22 sep 2020

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La movilización del superávit municipal requerirá el aval del Congreso

El BOE publica el decreto acordado con la FEMP, que solo contó con el apoyo socialista

Agustí Sala

La movilización del superávit municipal requerirá el aval del Congreso

El Gobierno ha transformado en decreto ley, que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMPpara la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos.

Eso significa que la norma tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para ser convalidada. En estos momentos, la votación está complicada, ya que en la FEMP solo se aprobó con el voto del PSOE y gracias al voto de calidad del presidente del organismo municipalista, Abel Caballero, que ayer firmó el acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La medida ha sido criticada duramente por la oposición, especialmente por el PP, pero también contó con la abstención de los socios de Gobierno, Unidas Podemos

El Consejo de Ministros aprobó el martes el texto, que incluye medidas con carácter extraordinario, para las entidades locales. Según se recoge, la norma permitirá movilizar hasta 5.000 millones de los 14.000 millones que los ayuntamientos tienen en remanentes de tesorería y superávit. Deberán destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.

Con ello, el Gobierno defiende que "muestra su compromiso con las entidades locales al atender una de las peticiones históricas", que "refuerza la autonomía local al incrementar sus ingresos" para responder "a las necesidades de los ciudadanos en un momento de emergencia sanitaria".

Préstamo

El Ejecutivo transferirá a las entidades locales que cedan a modo de préstamo sus excedentes al Estado un máximo de 2.000 millones en el 2020 y 3.000 millones en el 2021. A partir del 2022, el Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años. 

Además, el decreto incluye otra serie de medidas que "buscan aliviar la presión sobre las arcas municipales". En concreto, contempla que ante la grave situación provocada por la pandemia, "excepcionalmente no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto para las entidades locales durante el ejercicio 2020" y "se permitirá también excepcionalmente prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávits de 2018".

Asimismo, también se recoge que en el próximo curso político se constituirá una mesa de trabajo técnica entre la FEMP y el Gobierno para sentar las bases de la reforma del sistema de financiación local. El Ejecutivo también se comprometió a que los entes locales participen en el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción

Por otra parte, el acuerdo contempla que en los Presupuestos Generales del Estado se incluirá un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal durante el estado de alarma, que puede llegar a los 400 millones.

Diputaciones al rescate

El acuerdo establece igualmente bmecanismos para que las diputaciones provinciales y entidades equivalentes den apoyo a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero. Para ello, se crean dos instrumentos, con los que se permitirá "formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos para financiar el remanente de tesorería negativo que presenten dichas entidades al cierre del ejercicio de 2019".

También se dejarán realizar, "con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes a estos consistorios con problemas, de carácter finalista, considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto".