El Gobierno plantea dar más competencias a los alcaldes

El Gobierno quiere abrir ya el melón del debate para un nuevo reparto de competencias entre los tres niveles de la administración. El objetivo, según explicó este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que tanto el Estado como las comunidades puedan traspasar algunas de sus competencias a las ayuntamientos para que estos puedan financiarlas con el excedente de ingresos que les proporciona su modelo de financiación. 

Se calcula que los ayuntamientos suman unos 30.000 millones de euros de excedentes acumulados en los ocho últimos años mientras que tanto la administración central como la autonómica obtienen un agujero presupuestario creciente.

«Abramos el marco competencial de los ayuntamientos, discutámoslo», ofreció Montero durante su intervención en el Congreso de los Diputados al parlamentario Ferran Bel, de JxCat, que la había interpelado. «Y seamos generosos el resto de las administraciones, porque cada vez que se plantea el marco competencial hay gente que se pone nerviosa», observó la ministra. 

Comisión de reconstrucción

La titular de Hacienda emplazó a los diputados a situar el debate en el marco de la <strong>Comisión para la Reconstrucción</strong> que se ha constituido en el Congreso, «o en cualquier otro». Y aludió a la necesidad de flexibilizar la regla de gasto y de  «reformar las leyes de administración local, tanto la de racionalización como la de financiación» en aras a lograr un nuevo «marco competencial constitucional».

La ministra entendió que el diputado Bel asentía desde su escaño cuando ella le preguntó si su grupo estaría dispuesto a debatir qué competencias autonómicas traspasar a los ayuntamientos. «Me alegro de que usted asienta, porque normalmente hay mucha resistencia en esta cuestión», despachó Montero. 

La titular de Hacienda y ministra portavoz del Gobierno defendió que tanto los ayuntamientos como las administraciones autonómicas deben jugar un papel en el diseño del nuevo ingreso mínimo vital que el Gobierno prevé aprobar en la reunión del próximo martes del Consejo de Ministros. Se calcula que la nueva prestación tendrá un coste anual entre 3.000 y 3.500 millones al año.

«Si el Gobierno de España va a poner en marcha una nueva prestación dirigida al núcleo de la desigualdad para las personas que no tienen recursos, hay que hacer un replanteamiento de las competencias.  ¿O vamos a hacer duplicidades y nos vamos a pisar y estorbar?», preguntó de forma retórica. «Habrá que hablarlo, y los ayuntamientos tendrán que jugar un papel en el ingreso mínimo vital, igual que las autonomías, porque la política social está compartida entre las tres administraciones», remató.