La fiscalía pide al Supremo que investigue a la diputada de JxCat Laura Borràs

El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, no tiene duda: el alto tribunal debe investigar a la portavoz en el Congreso de los Diputados de Junts per Catalunya, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad de documento, por el fraccionamiento de contratos para beneficiar al informático Isaías Herrero, con conceptos e importes "inventados". Los hechos investigados corresponden a la época en que Borràs estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre enero del 2013 y el mismo mes del 2018.

El fiscal de Sala, uno de los cuatro que representaron al ministerio público en el juicio del 'procés', ha hecho suya la exposición razonada enviada por la jueza de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que es demoledora contra la diputada Silvia López Mejía. Incluye correos en los que ella misma indica a Herrero la fragmentación de contratos para que no superen los 18.000 euros y así evitar que deban ser adjudicados a través de un concurso público.

También aparecen conversaciones telefónicas, en las que se oye a Herrero jactarse de su relación "personal y profesional" con la actual diputada y cómo ello le aseguraba "facturar 'trapis'" a la ILP, a través de la adjudicación de contratos que confiaba que incluso alcanzaran al momento en que ella llegara a ser ministra. En un 'e-mail' la actual diputada le indicó que debía hacer tres presupuestos, el suyo y otros dos con ofertas inexistentes; le añadía el comentario: "no sufra, que tiene el dinero reservado".

El fiscal asegura que durante los cuatro años en que se tramitaron los 18 "expedientes de contratación analizados, Borràs, como directora de la ILC, tenía asignada la función de órgano de contratación, y en cumplimiento de la misma, propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente su pago, tal y como se desprende del contenido de cada uno de los expedientes intervenidos". Su importe total ascendió a 259.863 euros, sin IVA. 

Como diputada, solo puede ser investigada y, en su caso, juzgada por el Tribunal Supremo. Será necesario solicitar un suplicatorio a la Cámara baja -que este mismo martes celebró la sesión constitutiva de la 14ª legislativa- para poder interrogarla como imputada. La otra posibilidad es que ella renuncie a esa prerrogativa y comparezca voluntariamente ante el alto tribunal sin necesidad de que el magistrado que sea designado instructor la cite formalmente como imputada, que es la opción elegida por los últimos aforados que se han visto en semejante tesitura.

"Fuera de toda duda"

En su escrito, de 46 páginas, el fiscal es taxativo. "Está fuera de toda duda que Borràs tenía atribuida una disponibilidad sobre el patrimonio de la ILC, habida cuenta de las funciones que tenía encomendadas por ley como directora de aquella entidad, adscrita al Departamento de Cultura y cuyo patrimonio estaba dotado por dinero público proveniente de la correspondiente partida presupuestaria de la Generalitat", afirma antes de declarar también "fuera de toda duda que, con el propósito de enriquecer a Herrero, dispuso de aquel patrimonio sin realizar valoración objetiva alguna a la hora de adjudicarle todos los contratos indebidamente fraccionados, con un claro perjuicio al erario público". Más adelante cifra el importe total de esas adjudicaciones arbitrarias en 259.863 euros, sin IVA, una cantidad que se fragmentó por importes inferiores a 18.000 euros, para eludir la obligación de adjudicarlos por concurso público.

Sostiene que "quedan evidenciados claros y contundentes indicios de simulación documental continuada por parte de Isaías Herrero Florensa y Laura Borràs a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autenticidad. La finalidad última y única de esos documentos era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a aquél y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual, motivos suficientes que impiden considerar como inocua esta conducta falsaria continuada".

"Clara concertación delictiva"

El delito de fraude, afirma, "se cometió a través de una de las modalidades de contratación pública, y existió una clara concertación delictiva entre Borràs y Herrero con la finalidad de defraudar a la ILC". Esa conducta se relaciona también con el delito de malversación de caudales públicos cometido dada su disposición sobre el dinero de la institución. Y en cuanto a la prevaricación, el fiscal esgrime la condición de autoridad de Borràs como directora del organismo. Añade que cometió los hechos descritos abusando de las funciones que legalmente tenía encomendadas: dictó resoluciones, entendidas como actos administrativos que suponen una declaración de voluntad de contenido decisivo que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general.