La defensa pide que no se cargue sobre Trapero la "impotencia" y el "egoísmo" del Estado

Tras 10 horas de informe, la abogada Olga Tubau, que defiende al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana, acusados de sedición, no pudo reprimir la emoción y recordó las palabras del exministro de Justicia Manuel Alonso Martínez de que "un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia y egoísmo del Estado, y esto es algo que los tribunales pueden evitar", y agregó: "les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria". La fiscalía reclama para e mando policial 10 años de prisión y cuatro años para la agente. El juicio quedó visto para sentencia.

En una minuciosa intervención, la letrada afirmó que el Estado sabía que la policía de la Generalitat "no podía por si sola" cumplir el mandamiento judicial de impedir el referéndum unilateral del 1-O y que, por esta razón, envió efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Catalunya. El "fallo" en la actuación de ese día, en su opinión fue de los tres cuerpos policiales. La letrada recalcó que el operativo que se organizó para frenar la consulta soberanista era "conjunto" y que en las reuniones de coordinación el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos no cuestionó en ningún momento los planes de la policía catalana de enviar un binomio de agentes a los centros de votación. 

La defensora insistió que Trapero no tuvo "ninguna voluntad de desobedecer" pese a las discrepancias que tenía con Diego Pérez de los Cobos, y que el cuerpo dejó claro días antes del 1-O que cumplirían con las órdenes judiciales. "Si alguien de Catalunya creyó que los Mossos apoyarían el referéndum y el 'procés' es que estaba tomando sus deseos por realidades", incidió Tubau. La abogada reprochó que  Policía Nacional y Guardia Civil utilizaran la fuerza para desalojar los centros electorales, pues "de continuar la votación, esta no tenía ninguna consecuencia jurídica, era papel mojado”. 

Asedio en Ecomomia

Según esta jurista,  el mando policial acusado  no obstaculizó el registro de la sede de la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre del 2017, en una diligencia ordenada por el juez de Barcelona que investigaba los preparativos del 1-O. La letrada detalló que cuando la policía de la Generalitat tuvo conocimiento que en el interior de los coches de la Guardia Civil aparcados en la puerta del edificio había armas, se dispuso que un helicóptero sobrevolara la zona para controlar esta situación.

Los Mossos no fueron avisados hasta primera hora de la mañana de que ese día se iban a realizar una cuarentena de registros. Miles de personas protestaron por esta acción, lo que provocó que la Conselleria d'Economia fuera rodeada por una multitud de personas. La letrada ha concretado las llamadas que se cruzaron Trapero y el entonces presidente de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. En toral, unas 17. La abogada ha explicado que el mayor dio orden que los agentes hicieran un pasillo para que pudiera salir la comitiva judicial y al ver que era imposible  requirió para que se buscara una alternativa. "Trapero no dio ninguna excusa", argumentó. Al final, los funcionarios judiciales pudieron abandonar el inmueble por la azotea.

Operativo hippie, pero no un engaño

Tras la intervención de la defensa de Trapero, le tocó a los letrados del resto de acusados: el abogado Cristobal Martell, defensor del exdirector general del cuerpo policial, Pere Soler, y Fermín Morales, representate del exsecretario de la Conselleria d’Interior Cesar Puig. Los dos niegan la existencia del delito de sedición, como les atribuye la fiscalía, que reclama para ellos 10 años de cárcel.

Martell aludió a que Soler no participó en la  planificación del operativo del 1-O que, a su entender, tampoco fue una "simulación" para favorecer el referéndum, tal y como alega la fiscalía. "Se abstuvo", precisó, para defender que no existen pruebas para sostener la acusación de sedición contra su representado. "Aceptar el cargo de director de la policía es lo único que tiene la fiscalía", aseveró.  El letrado negó  "radicalmente" que el exdirector de la policía intentase "alinear" al cuerpo en favor de la independencia de Catalunya e indicó que el dispositivo que diseñaron para impedir el referéndum ilegal del 1-O "podrá parecer muy hippie", pero lo que no fue es "un engaño". 

"En esta guerra no estaba Pere Soler", dejó claro el letrado, pues ni participó en la "génesis" de los documentos policiales de los Mossos,  ni en las reuniones en las que Trapero y otros mandos policiales "conminaron" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a que desconvocaran el referéndum. "Me perdonará mi patrocinado, pero no estaba en el escenario, no estaba", ha dicho.

Fermón Morales defendió, por su parte, que Cesar Puig "no se comportó de manera sediciosa, ni desobediente" ante los mandamientos del Tribunal Constitucional y que no hay pruebas de que participara en una "alzamiento tumultuoso, ni en una incitación del mismo". El abogado aseguró que su representado hizo todo lo posible para dotar de medios a la policía de la Generalitat para impedir el 1-O. También esgrimió que el exalto cargo no dio nunca ninguna orden o instrucción a los Mossos porque, entre otras cosas, no tenía ninguna función de mando operativo sobre él. De hecho, insistió, que sus competencias estaban centradas, sobre todo,  en la gestión económica y en los planes de contingencia.