La Generalitat congela la recuperación de leyes sociales anuladas por el TC

La agenda política quema etapas de forma vertiginosa dejando atrás cuestiones por resolver, no menores. Por ejemplo, la promesa solemne del 'president', Quim Torra, de recuperar, sí o sí, las 14 leyes del Govern suspendidas o cercenadas por el Tribunal Constitucional. Esa promesa quedó rebajada, primero por el pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez en relación a las dos leyes de vivienda y pobreza energética cuestionadas por el alto tribunal. Pero del resto, el Govern anunció en enero de este año un anteproyecto legislativo para recuperar cuatro de ellas. No son materias menores: crisis climática, igualdad entre hombres y mujeres, la agencia catalana de protección social y la regulación del consumo de cannabis. Ninguna de ellas es una realidad todavía.

Según fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO, los trámites para recuperar estas leyes "no ha sido una prioridad en los últimos meses". Respecto a la ley de igualdad, existe un proyecto que sigue su curso en el Parlament, pero será complicado sortear la decisión del Constitucional: no se puede regular la obligación de las empresas de llevar a cabo planes de igualdad porque es el Estado el que tiene competencias en materia laboral. Otra cosa es que el Gobierno del PSOE regule por su cuenta la obligación de los centros de trabajo de emprender estos planes de igualdad. Una vez ello sea una realidad, sería factible que la Generalitat ejecutara el registro público correspondiente a estos planes. Por todo ello es improbable que la recuperación de esta ley catalana sea una realidad en breve.

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En cuanto a la ley de la agencia de protección social, la vía es la de la negociación con el Gobierno, pero la situación de provisionalidad del Ejecutivo central durante todo el periodo electoral ha congelado estas conversaciones en un grupo de trabajo específico que está pendiente de constituirse. El diálogo político está congelado, pero las conversaciones a nivel técnico entre ambas administraciones se han mantenido con discreción.

El cannabis cae

En relación con ley sobre la emergencia climática, el objetivo de la Generalitat es mantener la prohibición del 'fracking' mediante planes territoriales urbanísticos que veten esta práctica de extraccion de gas mediante detonaciones. La sentencia al respecto sobre la ley autonómica deja poco margen a tratar de volverla a aprobar, salvo que se sustituyan claramente los artículos considerados inconstitucionales.

Finalmente, respecto a la normativa catalana sobre los consumidores de cannabis, el Govern ha tirado la toalla. No intentará volverla a aprobar tras el golpe del Constitucional, que aprecia cuestiones delictivas en su redactado. Además, rehacer el texto obligaría a una negociación con las entidades promotoras de esta ley, que llegó al Parlament no a través del Govern o los partidos, sino mediante una iniciativa legislativa popular.

En este contexto negativo solo cabe recordar cómo una de estas leyes suspendidas por el Constitucional a instancias del anterior Gobierno del PP, la de pobreza energética y emergencia habitacional, fue restituida casi en su totalidad fruto de una negociación entre la Generalitat y el Ejecutivo del PSOE durante la anterior legislatura.

Así las cosas, los plazos previstos de aprobación de estas leyes sociales se vuelven a incumplir. En abril se prometió por escrito que estas leyes pendientes serían aprobadas el segundo semestre de este año. Esto no será así. Y va para largo.