07 jul 2020

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NUEVA LEGISLATURA

Las asignaturas pendientes del bloque progresista en el Congreso

La derogación o modifificación de leyes de Rajoy, reformas constitucionales o iniciativas ciudadanas, a la espera

Podemos y PSOE acuerdan no confrontar en el legislativo para dar estabilidad al Gobierno y evitar exhibir crisis

Miriam Ruiz Castro

Iglesias y Sánchez, tras firmar el acuerdo del Gobierno de coalición. / SUSANA VERA (REUTERS)

Iglesias y Sánchez, tras firmar el acuerdo del Gobierno de coalición.
Pedro Sánchez posa en el Congreso tras ser elegido presidente de Gobierno.

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La décima legislatura, la última que completó sus cuatro años, fue la de la enmienda a la totalidad de gran parte de la España que había dejado José Luis Rodríguez Zapatero. La que le sucedió, que arrancó en 2016, iba a ser la que revirtiera los cuatro años de mayoría absoluta del PP. Tres legislaturas y cuatro años después, la mayoría de las iniciativas para derogar o reformar las leyes más polémicas de los populares siguen pendientes. El bloque progresista que ha dado a luz al primer gobierno de coalición de la democracia apenas suma mayoría simple, pero previsiblemente alcanzará la absoluta con el sí de ERC cuando se trate de hacer prosperar eternas asignaturas pendientes como la derogación de la reforma laboral, de la ley de Seguridad ciudadana, de la Lomce, acabar con el voto rogado, la prisión permanente revisable o los plazos de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Todas estas iniciativas contaron con mayoría suficiente para comenzar su trámite parlamentario, pero volvían a la casilla de salida una y otra vez con cada adelanto o repetición electoral. Los consensos se conformaban para censurar las leyes que se habían creado en el horno de los populares, pero no para plantear textos alternativos, y las nuevas normas acababan durmiendo el sueño de los justos en una interminable prórroga del plazo de enmiendas.

Como ejemplo, la proposición de ley que pretendía derogar el plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 2016, la primera vez que Podemos la presentó, ni siquiera llegó a votarse en el pleno. En la siguiente legislatura sí pasó el primer trámite, aunque con el voto en contra del PP, pero llegó a acumular hasta 60 prórrogas en la Comisión de Justicia. Y en esta legislatura fallida, pasó el primer trámite sin votos en contra pero se perdió en la disolución de las Cortes.

El nuevo reparto de escaños en la Cámara Baja, pese a la crecida de partidos como Vox o la irrupción de nuevas formaciones, tiene más o menos aseguradas las mayorías para alumbrar todas esas leyes pendientes. Además, se suma una nueva ventaja: la configuración de la mesa del Congreso. En la última legislatura con Gobierno -con dos, de hecho-, PP y Ciudadanos controlaban el órgano rector, el que decide qué iniciativas van a pleno. Ahora, los socios de gobierno suman mayoría, con 6 puestos frente a los 3 de PP y Vox.

Evitar turbulencias de socios de gobierno

El tándem que han formado PSOE y Unidas Podemos se trasladará también al Congreso. Al menos, de inicio. Ambos partidos siguen afanados en cuidar al máximo las relaciones y la estabilidad del futuro gobierno y sus grupos parlamentarios han firmado un protocolo de funcionamiento para evitar cualquier punto de conflicto. En primer lugar, crearán una comisión de seguimiento del acuerdo que se reunirá de forma periódica para "coordinar la acción de los socios", "mantener la unidad de acción de la coalición y de los grupos parlamentarios que la sustentan" e incluso consensuar "las acciones de comunicación" y "solventar discrepancias".

Los dos partidos quedan atados para cualquier iniciativa en el Congreso que guarde relación con lo pactado en el Gobierno de coalición, incluso aquellas que simplemente tengan "repercusión en la escena política", para no tener posiciones contradictorias. Solo para el resto se reservan cierto margen de voz propia, pero siempre habiendo informado al otro de los pasos que se piensan seguir.

Con este acuerdo pretenden evitar situaciones como la ya vivida en la recién estrenada legislatura a cuenta del conflicto catalán. Los morados se abstuvieron en la convalidación del decreto de Sánchez para eliminar la 'república digital' catalana. Aunque evitaron la confrontación directa de un voto en contra, la divergencia fue más que visible.

Memoria histórica y eutanasia, desde Parlament

Pese a que la repetición electoral arrastró consigo más de 5.000 iniciativas en tramitación, de las que más de 50 eran proposiciones de ley de los partidos, el nuevo Congreso sí heredará algunas que no caducan. Se trata de cuatro convenios entre comunidades autónomas, dos proposiciones de reforma constitucional de Asturias y Baleares, seis iniciativas legislativas populares, diez proposiciones de ley de comunidades autónomas, cinco propuestas de  reforma parcial de cuatro Estatutos de Autonomía (Murcia, Cantabria, Baleares y La Rioja), todas las peticiones pendientes y los nombramientos del CGPJ y el TC, además del informe Anual del Consejo de Seguridad Nuclear.

Entre las iniciativas de las comunidades hay dos del Parlament, una sobre memoria histórica y otra de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. De las iniciativas que surgen de la ciudadanía, la mayoría tienen que ver con el ámbito sanitario o de prestaciones sociales, además de la que pide la equiparación salarial de los policías.