El delegado del Gobierno madrileño niega que hubiera elementos para prohibir el 8-M

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel que su actuación en relación con las concentraciones en Madrid siempre estuvo basada en el criterio de los expertos sobre la evolución del coronavirus y en la ley, y "en aquel momento no había ningún elemento para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" en relación con el Día de la Mujer, cuando en los mismos días en que se estaban produciendo "muchos acontecimientos" en la capital no relacionados con las libertades constitucionales. 

"No puedo considerarme responsable del 8-M, porque en ese momento no había ningún elemento en aquel momento que me llevara a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental. No había ninguna recomendación que llevase a prohibir el derecho de manifestación y no está acreditado en ningún momento que el incremento de casos del día 9 tuvieran que ver con la manifestación del día 8, porque está acreditado por los expertos sanitarios que el contagio tarda en manifestarse 14 días", aseguró ante los medios, entre los que se coló uno de los dos manifestantes que se concentraron en los juzgados con pancartas de "feminazis". 

Franco, que declaró ante la jueza durante aproximadamente hora y media, explicó que siempre ha "intentado cumplir con las obligaciones" propias del cargo de delegado del Gobierno. En este sentido, lamentó profundamente" no poder estar hablando "en positivo" de "la salida de las crisis, como la gestión de las ertes o el ingreso mínimo vital" y tener que estar dando explicaciones por su imputación por un delito de prevaricación administrativa. 

Durante el confinamiento ha ido conociendo los distintos informes de la Guardia Civil y del forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid antes de poder declarar directamente ante la magistrada, diligencia que suele ser con la que se inician los procedimientos surgidos a partir de denuncias de particulares, como fue este caso. Los documentos fueron solicitados por la magistrada, pese a que los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma. 

Informes varios

Al ser preguntado por ellos, el delegado del Gobierno mostró su respeto por la institución que representa la Guardia Civil, pero no comparte el contenido de su informe. Ni el del instituto armado, cuya repercusión se disparó con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña, ni el del forense son favorables a sus intereses, pues sostienen que ya había advertencias sanitarias que desaconsejaban las concentraciones de personas, extremo del que Franco dijo no haber sido consciente con anterioridad al 8-M.

Según fuentes jurídicas, en un momento de la declaración del delegado del Gobienro la jueza tuvo que llamar la atención a una de las acusaciones personadas ante las reiteradas y continuas preguntas que dirigía al imputado, que se zafó respondiendo que «él no había matado a nadie».

Por su parte, los funcionarios de la Delegación del Gobierno que declararon como testigos detrás de Franco corroboraron que hasta el 11 de marzo no se fue consciente de la gravedad de la situación, aunque hicieran llamadas para desconvocar algunas movilizaciones y lo habitual ser a través de correos electrónicos.

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del imputado, y la fiscalía recurrieron sin éxito la apertura de la causa y la imputación de Franco. La jueza ya ha rechazado las impugnaciones, pero la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid. Tanto la Abogacía como el ministerio público consideran imposible atribuir al delegado del Gobierno un delito que implica la toma de una decisión arbitraria y contraria a la legislación, que se basaría en no haber prohibido el ejercicio del derecho fundamental de manifestación.