29 nov 2020

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POLÉMICO CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS

La jueza avisa a Interior en la causa del 8-M

Recuerda que la Guardia Civil debe reportarle a ella y "guardar rigurosa reserva sobre sus investigaciones"

Los jueces piden explicaciones sobre la destitución de Pérez de los Cobos por pérdida de confianza

Ángeles Vázquez

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos llega a la Audiencia Nacional, este lunes.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos llega a la Audiencia Nacional, este lunes. / JOSÉ LUIS ROCA

A veces actos simultáneos, sin relación de causa y efecto entre sí, pero vinculados, actúan como una perfecta caja de resonancia. Eso parece haber ocurrido con la destitución "por pérdida de confianza" del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y la advertencia a la Secretaría de Estado de Interior realizada por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, instructora de la causa abierta contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por no haber impedido la manifestación del 8-M en Madrid, pese a la pandemia del covid-19.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan que la providencia en la que la magistrada citaba a declarar como imputado a Franco para el próximo 5 de junio -solo un día después de la reanudación de los plazos procesales- incluía ya ua advertencia a Interior en relación con a quién deben reportar los agentes en funciones de policía judicial: la propia instructora. Y su notificación a las partes personadas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, se produjo antes de conocerse la destitución de Pérez de los Cobos, circunstancia que desde las asociaciones de la Guardia Civil relacionan directamente con el informe presentado el jueves en la causa, aunque el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, lo engloba en una reestructuración del cuerpo.

Las fuentes jurídicas consultadas desvinculan el cese del escrito remitido por la magistrada a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició la investigación del 8-M dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de su deber de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y que no hacerlo puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias y hasta penales. 

Lo sitúan en un contexto de advertencia general contra las filtraciones, aunque haya coincidido en el día con la destitución del que fue coordinador del dispositivo policial del 1-O. El informe sobre el 8-M del Instituto Armado presentado en la causa es muy crítico con la actuación de Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, pese a que contra él no se dirige la investigación. 

Críticas de jueces

La mera sospecha de que la destitución se ha producido por ese informe ha llevado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a hacer un duro comunicado en el que recuerdan al ministro los artículos de la Constitución que impiden remover de sus cargos a los funcionarios que actúan como policía judicial, salvo que así que así lo acuerde el juez o fiscal del caso. 

Además, solicitan que Pérez de los Cobos sea restituido en su cargo hasta que concluya la investigación abierta en el Juzgado número 51 de Madrid y se explique en qué consiste la pérdida de confianza alegada por Interior para justificar la destitución.

Rodríguez-Medel, que instruyó las causas que se abrieron contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes o el líder del PP por sus másteres, admitió a trámite la denuncia de un abogado no ejerciente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los delegados del Gobierno por no impedir actos multitudinarios como el del 8-M, pero únicamente en lo relativo al delegado del Gobierno madrileño, que es el único cuya investigación entra dentro de sus competencias. Eso y el hecho de que rebajara la acusación a un delito de prevaricación, tras retirar el de lesiones, tras recibir un informe forense que negaba causalidad entre la asistencia y el contagio, hacían presagiar que el procedimiento no tendría excesivo recorrido.

Sin embargo, este lunes se citó a Franco como imputado y, como testigos, a varios de sus subordinados en la Delegación del Gobierno. La providencia acababa "constatando que el resultado de algunas diligencais de investigación están difundiéndose en los medios" y advertía a las partes y "al personal" del juzgado que "la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal". A la Policía Judicial le instaba también a "guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiesen sido encomendadas", de las que "solo se informará a esta magistrada". 

Autorización previa

Añadía que ello se oficiaría "en su caso a los efectos oportunos" y ahí entra el escrito remitido al 'número dos' de Interior, en el que dice que desde el primer día de la investigación "dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".

A continuación decía que ya "enfatizó" que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública "debería contar previamente" con su autorización y que sería ella quien decidiría "no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido", algo que, según las fuentes consultadas, suele molestar a los jueces de instrucción madrileños, que ven en esas comunicaciones datos sobre la instrucción que les han sido consultados. 

Como también hacía en la providencia, la magistrada advertía de que incumplir ese deber de sigilo puede "ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar", como las penales, a través de "la correspondiente investigación por parte de este juzgado", según establece el real decreto  que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.