EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Fiscal: "Trapero puso a los Mossos al servicio del plan secesionista"

La acusación pública sostiene que la excúpula del cuerpo policial "permitió" la "actuación popular de confrontación" con el Estado

En su informe final, el ministerio público esgrime sus argumentos para imputar el delito de sedición al jefe de la policía de la Generalitt

Josep Lluis Trapero, el pasado mes de enero, saliendo de la Audiencia Nacional.

Josep Lluis Trapero, el pasado mes de enero, saliendo de la Audiencia Nacional. / JOSÉ LUIS ROCA

6
Se lee en minutos
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

Escribe desde Barcelona

ver +

Los fiscales de la Audiencia Nacional Ángel Carballo y Pedro Rubiana situaron este lunes al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en un puesto clave en el proceso independentista y calificaron la actuación de la policía de la Generalitat de "indispensable" en el referéndum unilateral. En su informe final, esgrimieron que este mando y la excúpula política de la policía catalana "no solo omitieron toda actuación tendente a evitar" la consulta soberanista del 1-O, "sino que contribuyeron a poner a los Mossos al servicio del plan secesionista" en connivencia con los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, y "desde luego permitieron y previeron la actuación popular de confrontación con las autoridades del Estado".

La acusación pública quiso dejar claro que el juicio, que entra en su recta final, "no ha sido contra los Mossos", si no a unos jefes que se dedicaron a hacer "otras cosas diferentes a las que tenían que haber hecho", destacando que la "única responsabilidad individual y personal" es del mayor Trapero, del exdirector general del cuerpo policial Pere Soler y del exsecretario de la Conselleria d'Interior César Puig, los tres acusados de sedición junto con la intendente Teresa Laplana. El fiscal Carballo recalcó la "pasividad absoluta" de los Mossos durante la jornada de referéndum con el objetivo de "aparentar normalidad" y "garantizar" la consulta con una "actuación ineficaz".

Los fiscales basaron sus argumentos no solo en los hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el 'procés', sino en la justificación jurídica para considerar que la actuación de la excúpula policial acusada no fue rebelión, si no sedición. En este sentido, el fiscal sostuvo que la actuación del mayor de los Mossos el 1-O le sitúa en la "órbita directa" de la comisión de este delito.  

Simple apariencia

A su entender, la actuación de la policía de la Generalitat "fue básica para dotar de apariencia institucional y ejercicio de un derecho democrático el 1-O, cosa que no existió." "No hicieron una actuación contundente", precisó, para añadir que "la excusa de mantener la paz social ha sido un mantra que se ha sentido durante el juicio (...) los Mossos no actuaron para evitar el referéndum", insistió.

Según la acusación, "hubo una actuación de convivencia" con la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, pues "la actuación de los Mossos tenía como objetivo la apariencia del cumplimiento de las resoluciones judiciales encaminadas a impedir el referéndum".  Para Carballo, la policía autonómica actuó con "tibieza" y "dejación consciente y voluntaria" de sus obligaciones. "Era evidente que no había ningún deseo real de evitar el 1-O", dijo. E hizo mención a la vigilancia y seguimiento de los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

El fiscal subrayó que Trapero dijo que "sintió cierta incomodidad" ante los planes de celebrar la consulta soberanista por parte del Gobierno de Carles Puigdemont, pero se preguntó: "¿Que hizo para no sentirse incómodo?". Con esta interrogación, pretendió poner en duda el plan para detener al entonces presidente catalán que el exjefe de los Mossos ha explicado en la vista y en su declaración como testigo en el Supremo. A la vez, vinculó su ascenso a mayor a la "confianza" que mostraban en él los dirigentes políticos para poder llevar a cabo su proyecto independentista. Los acusados, afirmó, "lo sabían todo y no hicieron nada"

Carballo tiró sus dardos contra el mayor: "La responsabilidad de lo que hicieron los Mossos el 20 de septiembre del 2017 (asedio a la Conselleria d'Economia) y el 1-O es suya". "Es curiosa tanta pasividad ante el referéndum y después que nos diga que estaba dispuesto a detener a Puigdemont", ironizó. Subrayó sobre el 20-S que "fue una consciente dejación del orden público, hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial".

En su opinión, los mandos de los Mossos "se dedicaron a preocuparse por su imagen", pues quería preservarla como "policía del pueblo". "Pero ¿de qué parte del pueblo" ¿De quien estaba del lado de la ley o de la que no?", se cuestionó. Frente a la actuación de Trapero, el fiscal ensalzó la labor del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, por su papel de coordinador del dispositivo policial del 1-O.

El fiscal Pedro Rubira complementó el informe de la acusación pública y desplegó sus argumentos para justificar que se haya introducido como alternativa al delito de sedición el de desobediencia, que evitaría el ingreso en prisión de los acusados al comportar penas de multa e inhabilitación. "Si la fiscalía no introdujera la desobediencia y no hubiera condena por sedición, los acusados serían absueltos", y si eso ocurriera las resoluciones judiciales que se dictaron "quedarían en papel mojado". "Si el tribunal no aprecia sedición sería inmunidad para unos hechos que nosotros consideramos muy graves, como el Supremo. Nuestra pretensión es que no haya impunidad porque se desobedeció", aseveró. Acusó, además, a Trapero de solo "intentar servir al señor" (Puigdemont).

Sedición y  no rebelión

Los fiscales defendieron así  en su informe final sus argumentos para acusar a Trapero, Pere Soler César Puig de presunta sedición, después de que desistieran de seguir atribuyendo a los exaltos cargos el delito de  rebelión en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo por el ‘procés’. La acusación pública ha dejado abierta, además, la puerta para que ningún encausado ingrese en la cárcel, introduciendo como pena alternativa la desobediencia, delito que está solo castigado con multa e inhabilitación.

En cuanto a las condenas solicitadas no supone un gran cambio, porque para los tres principales acusados la petición fiscal inicial era de 11 años de prisión y con la sedición, al aplicarles el tipo agravado de las autoridades, solo ven reducida la propuesta de pena en un año.  La intendente Teresa Laplana estaba ya acusada de sedición y no ha visto modificada la petición fiscal: cuatro años de cárcel. Pero también está afectada por la propuesta alternativa de desobediencia.  Con este delito no habrá pena de cárcel para ninguno de los cuatro acusados, ya que la petición fiscal por él es de un año y ocho meses inhabilitación para cargo público y de multa de 60.000 euros para Trapero, Soler y Puig, y un año de inhabilitación y multa de 30.000 euros para Laplana.

Una defensa contundente

Noticias relacionadas

Tras el informe fiscal, será el turno de las defensas. Trapero desplegó una línea contundente desde que declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, al esbozar un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así le era ordenado tras la declaración unilateral de independencia por la fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a los que incluso mandó sendas cartas para ponerse a su disposición. 

La fiscalía, sin embargo, sostiene que Trapero, Puig y Soler, así como el entonces ‘conseller’ d’Interior Joaquin Forn “idearon conjuntamente” los pasos a segui5 durante los días 29 de septiembre hasta el dia 1 de octubre. Así, a su entender, “aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial”, diseñaron un plan de “actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz” para la jornada del referéndum unilateral, proviendo “la inacción y dejación de funciones” de los miembros de los Mossos. De esta manera, subraya, contribuyeron “de forma decisiva” a la movilización ciudadana que, “con su fuerza coaxtiva”, pretendía “el cumplimiento de sus objetivos secesionistas”, en el marco de “un proceso tutelado por un cuerpo policial armado como los Mossos”.