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Los alcaldes ofrecen su hucha

Los ayuntamientos acumulan 30.000 millones en los bancos. Gobierno y municipios pueden coordinar un plan a favor de los colectivos más vulnerables ante el covid-19

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El presidente Pedro Sánchez y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras un encuentro en el Ayuntamiento el 7 de febreo.

El presidente Pedro Sánchez y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras un encuentro en el Ayuntamiento el 7 de febreo. / RICARD CUGAT

Tienen los ayuntamientos una hucha con casi 30.000 millones. Procede las cantidades ahorradas en los ocho últimos años en los que el corset de las reglas de estabilidad ha impedido a muchas corporaciones locales poder gastar todo lo que ingresaban. Solo en el 2019 añadieron algo más de 3.800 millones al superávit local

Los 16 municipios de más de 250.000 habitantes, con Madrid y Barcelona a la cabeza, tienen superávit en sus cuentas, según datos de Autoridad Fiscal. Y no pueden gastarlo. Ante el desgarro sanitario, social y económico que está suponiendo la pandemia del covid-19 el Gobierno ha empezado a abrir la mano. Ha autorizado a los ayuntamientos a emplear 300 millones en gastos sociales a cuenta del superavit del 2019. De modo individual, cada corporación podrá emplear el 20% de su excedente del 2019, lo que puede llevar la cifra al entorno de  760 millones.

Las necesidades son ingentes. Hay que reforzar la sanidad y proteger al personal sanitario y trabajadores; hay que ayudar a quienes están perdiendo trabajos y rentas  y apoyar a autónomos y empresas para que sigan creando empleo cuando esto pase. Los ayuntamientos quieren poner su hucha de 30.000 millones a disposición de todos estos objetivos, pero en un reciente comunicado emitido por la Federación de Municipios y Provincias avisan de que el dinero es suyo. Temen que el Gobierno, con las herramientas del estado de alarma, pueda forzarles a hacer un préstamo al Estado, y no les gusta la idea.

Los alcaldes quieren ayudar. El Gobierno los necesita. El dinero está ahí, en el banco. Para poder utilizarlo solo hay que cambiar la regla de gasto que impide a las administraciones aumenten su gasto más de lo que crece la economía. La Unión Europea ha dado permiso para hacerlo. Y en España parece haber consenso político para ello. 

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Pero antes de levantar el tapón de la regla de gasto hace falta un plan. No parece razonable que cada ayuntamiento decida las prioridades por su cuenta. Hace falta que Gobierno y municipios coordinen un plan. Los ayuntamientos ya tienen entre sus competencias la ayuda social a colectivos vulnerables y ahora hay mucha tela que cortar, sobre todo en un momento en el que Gobierno se afana para poner en marcha un ingreso mínimo vital. He ahí un camino.