MARCHA DEL DÍA DE LA MUJER

La jueza archiva la investigación contra el Gobierno por el 8-M

Concluye que el delegado en Madrid «no tuvo conocimiento objetivo» de riesgo para la salud

La causa provocó un choque entre Interior y la Guardia Civil por el cese de Pérez de los Cobos

La juez del 8-M archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. En la foto, José Manuel Franco. / DAVID CASTRO / VÍDEO: EUROPA PRESS

3
Se lee en minutos
Pilar Santos

La investigación sobre la marcha del 8-M, que puso nervioso al Gobierno  y que fue aplaudida desde las bancadas de PPyVox, quedó archivada ayer. La jueza de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no ha hallado indicios de delito contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación ante un posible riesgo de propagación del covid-19. La magistrada considera que, entre el 5 el 14 de marzo, Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».

Rodríguez-Medel comunicó el sobreseimiento provisional después de semanas de instrucción en las que pidió documentación a todas las administraciones y organismos implicados en garantizar la salud pública (el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, entre otros), a un forense y a la Guardia Civil. La participación del instituto armado en esta investigación provocó una grave crisis interna a raíz de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ordenar el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid y de los agentes que ejercieron como policía judicial. 

Acusación de injerencia

El informe de los guardias civiles incluyó severas críticas al delegado del Gobierno en Madrid (el único imputado) y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según fuentes del entorno de Pérez de los Cobos, el ministro del Interior reclamó, a través de terceras personas, información sobre el documento que preparaban los guardias civiles y, al no conseguirla, decidió su destitución. En la nota oficial de su cese, publicado por El Confidencial, se lee que se debió a que no informó «del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento».

Tras este terremoto institucional y político, con críticas a Marlaska por injerencia, llegó el archivo de una causa que se inició a raíz de una querella del abogado Víctor Valladares, presidente de la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC).

El reproche de la jueza

El sobreseimiento provisional, que van a recurrir tanto la AGCcomo la  Asociación de Consumidores y Usuarios y la Unión de Oficiales de Guardias Civiles, se ha comunicado dos días después de que la jueza tomara declaración al delegado del Gobierno en Madrid. Rodríguez-Medel no ve delito de prevaricación administrativa y fundamenta que Franco «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular [la marcha del 8-M] y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario». La juez sí reprende al representante del Ejecutivo de Sánchez en Madrid por su «permanente y absoluta» inactividad jurídica ante la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas que, subraya, «aumentaron el riesgo de contagio del coronavirus covid-19; es decir, supusieron un riesgo para la salud pública». 

130 concentraciones

La magistrada señala que las resoluciones administrativas dictadas por el delegado del Gobierno sin acordar prohibiciones o precauciones dieron lugar a que se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo en Madrid.

Noticias relacionadas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiso «valorar decisiones judiciales», pero se mostró «convencido» de que los españoles son conscientes de que «el Gobierno lo ha hado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar el virus».

Más locuaz estuvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, «No teníamos ninguna duda de que esa causa se iba a archivar porque en ningún momento por parte del delegado del Gobierno se ha cometido ningún hecho delictivo», declaró. Para Robles, el hecho de que haya habido una investigación puede dar más tranquilidad. La ministra calificó de «mezquinas» las acusaciones contra el Gobierno y, aunque admitió que «se han podido cometer errores», añadió que actúa «siempre con arreglo a las recomendaciones de los expertos y al conocimiento que había en dada momento».