25 sep 2020

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Crisis en interior

La Guardia Civil apunta al doctor Simón en sus pesquisas

La Guardia Civil usa el 'off the record' de Irene Montero como prueba para inculpar al Gobierno en el 8-M

El atestado elevado a la jueza Rodríguez-Medel sugiere que el director del CECAES oculta información

Juan José Fernández

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. 

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.  / JOSÉ LUIS ROCA

Los agentes de la Guardia Civil que investigan la relación de la epidemia de coronavirus con la marcha del 8-M quieren leer los correos electrónicos del doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CECAES), y, junto con el ministro Salvador Illa, principal cara sanitaria del Gobierno durante la crisis del coronavirus.

Así lo manifiestan los guardias en una de las principales conclusiones del informe de Policía Judicial que el pasado 1 de junio elevaron a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se muestra en este página. La titular del juzgado 51 de los de la capital instruye una denuncia contra la Delegación del Gobierno en Madrid por permitir el evento feminista.

Documento

Atestado de la Guardia Civil ’caso 8-M’

Atestado de la Guardia Civil 'caso 8-M'

La Guardia Civil ha leído todos los correos de dos cuentas del CECAES, pero manifiestan a la jueza su intención de ir más allá, al quejársele de que "en el canal de comunicación se observan direcciones de correo ‘adicionales’ asociadas al CECAES y distintas de las dos facilitadas (…) entre las que se encuentra la dirección de correo electrónico del propio director del CECAES don Fernando Simón Soria, de la que no ofrecen información alguna".  

Los agentes no llegan a señalar una actuación obstruccionista por parte del Ministerio de Sanidad, pero sí la sugieren en su informe al lamentar "la imprecisión de la información aportada" y que "esto arroja una sensación de incertidumbre para esta instrucción".

Pata de la investigación

Cuarenta y seis páginas del informe policial se dedican a analizar correos e información del departamento que dirige Fernando Simón, con mucha más amplitud e intensidad que la que se pudo ver en el adelanto de este atestado, cuya filtración -y la falta de explicaciones sobre ella, según Interior- propició el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y la mayor crisis política que ha vivido el ministro Fernando Grande-Marlaska.

El atestado concluye también que el CCAES "sabía" desde el 10 de febrero que se debían procurar precauciones sanitarias como guardar distancia de seguridad para prevenir contagios. Esas instrucciones reflejan, según los investigadores, el "grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad".

Las pesquisas en torno a lo que comunicó o no el CECAES a la Delegación del Gobierno son de hecho una de las cuatro patas de la investigación de los guardias. Las otras tres son la toma de declaraciones a funcionarios de la Delegación del Gobierno, los interrogatorios a convocantes de eventos el ocho de marzo y las noticias publicadas por la prensa.

El contenido del informe confirma la sospecha de fuentes del Gobierno en el sentido de que Fernando Simón, director del CCAES, es la pieza que se quieren cobrar las distintas acusaciones impulsadas contra la celebración de las marchas del 8-M, y no solo el delegado del Gobierno en Madrid. La imputación de José Manuel Franco es, interpretan estas fuentes, solo un paso intermedio en la estrategia de querellas en la que participan de forma decisiva Vox y otras entidades más particulares.

Con el Código Penal

"El delegado del Gobierno es el que otorga el permiso para las manifestación. Esta causa trata de que se investigue qué ocurrió entre el 5 y el 14 de marzo pasados –explica el abogado Víctor Valladares, primer denunciante del caso del 8-M-. Se trata de saber en base a qué se permitieron manifestaciones multitudinarias, sin perjuicio de los derechos de las mujeres, de los que soy partidario".

Valladares no niega su presunción de que Simón, e incluso el ministro Illa, tienen responsabilidad en el caso. Y la argumentará en su momento, explica, sobre la base de tres textos legales: la Orden Ministerial 564/2004 de 27 de febrero, que creó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y los artículos 410 y 412.1 del Código Penal, que tratan del auxilio que un funcionario debe prestar a la autoridad gubernativa.

"Habrá que ver qué requerimientos se hicieron al Ministerio de Sanidad antes de autorizar las manifestaciones", pide el abogado denunciante. Y en sintonía con esa opinión están los capítulos 6 y 7 del atestado de la Guardia Civil, los que se dedican a la labor del CCAES.

No obstante, la jueza instructora del caso ya ha se ha negado una vez a admitir acusaciones contra Fernando Simón, si bien sobre la base de que hay otras denuncias investigándose en otros juzgados. La de una abogada de Móstoles hija de un fallecido por Covid-19 ya ha sido inadmitida esta semana.

