la "buena gestión de muchos ayuntamientos y se lleva para un uso que desconocemos miles de millones de euros de Catalunya que servirían para invertir" en pueblos y ciudades.

Anima a los alcaldes a denunciar

Ante este "agravio", señala Torra, el Govern "iniciará todos los trámites legales necesarios para recurrir esta decisión, así como la interposición del recurso de inconstitucionalidad pertinente".

Torra ofrece su apoyo a los alcaldes que emprendan también "acciones legales" para "hacer frente a este gravísimo perjuicio" a los ciudadanos de sus municipios.

"Os pido que emprendáis todas las acciones para impedir y evitar que el Estado pueda utilizar, de forma injusta, insolidaria y unilateral, los recursos que deben ser destinados a la mejora de los servicios y la atención" de los ciudadanos de cada municipio, añade. 

El convenio firmado entre el Gobierno y la FEMP ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado: los consistorios dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021; el resto del dinero de los remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022.

La propuesta de Hacienda suscitó el rechazo del resto de partidos con representación en la Junta de Gobierno de la FEMP (PP, Cs y PDECat), que entienden que el acuerdo abandona a los ayuntamientos sin liquidez, mientras que IU-Podemos optó por la abstención.