La tensa decisión de confinar Lleida

La gestión del brote de covid-19 en la comarca ilerdense del Segrià, que llevó a su confinamiento perimetral el pasado sábado, 4 de julio, supuso algo más que una sobretensión sobre las ya deshilachadas suturas del pacto entre Junts per Catalunya y ERC. Fue, sobre todo, un debate abierto sobre cómo se deben afrontar esta y futuras reapariciones a mediana y gran escala del coronavirus. Una cuestión más que delicada que se entrecruza con otros aspectos, como la presencia de trabajadores temporales en la comarca de Lleida. Queda claro que ni su estatus laboral, ni muchísimo menos su raza, han ayudado a la expansión del virus. Pero sí el sistema de estos trabajadores, cohabitando en grupo en pabellones y socializando, lógicamente, al acabar la jornada.

Desde que se dispararon las alarmas en el Govern, chocaron las dos doctrinas, la de los posconvergentes y la de los republicanos. Los primeros, en especial el 'president', Quim Torra, que usó el aval científico como ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez cuando este asumió las competencias autonómicas en Interior y Sanidad, abogó por mantener la coherencia y aplicar las medidas estrictamente epidemiológicas más duras. ERC, con el vicepresidente y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès a la cabeza, defendió una mayor gradualidad. "Los políticos son políticos, no médicos, y tienen que hallar un punto medio que no detenga la economía del país. Porque si se detiene, las consecuencias, también sanitarias, por el empobrecimiento, serán peores", señala una voz republicana.

El viernes 3 de julio, en una entrevista en RAC-1, la 'consellera' de Salut, Alba Vergès, dijo que no se iba a confinar la comarca del Segrià. "Tal y como dijo Felipe González, lo que dijo Vergès fue 'de momento no'", señala esta misma voz, que reconoce que la introducción de matices son contraproducentes porque se precisan mensajes claros. La idea de los republicanos era aplicar otras medidas previas al confinamiento del Segrià para calibrar la reacción y, si era necesatio, dejar este para el final, algunos días más tarde de lo que, finalmente, se hizo. Pero las cifras de ese viernes se dispararon y las tensiones se visualizaron con toda su crudeza. Ambos lados del Govern reconocen el choque frontal.

Dos reuniones

Tuvieron lugar dos reuniones del Ejecutivo catalán. La que se celebró por la mañana fue, según fuentes consultadas, conflictiva. En la cita vespertina, Torra insistió en la necesidad de confinar. "El 'president' dio la orden para que Salut reaccionara y confinara, fue así. Dos veces dijo la 'consellera' el viernes que no confinaría y no sé cómo dice eso cuando el debate estaba sobre la mesa", afirma una fuente de JxCat en el Govern. Una vez se dio la orden, el debate terminó y Vergès acató sin más la decisión, añade esta fuente.

Otra fuente de JxCat asegura que Vergès tampoco veía claro el confinamiento inicial en marzo y el cierre de las escuelas. Es más, sectores republicanos tampoco aplauden en privado la obligación de llevar mascarilla siempre que el pasado jueves entró en vigor. "No podemos meter a toda la gente en casa indefinidamente. Es un desastre", apuntan los republicanos. "Nos hemos avanzado siempre", afirmó Torra el miércoles en el Parlament. Salía así al paso de las críticas de toda la oposición y de buena parte de los alcaldes del Segrià por cómo ha gestionado el Govern el confinamiento de esa comarca, decidido con pocas horas de antelación.

En el Govern existe una evidente autocrítica respecto a la gestión de la crisis del Segrià, que, entre otros efectos, tuvo el de centenares de ciudadanos regresando a sus domicilios en esa comarca a marchas forzadas durante el mediodía del sábado. Y, por ello, en el Palau de la Generalitat ahora no se descarta ninguna medida nueva en función de la evolución del número de casos.

Sinfín de ataques

Según esta versión, Vergès no es partidaria de las prohibiciones como criterio de entrada. "Le cuesta tomar este tipo de decisiones más drásticas, como le costó confinar la Conca d'Òdena", añaden las fuentes consultadas, que se quejan de que la titular de Salut no defina con detalle las medidas concretas a adoptar en determinadas ocasiones, como en el uso obligatorio de la mascarilla. Y le reprochan, por ejemplo, que se negara en su día a realizar tests obligatorios a los docentes cuando se decidió una apertura parcial y limitada de los centros escolares en junio.

La situación vivida en el Govern por este caso no es una excepción. JxCat y ERC se entrecruzan reproches sobre las 'conselleries' ajenas. Contribuye a este clima el hecho de que la pandemia estallase cuando el propio Torra había dado ya por amortizado el pacto de legislatura. De ahí el sinfín de ataques cruzados que se han vivido en los últimos meses: de JxCat a Vergès y el titular de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, por las residencias de la tercera edad; también de los posconvergentes al 'conseller' de Educació, Josep Bargalló, por su gestión de la reapertura de los colegios; de ERC a la portavoz del Govern, Meritxell Budó, por sus anuncios de miles de tests que se quedaban en decenas; y también de los republicanos al responsable de Interior, Miquel Buch, por aspectos relacionados con los Mossos.

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