Crisis vigente

El atestado de la Guardia Civil ha trascendido justo en la jornada posterior a la más tensa sesión parlamentaria que ha vivido Grande-Marlaska. Este jueves, en la resaca, el  ministro Salvador Illa ha negado que Sanidad tuviera "evidencia científica" de la gravedad de la epidemia antes del 8 de marzo como para prohibir actos, tal y como sostiene el informe policial.

Al tiempo, el Partido Popular ha lanzado mociones en ayuntamientos y diputaciones de toda España para exigir la dimisión del ministro del Interior, y JxCat ha registrado una pregunta sobre qué medidas está tomando el ministro para acabar con la "policía política", a la que con las palabras "policía patriótica" se refirieron ayer tanto él como Pedro Sánchez.

La crisis no ha perdido temperatura, y a ello ha contribuido una declaración del ministro de Consumo, Alberto Garzón, considerando que en las Fuerzas de Seguridad del Estado hay "elementos reaccionarios" que "asumen como propio el discurso que invita al golpe de Estado".

Está por verse quién acusa

Esta mañana, en una sucursal madrileña del Banco Santander, el abogado Valladares pagaba de su bolsillo los 1.000 euros de fianza que la jueza Rodríguez-Medel ha solicitado a quienes se quieren personar en la causa como acusación popular.

Era el penúltimo trámite que le quedaba en la fase de personación, que está todavía muy abierta en el caso que investiga la Guardia Civil. Y es por defectos formales… y también por falta de espacio, pues la jueza quiere una sola dirección letrada de la acusación popular, y hay tres entidades pugnando por ella: el propio abogado Valladares, la asociación de consumidores y Usuarios José María de Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

Estas dos últimas han sido requeridas este jueves para que presenten su poder para pleitos y que subsanen un problema con sus firmas digitalizadas. Valladares ya presentó su poder para pleitos el 21 de mayo.

"Fuentes abiertas"

Entre tanto, la jueza Rodríguez-Medel tiene para su lectura un atestado que, con seis anexos, se extiende por 295 páginas. En informe, al igual que el adelanto que trascendió hace una semana, se repite el inusual detalle de que los contenidos periodísticos vuelven a ser base de las averiguaciones policiales.  Para el entorno de la defensa del Gobierno, "pura construcción argumentativa".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en la manifestación del pasado 8 de marzo en Madrid. / BALLESTEROS (EFE)

La información de "fuentes abiertas" ocupa 66 páginas en el informe de la Guardia Civil. La más sonada de ellas, un vídeo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con frases suyas descontextualizadas e informales sobre cómo el temor al virus propició "la bajada" de asistentes a la marcha del 8-M.

La ministra mantuvo una charla informal con una periodista antes de una entrevista en la televisión vasca EiTB, en la que dijo: "O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos".

El informe recoge esas frases de una noticia que ABC publicó la mañana del 1 de junio. Los guardias civiles autores del atestado lo firmaron a las 14:00 del mismo día.

Es también poco usual en los informes policiales un primer capítulo que lleva este atestado, y que se titula "Diligencia salvando errores". Los autores los consideran "errores tipográficos o de consignación", pero se refieren a gruesos fallos que se veían en el primer informe, como la fecha de declaración de la pandemia por parte de la OMS, erróneamente fijada en el 30 de enero, o una declaración del secretario general del sindicato CGT Banca que fue alterada por omisión de detalles en el primer atestado. Para los agentes, los fallos no cambian "en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en en curso".

Nuevo jefe en la Comandancia

En las investigaciones que se recogen en el atestado han participado un capitán de la Guardia Civil como instructor, un teniente como secretario, y cinco agentes comisionados para tomar declaraciones a trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid y a convocantes de distintas marchas y actos públicos para el fin de semana del pasado 8 de marzo.

Todos son guardias destinados en la Comandancia de Madrid, con sede en la localidad de Tres Cantos, donde hoy, en la misma mañana que trascendía públicamente el informe policial, tomaba posesión el nuevo jefe que sustituye al coronel Diego Pérez de los Cobos.

El teniente coronel David Blanes ha ocupado su nuevo despacho sin ceremonia alguna, ni está previsto "ningún fasto", confirman fuentes de Interior. Cuando Pérez de los Cobos dejó su cargo de coordinador de las Fuerzas de Seguridad en el estallido del procés independentista y llegó al mando de Madrid, se hizo una ceremonia castrense.

La elección de Blanes fue rápida, informan fuentes de Interior. El Ministerio barajaba una terna formada por un coronel y dos tenientes coroneles. Tras caerse una de las candidaturas, la Guardia Civil llamó a Blanes, y este aceptó el puesto.