EN EL CONGRESO

Nacionalistas y Podemos impulsan una investigación sobre el espionaje político

El Congreso de los Diputados, semivacío, durante la comparecencia de Sánchez para explicar la declaración de estado de alarma.

El Congreso de los Diputados, semivacío, durante la comparecencia de Sánchez para explicar la declaración de estado de alarma. / EFE / MARISCAL (POOL)

EL PERIÓDICO

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Las últimas informaciones publicadas en varios medios sobre el espionaje a líderes políticos catalanes a través de sus teléfonos móviles han llevado a varios partidos nacionalistas y a Unidas Podemos ha solicitar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios de JxCatERCCUPEH BilduPNVMás PaísBNG y Compromís con el respaldo de uno de los partidos del Gobierno registraron este lunes la petición esclarecer el espionaje y la "intromisión a la privacidad y la intimidad de líderes políticos, instituciones y personas por parte de las estructuras del Estado".

La iniciativa ha surgido después de que hace unos días se conociera  que el teléfono móvil del presidente del Parlament, Roger Torrent, fue espiado mediante un programa llamado Pegasus que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. La exdiputado de la CUP Anna Gabriel o el miembro de la ACN Jordi Domingo fueron objeto de las mismas prácticas. 

"Intromisiones ilegales"

En el escrito presentado explican que el objetivo es conocer "al menos" la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas investigaciones e "intromisiones ilegales" así como la "responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas de los departamentos de DefensaInteriorExterioresJusticia y vicepresidencias anteriores y la vinculación de estas estructuras con el espionaje".

Además,  los partidos aseguran que, a pesar de que los poderes públicos han negado cualquier vinculación con los hechos, "es sabido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNI utilizaban el software para la intromisión en terminales móviles y dispositivos electrónicos". En concreto, remarcan que "debido a una filtración interna de más de más de 400 correos, se hizo público que el Gobierno era cliente –al menos hasta el año 2015- de la competidora italiana de NSO, Hacking Team". Esta información, añaden, se suma a un "largo y oscuro historial" de presuntas intromisiones ilegales de diferentes personalidades –privadas y públicas- y gobiernos por parte de organismos oficiales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Los de Pablo Iglesias se han sumado a esta medida después de que en las útimas semanas exigieran la creación de una comisión sobre las llamadas "cloacas del estado" y la "policía patriótica" y su implicación en el robo de la tarjeta de teléfono a una colaboradora del líder de Unidas Podemos en el año 2014. 

Peticiones en el Parlament

Por otro lado, ERC y la CUP registraron en el Parlament la petición de comparecencia de los ministros que han ocupado estas carteras desde el 2016 hasta la actualidad. Los dos grupos parlamentarios han solicitado las comparecencias en la comisión de estudio sobre los derechos civiles y políticos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y sus antecesores María Dolores de Cospedal y Pedro Morenés; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz; la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y Josep Borrell, Alfonso María Dastis y José Manuel García Margallo. Por otro lado, quieren que comparezca un representante de la dirección de NSO Group; John Scott-Railton, de Citizen Lab; Sam Jones, corresponsal en Madrid del diario 'The Guardian' y Joaquin Gil, periodista de investigación de 'El País', los dos periódicos que destaparon el caso.