El TSJC denuncia el incumplimiento de Joana Ortega de la condena del 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha comunicado al decanato de los juzgados de instrucción de Barcelona que la exvicepresidenta del Ejecutivo catalán, Joana Ortega, no ha cumplido, a su entender, la condena de inhabilitación para ejercer cargos público o ejercicio de funciones de Gobierno que se le impuso por la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. La resolución se basa en que la exalto cargo fue nombrada asesora de la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat el pasado 8 de mayo, por el que ha percibido hasta este octubre 32.110 euros. Además, formalizó un contrato con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, para quien prestó servicios entre el 3 de septiembre del 2018 y 31 de julio del 2019. 

El alto tribunal no da por liquidada la ejecución de la sentencia que le impuso nueve meses de inhabilitación y, a petición de la fiscalía, ha remitido el asunto al decanato para que se reparta entre los 33 juzgados de instrucción de la capital catalan. El presunto delito que podría haber cometido sería el de quebrantamiento de condena, por lo que se enfrentaría a otro juicio y a una pena, en esta ocasión, de multa. El abogado Rafael Entrena, defensor de la exvicepresidenta, ha anunciado que presentará un recurso.

El TSJC, en cambio, se que ha aprobado el licenciamiento definitivo respecto a la pena de seis meses de inhabilitación impuesta a la que fuera 'consellera' d’Educació Irene Rigau. Según el auto, "no consta" que esta haya desempeñado cargo o empleo alguno, ni que haya recibido remuneración. Todavía faltará resolver en un futuro el caso del expresidente Artur Mas, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación.