La Guardia Civil ordenó por correo seguir bulos que generen "desafección a instituciones del Gobierno"

El general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha asegurado este martes que la orden de informar sobre monitorización de mentiras en redes sociales que dio a las fuerzas bajo su mando se refería a todo tipo de instituciones del Estado, y no solo del Gobierno.

Con esa explicación, ha intentado atenuar la polémica suscitada desde que, el pasado domingo, describió como línea de trabajo de la Benemérita "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

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Santiago dio instrucciones a la Guardia Civil para que informara del seguimiento de "campañas de desinformación, así como bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". Este es el redactado literal de un correo que envió el pasado 15 de abril a las 19:58 a las comandancias del instituto armado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que adelantó la Ser la noche de este lunes.

El email se titula "informe monográfico sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil vinculadas al Covid-19". Este martes, en la rueda de prensa cotidiana de los técnicos del comité de seguimiento de la epidemia, el general ha dado las explicaciones que no dio ayer, después de que en Interior se considerara zanjado el incidente.

Sobre qué quería decir al hablar de "instituciones del Gobierno", Santiago ha explicado: "Cuando me refiero a instituciones, estamos hablando de instituciones del ámbito local, autonómico, estatal, al fin y al cabo instituciones de todo el Estado".

El general ha informado sobre cuál es el objetivo de esas pesquisas: "Cuando he hablado de bulos y desinformación, me refiero a que la monitorización que hace la Guardia Civil en las redes sociales de internet trata de identificar esos bulos, esa desinformación de origen incierto que pueda generar estrés social, alarma social, en cuestiones que en este momento tienen que ver con la salud".

Este trabajo, según el general Santiago, "siempre se hace con un escrupuloso respeto a la libertad de expresión y a la crítica. La Guardia Civil es garante sin ningún género de dudas de los derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución. Y entre esos derechos están la Libertad de Expresión y la Libertad de Información".

Alarma social

El número tres de la Guardia Civil ha explicado que el correo que recogía su orden "es de carácter interno", y en él "se pide a todas las diferentes unidades de la Guardia Civil que den cuenta al Estado Mayor de todas las actividades, repito, de todas las actividades, que se realizan en el ámbito cibernético: denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, denuncias administrativas, etcétera. Y además se les pide que identifiquen, estudien y que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos, para poder advertir a la ciudadanía y disminuir la alarma social o el estrés".

José Manuel Santiago, visiblemente afectado, ha terminado su explicación diciendo: "Hablamos de bulos e información de carácter incierto con ánimo de generar alarma en la ciudadanía. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en su derecho de Libertad de Expresión".  

Tal era la interpretación que han hecho desde el Partido Popular y Vox, que quieren llevar el asunto al Congreso, el PP, y a los juzgados la formación de extrema derecha.

Defensa del Gobierno

El Ejecutivo ha salido en defensa del general Santiago deplorando la interpretación que fuerzas de la oposición han hecho de la orden emitida por José Manuel Santiago. Al medio día, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha defendido al general, diciendo que su expresión es "un lapsus" y una cuestión "absolutamente menor", un "desliz" fuera del contexto del trabajo de la Guardia Civil. En dos ocasiones ha pedido que no se saque de contexto lo que el Estado Mayor de la Benemérita ha pedido a sus agentes especializados en ciberpatrullas.

Por la tarde, en el Senado, el Partido Popular ha intentado apurar la polémica en la sesión de control al Ejecutivo. Los senadores del PP Carlos Floriano y Diego Erguido fueron los encargados de encararse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta del incidente. "No ataquen a la libertad de expresión; el general no tuvo un lapsus, siguió la orden del Gobierno", ha dicho Floriano al titular de Interior.

El ministro ha eludido el dardo de Floriano, pero ha aprovechado otro de Erguido para negar "rotundamente" que la Guardia Civil tenga orden de perseguir la crítica política en internet. Las Fuerzas de Seguridad "rastrean las redes sociales para evitar el delito", ha asegurado.

Según Grande-Marlaska, se trata de "evitar las falsedades" que tienen "móvil lucrativo" y buscan "generar alama social con falsedades evidentes" y con "voluntad torticera".

El ministro ha afeado a los senadores: "Nunca voy a utilizar a la Guardia Civil como están haciendo ustedes". Y les ha recordado los principios de actuación de la Guardia Civil: "Son honor, defensa de la legalidad y respeto de las libertades. No jueguen con ellos".

Cribado de mentiras

En los últimos ocho días, la Guardia Civil ha interceptado 15 bulos relacionados con la epidemia de coronavirus, según un informe elevado por el instituto armado al Ministerio del Interior en la tarde de este lunes.

En el informe figuran gruesas mentiras contra las que actuaron las unidades de ciberdelincuencia: un documento falsificado de la propia Guardia Civil por el que se iba a autorizar a musulmanes a desplazarse para celebrar el Ramadán (el pasado 12 de abril), un vídeo que mostraba los cadáveres de siete niños con un texto que culpaba a pruebas de una vacuna contra la Covid-19 (el día 13).

También un mensaje de Twitter emitido el 17 sobre la denegación de tratamiento a los fumadores contagiados de coronavirus, falsos mensajes de autoridades públicas europeas, americanas y japonesas difundidos el día 18 sobre la conveniencia de que mueran ancianos para salvar la economía o, el día 19, un vídeo que mostraba cadáveres de un hospital de Ecuador como si fuera la morgue del Palacio de Hielo de Madrid.

Los fakes detectados durante la última semana también falsificaban logos de entidades públicas como la Policía o el ayuntamiento de Madridejos (Toledo) entre otros.

"Eventos de desinformación grave"

El ciberpatrullaje de las unidades tecnológicas de las Fuerzas de Seguridad es una labor cotidiana, intensificada durante esta crisis. La Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior ha contado 300 "eventos de desinformación grave" desde la promulgación del estado de alarma. La mayoría de ellos, según fuentes de Interior, "tenían como objetivo la Sistema Nacional de Salud".

En otras crisis históricas recientes, las Fuerzas de Seguridad del Estado han monitorizado internet tratando de hallar bulos. Dos de estas ocasiones han sido el estallido del procés, en 2017, y las algaradas organizadas por el perfil Tsunami Democrátic el año pasado.

El ciberpatrullaje de las Fuerzas de Seguridad tiene dos fines, según fuentes policiales: uno de policía judicial, para la detección de estafas y delitos de odio; el otro es de análisis de información, para la detección de campañas que pretendan alterar el orden público o generar alarma. Los "eventos" que tienen contenido penal son elevados a las autoridades judiciales.