La exvicepresidenta Ortega rechaza ante la jueza que burlara la condena del 9-N

La exvicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, ha negado ante la jueza que burlara la condena de inhabilitación por el 9-N asesorando a la Conselleria d'Empresa y haber sido nombrada secretaria general de l'Associación Catalana de Municipis (ACM). La exalto cargo del Ejecutivo de Artur Mas, que ha declarado como imputada, ha asegurado que existen informes, uno del Gabinete Juridico de la Generalitat y otro del área de Función Pública, que avalan su labor como asesora, a la vez que ha reiterado que no ha quebrantado la condena que se le impuso.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) comunicó el pasado mes de diciembre al decanato de los juzgados de instrucción de Barcelona que la exvicepresidenta del Ejecutivo catalán, Joana Ortega, no ha cumplido, a su entender, la condena de nueves meses de inhabilitación para cargo público electivo y para ejercicio de funciones de Gobierno en el ambito autonómico y del Estado que se le impuso por la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. La resolución se basa en que la exalto cargo fue nombrada asesora de la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat el pasado 8 de mayo, por el que ha percibido hasta este octubre 32.110 euros. 

Publicado en el DOG

El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona abrió a raíz de esta comunicación un proceso penal contra Ortega por presunto quebrantamiento de condena e incluyó una investigación de la fiscalía incoada a raíz de una denuncia anónima sobre el nombramiento de la exalto cargo como secretaria general de la ACM.

La exvicepresidenta, que ha sido asistida este miércoles por el abogado Miguel Capuz, ha explicado a la jueza que su inhabilitación fue para la el ejercicio de funciones de gobierno autonómico y estatal y el asesoramiento a la Conselleria d'Empresa no se puede considerar como tal. El nombramiento, además, fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG). Y sobre la ACM, ha aclarado que es una entidad privada y del ámbito local (engloba a varios ayuntamiento) y, por lo tanto, tampoco entra en la inhabilitación impuesta. En su opinión, siempre se ha ajustado a la sentencia dictada por el 9-N