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PETICIÓN AL SUPREMO

"Con la Borràs, yo facturo unos trapis", dice un informático sobre la portavoz de JxCat

"Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora", señala en una conversación utilizada como prueba por su actuación al frente de ILC

La jueza cifra en 260.000 € los contratos que la aforada atribuyó arbitrariamente, lo que considera constitutivo de cuatro delitos de corrupción

Ángeles Vázquez

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borras.

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borras.

"Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". Isaías Herrero Florensa se refería así a su relación con la actual portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, mientras ella estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre enero de 2013 y el mismo mes de 2018. La conversación grabada en noviembre de 2017 entre Herrero y su socio Marc Gómez figura en la exposición razonada que la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha remitido al Tribunal Supremo para que se investigue a la aforada. El alto tribunal ya ha pedido informe al fiscal.

Herrero llega a decir que "lo jodido es si la Borràs deja de ser directora", si la intervención revisa todos los gastos de la institución y "comenzaran a salir marrones". A continuación explica cómo actuaban: "Yo tengo que hacer un presupuesto bueno y... o sea, tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro no buenos".

"Escucha y si la Borràs, porque claro, esta tiene números de ser Gobierno (...) Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre", añadía Herrero, al explicar a su socio cómo Borràs "abusó" de su cargo de presidenta de la Institució de les LLetres Catalanes (ILC) para adjudicarle de forma "arbitraria" 18 contratos  de programación informática de la web de la institución. El importe total ascendió a 259.863 euros, cantidad que se fragmentó por importes inferiores a 18.000 euros, para eludir la obligación de adjudicarlos por concurso público. Borràs le explicó cómo hacerlo en un correo de 2013.

En su escrito, de 62 páginas, la jueza López Mejía considera que la conducta de Borràs puede ser constitutiva de cuatro delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad de documento

Adjudicación a Herrero

El escrito remitido al Supremo incluye conversaciones telefónicas y correos electrónicos de los que se desprende que Borràs participó "material y directamente" en la adjudicación de contratos a Herrero, imputado en la causa, para beneficiarle. Entre ellos figura uno en el que le indica la importancia de fragmentar las cantidades y una llamada de diciembre de 2017 en el que le reprocha que el portal de ILC no tiene las prestaciones acordadas, porque al "marcharse ella, se juega mucho si no cumple con esas obligaciones".

Durante su mandato al frente de la ILC, Borràs, "abusando" de sus funciones como directora de este organismo público, y "contraviniendo" los principios de "imparcialidad y objetividad" que debía respetar como órgano de contratación, adjudicó de manera "arbitraria" todos los contratos de programación informática relativos a la web de la institución a Herrero.

Para ello, ambos se pusieron de acuerdo para, mediante el "fraccionamiento ilegal" y la "falsificación" de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, "simulando la participación de terceras personas independientes", resultara beneficiado Isaías Herrero.

Está prohibido fraccionar 

Todo ello, advierte la jueza de Barcelona, con la "finalidad última" de beneficiar los intereses de Herrero y causando con ello un "claro perjuicio" a las arcas públicas, pese a que la 'exconsellera' era conocedora de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual.

La magistrada detalla que en una cadena de correos electrónicos, Borrás le advertía: "El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe los 18.000 euros. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando piensan que ha habido una infracción. La cuestión es fraccionar". En 2015 le pedía tres presupuestos para cada proyecto, porque el dinero ya estaba reservado.